En la primavera de 2016, el actual consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, publicó en Libertad Digital una reflexión titulada “Una decisión que perjudica la salud”. Lasquetty, ahora encargado de la revolución fiscal en la comunidad madrileña, escribía desde el exilio ideológico, como vicerrector de la guatemalteca Universidad Francisco Marroquín, centro de credo ultraliberal cuyo fundador, Manuel Ayau, había pertenecido a la Mont Pelerin Society, la internacional neoliberal cuyos principales popes, Milton Friedman y Friedrich Hayek, entre otros, inspiraron y asesoraron a los gobiernos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. 

En su artículo, Fernández-Lasquetty se echaba las manos a la cabeza: unos días antes, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, había anunciado la vuelta a la gestión pública del Hospital de Alzira, que hasta el momento había seguido el modelo de externalización impulsado por Esperanza Aguirre en Madrid. “Esto supone volver al pasado, es decir, al vetusto sistema de empleados públicos con el puesto asegurado de por vida”, afirmaba. 

Lasquetty lamentaba la pervivencia de los “anticuados dogmas socialistas sobre la Sanidad” frente a la eficacia y eficiencia de las “empresas especializadas” en la atención a los enfermos: “Ese sistema crea un incentivo muy poderoso para que la empresa gestora del hospital desee, por encima de todo, atender muy bien a sus pacientes y que estos estén muy satisfechos. Solo así, atendiendo muy bien a sus pacientes, la empresa que gestiona el hospital logrará obtener beneficio (…) los hospitales de gestión privada tienen los mismos indicadores de efectividad clínica y seguridad del paciente que el resto de los hospitales. Añadamos a eso que la satisfacción de los pacientes es mucho mayor que en los hospitales gestionados por funcionarios”.  

No había color. Lasquetty lo sabía, y por ello, en su periodo como consejero de Sanidad de Esperanza Aguirre, y después, de Ignacio González (2010-2014) había intentado con todas sus fuerzas transformar la sanidad pública madrileña en un sistema de gestión netamente privada. 

Sus predecesores Manuel Lamela (2003-2007) y Juan José Güemes habían sido pragmáticos privatizadores, posteriormente consejeros de empresas adjudicatarias de la gestión de hospitales públicos. Pero él era un verdadero creyente que vio truncados sus planes cuando los tribunales paralizaron el acelerado proceso de externalización: “Dimití al no poder hacer aquello en lo que creía. Dejé la política y hoy estoy muy lejos física y mentalmente de ella, en un tiempo en que ser liberal en España es llorar”. Un año después de firmar este artículo dirigía el gabinete del presidenciable Pablo Casado y, en 2019, juraba su cargo como encargado de la Hacienda madrileña. 

Con más de 4.000 muertos en todo el país, con una comunidad a la que se le exige estar confinada por la difusión exponencial del virus, con focos infecciosos desatados en las residencias madrileñas de ‘gestión especializada’, con unos médicos que, funcionarios o no, han tenido que renunciar a toda norma posible de prevención de riesgos laborales (más de 5.000, contagiados), el actual consejero madrileño de Hacienda ha anunciado el aplazamiento del cobro de unos impuestos autonómicos que, de todos modos, juzgará excesivos y mayoritariamente al servicio de un gasto público que sirve de alimento a la burocracia pública. 

Lasquetty, que ha reprochado al presidente Sánchez la falta de ayuda a la Comunidad de Madrid durante la gestión de esta crisis, clamaba, en 2015, contra la ‘marea de mentiras’ que habían impedido que su modelo se implantara de manera completa: “Estos años pasados debieron haber sido los años de esas reformas. Debieron haber servido para ampliar el campo de la gestión privada, de la competencia y de la libre elección por parte de los usuarios. Todos esos eran pasos en la dirección correcta: hacia una sociedad compuesta por personas más libres y más responsables. Una marea de mentiras confluyó para decir que lo mejor es no hacer nunca nada, y que todo siga igual que hace cuarenta años. Pues no es verdad. Las reformas liberales hacen falta, y cuanto más tiempo pase hasta que se puedan poner en marcha peor será para los españoles”.