Nadie dudaba de que la pandemia del coronavirus iba a ocasionar enormes destrozos sociales y económicos. Pero faltaban datos que lo confirmasen. Ya tenemos los primeros: el paro y la destrucción de empleo en el mes de marzo. Nunca, ni en los momentos más graves de nuestra economía desde que hay registros, el paro ha aumentado tanto en un mes. Los 302.000 parados inscritos en las oficinas de empleo son casi el doble que en enero de 2009, el mes de la crisis financiera. La escalada de paro, jamás vista, se ha producido además en tan solo 18 días, entre el 13 de marzo, en que se anunció el estado de alarma y el último día del mes. Ocurre lo mismo que en el caso de los 851.000 afiliados menos a la Seguridad Social, una caída inédita.

Pudiera pensarse que esa respuesta, que coincide con la orden de cuarentena general y el cierre de todos los establecimientos, salvo los de alimentación, farmacias y estancos, fue tan rápida como transitoria. Es decir, que todos los que perdieron el empleo lo volverán a tener en el momento en que se levanten las restricciones sanitarias. Una lectura en detalle de los datos indica que no va a ser así desgraciadamente.

Para conseguir ese efecto de transitoriedad, el Gobierno acordó el lunes siguiente al decreto del estado de alarma una modificación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, ERTE, acompañada del derecho al cobro de la prestación por desempleo de todos los afectados por los mismos, sin que computase como días de percepción del parado por pérdida de trabajo. En definitiva, los incluidos en un ERTE, no se encuentran en paro sino con el trabajo suspendido temporalmente, con la obligatoriedad para la empresa de incorporarlos al mismo puesto una vez que pase la pandemia. Esos trabajadores, por tanto, no constan en las listas de desempleo conocidas este jueves. De hecho, los acogidos a los ERTE, que ahora no trabajan y cobran la prestación, suponen hasta la fecha 620.000 personas. Los 302.000 parados inscritos en las oficinas de empleo son trabajadores despedidos, salvo una cifra pequeña, de 5.000 personas que no trabajaban antes.

Ese envío masivo al paro indica también algo muy grave. Muchas empresas, que tenían la oportunidad de acogerse a un ERTE, con la voluntad de recuperar a sus trabajadores una vez pasada la crisis sanitaria, han optado simple y llanamente por despedirlos definitivamente. Habrá empresas que lo hayan hecho al entender que la grave situación les obligaba a clausurar el negocio. En ese caso, la destrucción de la actividad productiva es otro dato especialmente grave. Sin embargo, como se han quejado los sindicatos, cabe explicar la mayoría de estos despidos por la visión insolidaria, egoísta y cortoplacista de muchos empresarios, acostumbrados a proceder así con sus asalariados.   

En cualquier caso, la figura de los ERTE, de la suspensión temporal con prestación, acordada por el Gobierno, ha evitado que el despido fuera aún mayor y alcanzase también a esos 620.000 trabajadores que esperan volver a su puesto de trabajo.

La fortísima caída de la afiliación a la Seguridad Social supone que esta dejará de recaudar millones de euros, aunque seguirá percibiendo de los Presupuestos del Estado la cotización de los parados que cobran el desempleo. Todos los sectores se desprenden de asalariados, salvo uno, claro está: el de actividades sanitarias, que aumenta el número de afiliados. Los que más empleo han destruido son la hostelería, la construcción y el comercio. Llama la atención que en el grupo denominado Administración Pública y defensa se hayan destruido 4.000 empleos. Es poco, si se compara con el destrozo general, pero dramático que hayan sido centros de las administraciones públicas los que lo hayan hecho.

¿Se repetirán en los meses siguientes, mientras dura la crisis sanitaria, nuevos aumentos del paro? El Gobierno debió de conocer hace ya días, antes que estos datos de paro, que muchos empresarios estaban recurriendo en masa al despido puro y duro, cuando podían aplicar ERTEs con suspensión temporal. Ello llevó a que prohibiera los despidos por razones de fuerza mayor, organizativas, económicas técnicas y de producción. Lo que se llama el despido objetivo, el más empleado, porque es más barato. La prohibición entró en vigor el 28 de marzo, sólo tres días laborables antes de que terminase el mes. También obligó a que los contratos temporales, interrumpieran su cómputo de duración mientras se mantenga la alerta sanitaria y volviesen a contar tras ella. Ambas medidas impedirán que los empresarios aprovechen el drama para ponerlos en la calle. No es seguro que esto evite más aumentos abruptos del paro, pero sí los aminorará y dificultará los procedimientos de muchos empresarios sin escrúpulos.

