La tercera de las leyes de Newton hacía referencia a la acción y la reacción. Concretamente señalaba que “si un cuerpo actúa sobre otro con una fuerza (acción), éste reacciona contra aquél con otra fuerza de igual valor y dirección, pero de sentido contrario (reacción)”. Claro que hablamos de física, pues en el ámbito de las políticas sociales esta ley no siempre es así. De hecho podríamos decir que la inacción produce también una reacción, ya que la sociedad avanza a un ritmo vertiginoso y desgraciadamente el ámbito de la intervención social no siempre alcanza la misma velocidad con la que se mueve colectivamente la humanidad. Mucho menos si a eso le añadimos cuestiones sobrevenidas, como podría ser una catástrofe natural, una crisis económica, un cambio radical en la política de un estado o nación, e incluso la llegada de una pandemia que azote el mundo. Todas esas variables y otras muchas más pueden llegar a afectar de una manera u otra, posponiendo en no pocas ocasiones objetivos, planes e intervenciones que parece que no llegan.

Las variables pueden hacer cambiar los rumbos de las políticas, y de hecho así ha sucedido con esta pandemia devastadora, que a pesar de no saber de clases, ni de culturas, ni de religiones, sí que multiplica las problemáticas anteriores. Los datos e informes que se están publicando en la actualidad comienzan a mostrar que quienes estaban antes de esta crisis en riesgo de exclusión social ahora ya están dentro de las fauces de la precariedad. En este ámbito, las economías más débiles ya están sintiendo cómo efectivamente la covid-19 también podría llamarse “la gota que colmó el vaso”. Un vaso que para la minoría étnica más numerosa de España ya estaba a punto de rebosar desde hace varias décadas, pues los índices de los sectores comerciales donde mayor presencia romaní hay en la actualidad han sido algunos de los más castigados por las consecuencias del cese de actividad. Paradójicamente, aquellos que precisaban de una protección y una remodelación. Esta pandemia, por desgracia, ha puesto en evidencia que la dilatación de estas condiciones y la inacción han traído consigo la peor de las reacciones.

El cese de actividad se cumplió a rajatabla por parte de los vendedores ambulantes, que en Andalucía llega a tener una representación gitana de al menos el 70%

El sector agrícola, representado en Andalucía por un 18% de personas gitanas, prosigue con una serie de necesidades que podrían resumirse en la precariedad y la explotación laboral. Hablamos del pan de muchas familias jornaleras que además corren con el problema de la temporalidad. Ni son trabajos fijos, ni bien remunerados; hay ejemplos como el de Las Cabezas de San Juan, donde la saca de papas de 1.200 kilos se paga a 30€. En esas condiciones continúan miles de familias jornaleras, que durante la pandemia ni siquiera han tenido unos minutos para que aparezcan en televisión. En contraposición, raro es el día en que la televisión, e incluso nuestro teléfono móvil, no se llenan de informaciones sobre cadenas de hipermercados a las que se le da toda la cobertura necesaria en relación a la promoción de la marca. Pocas veces se tratarán, por cierto, las condiciones laborales del personal.

Caso parecido al sector agrícola es el de la venta ambulante, constituido por más de 3.500 mercadillos repartidos por todo el territorio nacional y del que dependen unas 40.000 personas autónomas. Las condiciones de trabajo poco han cambiado desde los años ochenta o noventa, pues continuamos observando cómo las tasas por día de trabajo siguen cobrándose aunque las inclemencias meteorológicas lo impidan, salvo excepciones. También vemos la falta de servicios mínimos en zonas muchas veces poco habilitadas para ejercer un oficio de estas características. Y lo que es peor aún: lo que sí ha cambiado ha sido la rentabilidad de este oficio, tan mal visto por tantas personas. De hecho, la relación entre la reducción de esos beneficios (que hace unas décadas permitía alcanzar un nivel de vida al menos cómodo) y la imagen actual de la venta ambulante está especialmente entroncada. Consecuencias quizás directas o indirectas del antigitanismo hacen que una buena parte de la sociedad vea con recelo esta fórmula de trabajo tan característico, convertido incluso en reclamo turístico en otros países. En España todo lo contrario. En Valencia, por ejemplo, se llegó a protestar públicamente por parte de los representantes municipales en relación a la ubicación del mercadillo, instalado en la plaza del Ayuntamiento. “Da mala imagen para la ciudad (…) que los trasladen a las afueras”, decía la nota pública.

