En Europa, los países con mayores tasas de pobreza infantil son también aquellos que realizan un menor esfuerzo presupuestario en políticas familiares. España, que se sitúa como el segundo país con peores indicadores en este ámbito, es una de las grandes paradojas de la región: la pobreza infantil ya era un problema importante antes de la grave recesión económica de 2008, pero ni las políticas públicas, ni la recuperación y el aumento del empleo de los últimos años han conseguido solucionarlo. Sin embargo, y a pesar a los problemas estructurales de redistribución y desigualdad, un incrementos en el gasto público que se acercasen a la media de la Unión Europea podrían reducir la tasa de pobreza infantil entre un 7% y un 19%. 

Así lo advierte un estudio que han publicado investigadores de la Universidad de Alcalá, en un momento en el que ya se prevé, por los efectos de la crisis coronavirus, una nueva escalada de la pobreza.

Según el documento, este incremento en el gasto no supondría, en materia comparada, grandes excesos a nivel regional. Más bien, solo acercaría a España a los estándares y medias europeas en esta materia. Hoy por hoy, 17 de los 28 países de la Unión Europea –se incluye en el cálculo a Reino Unido– cuentan con una prestación universal por hijo. Los nueve Estados que no cuentan con esta medida, entre los que se encuentra España, son precisamente los que tienen las tasas de pobreza infantil más alta: a cierre de 2018, todavía uno de cada cuatro niños estaba en riesgo de pobreza en nuestro país. Mientras, el gasto de nuestras prestaciones familiares apenas asciende al 1,3% del PIB, una cifra muy alejada de la media regional y la mitad de lo que se destina en Dinamarca, el segundo país de la UE con menor tasas de pobreza infantil. 

La delicada situación de partida, que se puede agravar por la actual pandemia –así lo aseguran los expertos y organizaciones–, guarda también una estrecha relación con la capacidad distributiva de nuestras políticas públicas. En Francia y Alemania, la eficacia redistributiva de sus sistemas permite reducir la desigualdad de ingresos entre las familias con menores dependientes en casi un 30%. En España, el porcentaje apenas llega al 23% y, si no se tuviesen en cuenta las pensiones contributivas –es decir, la jubilación y otros ingresos por invalidez, orfandad o viudedad–, la diferencia sería aun mayor.

Ni si quiera la reforma de la prestación por hijo dependiente de 2019 –que el estudio cataloga de positiva, pero insuficiente– ha conseguido tener un efecto destacado nuestros indicadores: el gasto público de esta ayuda creció hasta los 1.800 millones de euros, 425 millones más que en 2017, pero el porcentaje de menores por debajo del umbral de la pobreza ha permanecido prácticamente idéntico. A nivel familiar, el aumento del año pasado se tradujo en una ayuda de 28,4 euros mensuales por cada menor para los hogares con ingresos bajos mientras que en las familias con rentas muy bajas el subsidio llega a 49 euros por niño dependiente.  

Frente a esta situación, el estudio asegura que, pese a que España no cuenta con prestaciones universales por hijo, acercar estás ayudas condicionadas a la media europea con un nuevo aumento del gasto provocaría un descenso significativo de la exclusión de los más pequeños y una mejora en la eficacia del sistema.

Para demostrarlo, los autores realizan distintos cálculos en base a la cuantía de las prestaciones y los umbrales de acceso, teniendo en cuenta los escenarios más moderados y los de mayor gasto. De esta forma, si se multiplicase la ayuda actual por cuatro –hasta los 97 euros mensuales por menor– y se situase el umbral de ingresos de las familias en los 20.000 euros, el gasto público aumentaría en 3.200 millones de euros, pero la medida alcanzaría a 2,5 millones de hogares y por cada mil millones de euros de gasto se reduciría en 1,3 puntos el porcentaje de menores pobres y en un 1% la intensidad de su pobreza.

En el caso de que la prestación fuese aún mayor –145 euros mensuales, seis veces más– pero el umbral de acceso se mantuviese, el gasto público crecería 2.800 millones de euros y por cada mil millones de inversión se reduciría en 0,8 puntos el porcentaje de menores pobres y un 2,6% la intensidad de su pobreza, pero la prestación llegaría a menos familias.

En última instancia, la inclusión de una prestación universal como la que existe en la mayoría de países europeos tendría un coste de entre 8.000 y 10.000 millones de euros, pero sus efectos sobre la pobreza infantil serían muy destacables y también influirían de forma positiva en las tasas de natalidad. 

En medio un fuerte debate sobre la adopción de una renta mínima para proteger a las capas más desfavorecidas del país, los efectos sociales y económicos de la crisis del coronavirus ya se están haciendo notar sobre los hogares más pobres. Según una encuesta de Save The Children, el 60% de las familias que sufren pobreza han visto empeorada su situación laboral con el encierro, y cuatro de cada diez está registrando estrés y problemas de convivencia.

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Este artículo ha sido elaborado a partir de lo expuesto en el texto Los efectos redistributivos de las políticas familiares, de Olga Cantó y Andrea Sobas, de la Universidad de Alcalá, publicado en el Observatorio Social de “la Caixa”.