En cualquier caso, los datos del desempleo y la caída de la afiliación a la Seguridad Social dejan un paisaje sombrío y pesimista. Es además un indicador adelantado de lo que puede suceder en otros países de Europa. El panorama se completará con empresas, pequeñas y medianas, sin dinero para proseguir su actividad, porque no han ingresado nada en este tiempo. Estarán centradas en pagar los créditos recibidos con los avales del Estado para disponer de liquidez. La actividad económica sin consumidores y usuarios que gasten en proporción al volumen de una economía es poco menos que imposible. Ello hace por tanto imprescindible la protección a los trabajadores que está tratando de aplicar el Gobierno. No solo por no dejarlos tirados, como en otras ocasiones, especialmente con el PP, sino porque de su capacidad de compra y de su empleo dependerá la recuperación.

Harán falta más cosas, la inversión masiva del Estado para reactivar la actividad, al tiempo que protege a los desempleados y a la población más vulnerable. También a las pymes. De otro modo estas, sin recursos, caerán más aún en las garras de las grandes empresas, las únicas capaces de protegerse por sí solas del coronavirus económico. 

Plan Marshall europeo

La fortísima destrucción de empleo en España en tan sólo 18 días anuncia lo que  puede pasar en el resto de Europa, cuyas medidas para hacer frente a la pandemia han sido similares. Tanto Italia, como España y Francia, los países más afectados de Europa por la pandemia, exigen un potente fondo común para recuperar toda la Unión Europea tras el desastre. Alemania, Holanda, a los que mejor les ha ido con la moneda única, y sus países adláteres se habían negado hasta ahora. El rechazo de Pedro Sánchez y del primer ministro italiano, Giuseppe Conte, a aceptar cualquier otra salida más rácana, ha obligado a ceder a los insolidarios, pero sólo en parte. Proponen que el dinero salga del Mede, el fondo europeo de rescate, como si el problema fuese un sobreendeudamiento bancario. Las cantidades y los plazos de devolución que se barajan están todavía alejadas de lo que podría ser un Plan Marshall europeo, como lo ha llamado Pedro Sánchez. 

Hagamos una comparación: en el Plan Marshall norteamericano de 1948, destinado a recuperar Europa tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos inyectó una cifra equivalente al 5,5 por ciento de su PIB de entonces, con devoluciones a muy largo plazo. Si la zona euro se plantease destinar, mediante un fondo una cifra equivalente hoy, la cantidad sería cercana a los 650.000 millones de euros. Es evidente que la devastación de entonces fue muchísimo mayor, por lo que esa cantidad sería exagerada. Sin embargo, la cifra manejada por ahora es demasiado baja y los plazos a devolver demasiado cortos: 80.000 millones del Mede, para empezar, de los que a España le corresponderían, 9.500.

Otra segunda línea haría que cada país pudiera recibir un total del 2 por ciento de su PIB, con lo que el nuestro recibiría un total de 25.000 millones. Recordemos que, para salvar bancos, la Unión Europea prestó a España 41.000 millones de euros. De momento países como Holanda y Alemania siguen viendo  la Unión desde el prisma de que siempre ha habido ricos y pobres, afortunados y privilegiados. Ya lo hicieron con Grecia. No caen en la cuenta de que gran parte de su riqueza reciente les ha venido de vender a los países a los que ahora niegan el apoyo incondicional. Cada país deberá destinar lo que haga falta. Ya se ha suspendido el Programa de Estabilidad, la austeridad, suicida. Pero sin un potente plan conjunto de todos los países, al menos de la zona euro, se corre el riesgo de que vuelva a haber ganadores y perdedores. Hay otro riesgo mucho más probable: si no hay reparto equitativo y solidaridad, la Unión Europea puede haber llegado a su fin.