Desde el mes de marzo, el cese de actividad se cumplió a rajatabla por parte de los colectivos de vendedores ambulantes, que en Andalucía llega a tener una representación gitana de al menos el 70%. Las pérdidas cuantiosas con los productos en stock parecían no ser suficientes. A ellas se le suma el hecho de que todavía hay ciertos puntos repartidos por toda España que continúan cobrando tasas municipales que oscilan entre los 70 y los 100€ mensuales, a pesar de llevar meses sin utilizar la vía pública. Cuestiones que suceden porque las competencias de la venta ambulante recaen incluso en época de pandemia en los gobiernos locales, salvo excepciones. Nos encontramos entonces con 3.500 soluciones distintas, 848 en Andalucía. Una complicada circunstancia que se traduce en que continúan habiendo puntos repartidos por toda España, que deciden que los mercadillos persistan sin ponerse y, con ello, los vendedores ambulantes prolonguen esta ruina para sus casas. Mientras, los comercios locales, las plazas de abastos e incluso las grandes superficies tienen la posibilidad de abrir cumpliendo las medidas de seguridad, sin ninguna voz discordante ni entre los gobiernos ni entre el público, que ha admitido en su totalidad que lo lógico es que ya se pueda ir volviendo a la normalidad.

Siendo parte de la cultura española, exportado en los paquetes turísticos como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, se les ha olvidado cuidar el flamenco

Por último, y no menos importante, nos encontramos con el flamenco. Siendo parte sustancial de la cultura española, exportado en los paquetes turísticos como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, se les ha olvidado cuidarlo. No se ha puesto en valor y se han ido dejando crecer ciertos postulados antigitanos que tratan de blanquear el gen romaní que corre por sus venas. No se ha cuidado, ni tampoco estudiado en Primaria, Secundaria o en la universidad y, cuando se hace, se lleva a cabo a través de clichés. Por si fuese poco, las nuevas tendencias que bucean y escogen de los ritmos, cantes y bailes flamencos se olvidan queriendo o sin querer de nombrar los créditos o las fuentes de inspiración. Lo hacen con Justin Timberlake, pero no con Mairena o la Paquera de Jerez. Sin olvidar tampoco las maniobras para que las peñas flamencas, entendidas como cuidadoras de este bien patrimonial, sean las mínimas. Legislativamente sobre el flamenco continuamos entre poco y nada y, con ello, un porcentaje eminentemente alto de artistas se encuentran en estos momentos tan duros sin percibir un solo euro.

El descuido ha provocado recientemente el cierre de uno de los baluartes que tenía España en cuanto al flamenco: Casa Patas en Madrid. Esta pandemia se lo ha llevado por delante, al menos durante una buena temporada. Y con él, a las 26 familias que dependían directamente de su actividad. Desde 1984, prácticamente a diario participaban en Casa Patas numerosos artistas, en su mayoría gitanos. La lógica reducción del turismo en estos meses ha propiciado una merma gradual de los ingresos de este templo flamenco, aunque no es el único problema existente. Quizás por la asimilación de los propios prejuicios que nos hacen incluso rechazar y valorar poco esta cultura o quizás por esa inacción ya comentada, lo cierto es que continuamos asistiendo a unos tiempos nada halagüeños para los y las flamencas. La cancelación de una cantidad ingente de festivales, como el más antiguo de todos, el Potaje Gitano de Utrera, o la suspensión de ferias y romerías han colocado a los artistas flamencos en una encrucijada en la que de momento pocas salidas aparecen.

Los oficios gitanos, como ayer fueran los tratantes de ganado, las cigarreras (pioneras en el movimiento feminista andaluz), las vendedoras por ditas o los esquiladores, vuelven a estar heridos por el tiempo y la inacción. Es cierto que esta pandemia nos ha afectado como sociedad a nivel mundial, pero ha puesto en evidencia las necesidades que ya venían mostrando los oficios con mayor representatividad gitana. Por esta razón se lucha y se trabaja en ponerle remedio, pues hay que evitar a toda costa que nos quedemos atrás. En eso el pueblo gitano no ha cambiado, pues la predisposición y ese espíritu de lucha no han sido alterados a pesar de los pesares. De siempre se han remangado gitanos y gitanas para sacar a flote a sus familias. Ni siquiera prohibiéndoles sus oficios, ni expulsándolos, ni creando leyes restrictivas ha podido nadie poner fin a este particular compromiso vital. Enarbolando la bandera de la esperanza por un mundo donde reine la salud y la libertad continúa este pueblo sin hincar la rodilla. Pero es hora de que se apliquen medidas que no se circunscriban a modelos asistencialistas o de olvidos pasados, que son consecuencias de las situaciones laborales con las que nos encontramos. Así el pueblo gitano conseguirá vencer esta herida que va más allá de una pandemia.

--------------------

Fakali (Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas)