España se inunda, se huracaniza, se desertiza y las compañías de seguros tiemblan. Tanto que ya están tomando medidas para convertirse al ecologismo urgente. El cambio climático está multiplicando sus riesgos. Es un fenómeno mundial. El pasado año, nueve aseguradoras de todo el mundo se sumaron a una campaña para restringir la cobertura a las industrias vinculadas al carbón. En lo que va de 2020, al menos dos más se han sumado desde EE.UU. Son en total 18 grandes aseguradoras las que han decidido no firmar pólizas con proyectos empresariales basados en combustibles fósiles. “Las aseguradoras juegan un papel clave en la lucha contra el cambio climático ya que, sin aseguramiento, los proyectos basados en combustibles fósiles, que son los que más gases efecto invernadero emiten, no podrán desarrollarse”, señala Quentin Aubineau, abogado de IIDMA (Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente).

Pero no todas las que llegan desde el sector son buenas noticias. El aumento de riesgos a causa del cambio climático también puede dejar daños colaterales, sobre todo entre las clases más desfavorecidas. Las pólizas de cobertura del hogar tienden a subir en las zonas más expuestas, hasta el punto de que se podrían convertir en inasequibles para salarios bajos. Desde EE.UU. incluso, informa Aubineau, ya llegan informaciones sobre compañías que no aceptan dar cobertura a viviendas y explotaciones agrarias en regiones que han vivido catástrofes reiteradas en los últimos años. “Las aseguradoras podrían dejar de asegurar bienes en zonas donde la probabilidad de ocurrencia de eventos climáticos es más alta, como es el caso de las zonas costeras. Esta hipótesis aumentaría la vulnerabilidad de las personas, ya que podrían perder todo por culpa de un evento climático”, asegura el abogado.

Las pólizas de cobertura del hogar tienden a subir en las zonas más expuestas, hasta el punto de que se podrían convertir en inasequibles para salarios bajos

“En España, los perjuicios económicos provocados por este tipo de fenómenos no se han disparado en la última década, a pesar de la aparatosa  DANA (depresión atmosférica a niveles altos o gota fría) que inundó en septiembre de 2019 el levante español, o el más reciente temporal bautizado como Gloria”, señala Ricardo González, director experto de análisis sectorial del Servicio de Estudios de Mapfre. “Aunque es un poco pronto, las cifras preliminares tienen dos caras. En cuanto a los siniestros de alto impacto, catastróficos, como huracanes, los que se llaman de primer nivel, el año 2019 fue benigno. Las cantidades económicas abonadas han sido inferiores a las de 2018 y las pérdidas aseguradas, también. Lo que sí ha ocurrido es que los siniestros de segundo nivel, por ejemplo tormentas, tempestades ciclónicas atípicas, de esas que no llegan a alcanzar la celeridad de los de primer nivel, esas sí han aumentado en frecuencia e intensidad. Por ejemplo en el área mediterránea. Sobre todo por la DANA de septiembre. La estimación global de 2019 es menor a la de 2018 y está muy lejos de 2017, que fue el peor año de toda la historia. 2017 sí provocó un reajuste en los precios del reaseguro”. Al alza, por supuesto. 

Mapfre ha sido una de las firmas pioneras en vetar la cobertura a industrias contaminantes, un fenómeno muy reciente, que se observa desde hace apenas un año. Participa en la Asociación de Ginebra, el principal think tank internacional sin ánimo de lucro de las compañías de seguros. Las cifras obligaban a tomar medidas. Los daños provocados por desastres naturales han aumentado un 827% desde el quinquenio 1980-1985 hasta el periodo comprendido entre 2012 y 2017. Los países más afectados han sido Filipinas, EEUU, China, Japón e Italia. En nuestro país, el impacto económico de estos daños ha aumentado un 191% desde 1985, según datos del segundo informe Situación Seguros de BBVA Research publicado en diciembre de 2018.

