Los sistemas energéticos de gran parte del mundo son menos asequibles y como mucho igual de sostenibles desde el punto de vista medioambiental de lo que eran hace cinco años. Esta es la conclusión, simple y llana, del preocupante informe que acaba de publicar el Foro Económico Mundial sobre el progreso de hasta 115 países y sus respectivas economías en este ámbito. El documento se une a las recientes advertencias que realizó la ONU sobre las enormes consecuencias del desastre ecológico que se está produciendo en todo el mundo.

En España, por su parte, la valoración del organismo demuestra que la situación es sumamente mejorable dentro del contexto europeo y entre los Estados con mayor renta. Nuestro país ocupa el puesto 17 de 28 a nivel comunitario en el indicador que ofrece el Foro Económico Mundial, con un índice del 64%, al nivel de Eslovenia, Lituania y Bélgica. Dentro de la clasificación de países desarrollados –encabezados por los nórdicos–, España se sitúa en el puesto 21 de 32.  

Los cálculos ofrecidos por el organismo se elaboran analizando la realidad económica de los países en dos ámbitos. Por un lado, el desempeño del propio sistema energético, que tiene en cuenta factores como la sostenibilidad, el acceso o el crecimiento económico. Aquí, la valoración de España es alta, alcanza el 71%.

Por otro lado, se evalúa el nivel de preparación para la transición y el éxito de medidas que generen las condiciones para que esto ocurra (inversión, regulación, gobierno, capital humano, etc.). En este caso, el resultado de nuestro país son mucho más discreto, con un índice del 56%.

Según el informe, el principal motivo de preocupación para entender el estancamiento de estos ratios en los países con las rentas más altas son las dificultades que se siguen arrastrando a la hora de equilibrar la propia sostenibilidad medioambiental –en la que hay peores resultados que en otras regiones como América Latina– con el acceso asequible a la energía.

Un extremo donde además se está demostrando un importante desigualdad entre los distintos actores de la sociedad y sus cargas dentro del proceso: el aumento de los precios de la electricidad –aquí se señala el caso de España– está afectando de forma bastante más destacada a hogares y pequeños negocios que a grandes consumidores energéticos industriales. Algo que termina por afectar a la equidad, la justicia y el nivel de inclusión de la transición energética que se está poniendo en práctica.

Ante este escenario, los últimos avances e imposiciones que se están produciendo a nivel institucional en materia energética parecen insuficientes. Sin ir más lejos, en la cumbre de líderes comunitarios de la pasada semana, la UE aprobaró un documento de conclusiones donde se recogía la necesidad de reforzar la lucha contra el cambio climático y la degradación medioambiental. El texto, eso sí, evito establecer un plazo concreto –2050– para eliminar por completo las emisiones de CO2 de la región, tal y como reclamaba la Comisión.

Todo ello pese a que, recientemente, otro informe del think tank medioambiental Sandbag señalaba las buenas proyecciones comunitarias, con una reducción de los gases de efecto invernadero de al menos un 50% para el año 2030, un ratio bastante por encima de los objetivos marcados internacionalmente para combatir el cambio climático. Sin embargo, la organización también insistía en la necesidad de poner en marcha políticas más ambiciosas y seguir realizando ajustes en las medidas medioambientales.