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La crisis climática no solo tendrá un impacto devastador sobre los ecosistemas, la biodiversidad y los modos de vida. Sus efectos también están comprometiendo la prosperidad socioeconómica de los países. Así lo asegura un reciente estudio de Greenpeace, donde se señala que la contaminación producida por la quema de combustibles fósiles está generando cada año en España unos costes sanitarios y laborales equivalentes al 1,68% del PIB.
En términos absolutos, esto supone, según los cálculos más moderados de la organización, una pérdida anual de 23.600 millones de dólares –unos 21.800 millones de euros– por la incidencia que la polución está teniendo en las enfermedades crónicas y en el aumento de las visitas hospitalarias y las bajas laborales. Los costes, apunta el estudio, podrían llegar a ser de 36.000 millones de dólares cada año si se contempla el escenario más pesimista.
Para la obtención de las cifras, el documento de Greenpeace –elaborado en colaboración con el Centro de Investigación en Energía y Aire Limpio (CREA)– solo ha tenido en cuenta el impacto de las emisiones asociadas a la quema de combustibles fósiles, por lo que los costes podrían ser mucho más mayores si se tuvieran en cuenta otras fuentes contaminantes.
A nivel internacional, las cifras indican que las emisiones de gases provenientes de combustibles como el carbón o el petróleo están suponiendo pérdidas por valor de 8.000 millones de dólares al día, aproximadamente un 3,3% del PIB mundial.
Según el estudio, los efectos de la contaminación sobre la salud son tan graves que, solo durante 2018, cerca de 400.000 personas murieron de forma prematura en la Unión Europea por enfermedades vinculadas a la quema de combustibles como el carbón o los derivados del petróleo.
En el caso concreto de España, Greenpace señala que los niveles de contaminación provocaron entre 17.000 y 37.000 fallecimientos prematuros durante ese año. Una situación que ha provocado que, durante los últimos meses, la Comisión Europea haya remitido al Tribunal de Justicia de la UE el incumplimiento sistemático por parte de España de las normas comunitarias respecto a los valores de dióxido de nitrógeno, obligatorias desde el año 2010 y que pueden acarrear duras sanciones económicas contra nuestro país.
Greenpeace no ha sido el único que, en los últimos días, ha sacado a la luz el enorme coste económico que está suponiendo la degradación medioambiental para los niveles de producción y el comercio internacional. Según un estudio de la organización WWF, la pérdida de naturaleza costará a España, si se mantiene el actual modelo de desarrollo, cerca de 8.000 millones de euros anuales hasta 2050.
En el marco internacional, apenas 8 países se sitúan por encima de España en el nivel de pérdidas totales ocasionadas por fenómenos asociados a la crisis medioambiental, como las inundaciones, la erosión costera, la deforestación o incluso la disminución del almacenamiento de carbón. Son, sin embargo, los Estados en vías de desarrollo los que notarán un mayor impacto en su economía, con costes asociados al PIB que pueden llegar a situarse entre el 3% y el 4%.
Usando los mismos modelos económicos y de cálculo, WWF asegura que, en el extremo contrario, la puesta en marcha de políticas dirigidas a la conservación adecuada de los recursos medioambientales y de los ecosistemas podría llegar a suponer un aumento de 490.000 millones de dólares anuales en el PIB mundial.