Sin embargo, la implicación internacional de las aseguradoras sigue siendo algo perezosa aun ante la evidencia. Nueve de cada diez estrategias de inversión en la industria mundial no están alineadas a los objetivos centrales del Acuerdo de Cambio Climático de París. Las firmas europeas superan a las de América y Asia-Pacífico que toman medidas concretas sobre cambio climático. En el continente americano, tres de cada cinco compañías de seguros (61%) no están adoptando medida alguna contra el calentamiento global, poniendo 860.000 millones en riesgo, lo que supone un 32% de los activos del sector.

Son datos provenientes del Ceres (ONG internacional que trabaja en sostenibilidad con grandes empresas e inversores), cuya vicepresidenta de Clima y Energía, Sue Reid, advertía en un informe reciente que “las principales aseguradoras de EEUU continúan rezagadas respecto de sus pares mundiales a la hora de abordar los riesgos relacionados con el clima. Las compañías de EEUU y de todo el planeta deben integrar, sin demora, consideraciones de riesgo climático en sus productos e inversiones”.

Sin embargo, a pesar de la resistencia inicial, desde Mapfre Ricardo González está convencido de que “va a ser un fenómeno global. Es incipiente. Está empezando. La Autoridad Europea de Seguros y Pensiones ya ha hecho un estudio sobre esto. Han llegado a la conclusión de que en torno a un 13% de las inversiones de las aseguradoras estarían en riesgo si no dejan de invertir en acciones y bonos de empresas contaminantes”. Y puntualiza que no se trata solo de concienciación ecológica. También de dinero. Porque las aseguradoras no viven solo de las pólizas. Son grandes inversoras en todo tipo de corporaciones: “Ya solo por la propia gestión de tus riesgos tienes que tener cuidado, porque las acciones o bonos de las empresas contaminantes se pueden depreciar simplemente porque todo el mundo coincida en no comprarlas”. 

En España, las grandes catástrofes climáticas exceden a la responsabilidad de las aseguradoras convencionales. Son asumidas por el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS)

Los resultados de estos vetos a las industrias contaminantes suponen, además, un ahorro para los estados y un beneficio para la salud. Según un informe de IIDMA, “entre 2015 y 2016 se redujo en un 30% la producción de energía del carbón [en España]. Esta reducción se asoció con una disminución del 40,5% en los impactos sobre la salud y ahorró entre 499 y 952 millones de euros a la población española”.

En España, las grandes catástrofes climáticas exceden a la responsabilidad de las aseguradoras convencionales. Son asumidas por el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS). Se trata de una entidad sin parangón en todo el mundo. Fue creada en 1941 para paliar los desastres de la guerra civil. Aunque está adscrita al Ministerio de Economía, tiene patrimonio y entidad jurídica propios, y no depende de los presupuestos del Estado. Su reserva de estabilización bruta (la que garantiza su solvencia ante imponderables) era en su última contabilidad pública, la de 2018, de 8.615 millones de euros. Las previsiones para 2019 contemplaban un aumento de sus reservas de un 3,3% hasta los 9.293 M€, con una previsión de beneficios de 357 M€. Ctxt ha intentado sin éxito confirmar desde el Consorcio estas previsiones.

Tras la DANA que afectó al levante peninsular del 10 y el 15 de septiembre de 2019, el CCS registro 67.531 solicitudes de indemnización (el mayor número de su historia en siniestralidad por inundación), por un importe estimado de 505,6 millones de euros (cantidad solo una vez superada en este tipo de fenómenos). Entre 1995 y 2018 ha provisionado por inundaciones 4.074 millones de euros (actualizados al IPC). Forma parte también del sistema español de seguros agrarios, coparticipado por  Entidad Estatal de Seguros Agrarios, la dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones, los gobiernos de las comunidades autónomas, las Organizaciones Profesionales Agrarias y las Entidades Aseguradoras, agrupadas en Agroseguro.

Evidentemente, la industria agraria y ganadera es una de las más atacadas por esta clase de fenómenos. La DANA de septiembre de 2019 se llevó, solo en en las explotaciones de la Vega Baja valenciana, unos 84 millones de euros, según estimaciones de octubre pasado. El verdadero montante solo se conocerá una vez se recojan las cosechas. 2018 fue el segundo año de mayor siniestralidad en la historia del seguro agrario, por detrás de 2012, con más de 755 millones de euros y una superficie total siniestrada de 1,4 millones de hectáreas.

A pesar de su ingente patrimonio, también el CCS es susceptible de entrar en quiebra si no se pone freno a la amenaza climática, señala desde el IIDMA Quentin Aubineau. “El Consorcio español funciona bastante bien. Pero porque hasta hoy había pocos eventos así de extraordinarios. Ahora vemos, y se percibió sobre todo en los dos o tres últimos años, que se generan tantos daños que, con las actuales primas, ese consorcio no va a tener dinero suficiente. Necesitará más ingresos, provenientes del aumento de las primas, o el Estado tendría que compensar el modelo con aportaciones presupuestarias adicionales”. Un modelo semejante al del seguro agrario, cubierto al 65% por los presupuestos estatales. 

En esta percepción de Aubineau coincide también el directivo de Mapfre consultado: “El Consorcio tiene un patrimonio potente, muy potente, como para predecir que pueda llegar a estar en peligro. Y hay que tener en cuenta que el CCS se financia en parte con un recargo incluido en todas las primas de seguros [815M€ fueron recaudados en 2018 por este concepto]. Si es cierto que este tipo de fenómenos empiezan a repetirse con más frecuencia, ese recargo va a ser insuficiente”. O sea que el asunto adquiere también una dimensión de clase. ¿Podrá llegar el día, si no se pone freno al calentamiento global, en que los pobres no puedan asegurar sus bienes? “Claro. Un siniestro catastrófico puede hundir a una compañía privada. De hecho, no quedan cubiertos por los propios contratos. Y los que quedan es porque tienen reaseguros fuertes, diversifican mucho a nivel geográfico o temporal, tienen sus modelos. Pero sí que puede llegar a ocurrir lo que dices que sucede en EEUU si no existe una cobertura o un mecanismo como el Consorcio, que es peculiar de aquí de España”.

Un siniestro catastrófico puede hundir a una compañía privada. De hecho, no quedan cubiertos por los propios contratos. Y los que quedan es porque tienen reaseguros fuertes

De momento, el CCS está funcionando a la perfección. Así lo confirma el concejal de servicios sociales de Almoradí, Alfonso García (PP). Esta localidad alicantina de 20.000 habitantes fue considerada el epicentro de la DANA del pasado septiembre. “Parece ser que el Consorcio está respondiendo bien. Los seguros privados, no sé. Algunos dicen que no están respondiendo, pero ese es un tema que nosotros no tocamos”. También desde fuentes de Izquierda Unida local confirman la correcta gestión de la catástrofe por parte del Consorcio, y no constatan queja alguna sobre las aseguradoras privadas (encargadas de tramitar los siniestros ante el CCS).

Almoradí se ha librado de la borrasca Gloria (pérdidas estimadas en toda España de 76 M€). Entre otras razones, porque solo una de sus pedanías, el Saladar, está levantada sobre tierra inundable (tres millones de españoles viven en zonas de alto riesgo de inundación). Pero todavía se están recuperando de la DANA otoñal. “Nosotros  [el ayuntamiento] hemos invertido unos 800.000 euros en reparaciones de urgencia: caminos, alumbrados, retirada de enseres, limpieza de calles... Nos pusimos en seguida manos a la obra con nuestros recursos No esperamos a nadie. Queríamos volver a la normalidad lo antes posible”. También recibieron ayudas de Cáritas, Cruz Roja y entidades bancarias por valor de 80.000 euros. El presupuesto del consistorio roza los 12 M€.

“El área de servicios sociales que yo dirijo”, completa el concejal, “se ha centrado en solventar los problemas de algunas familias que han tenido que abandonar sus casas. Once familias están todavía realojadas. Hasta que no lleguen las ayudas del ministerio y de la Generalitat, nosotros debíamos buscarles una solución momentánea. A día de hoy, te podría decir que el 90% de las ayudas a vivienda, familias, etcétera las tenemos solventadas. Aunque todavía nos falta alguna familia con alguna lavadora, un colchonico… Esperaban que les llegaran las ayudas, pero no les están llegando con la rapidez con que pensaban”.