Desde el comienzo de la crisis del coronavirus a principios de marzo, numerosos organismos y plataformas –tanto nacionales como internacionales– advirtieron de los riesgos que suponía la pandemia y las medidas de confinamiento para los colectivos más desfavorecidos. Tres meses después, las cifras comienzan a confirman unas advertencias, que, en el caso de los trabajadores más jóvenes, tienen una doble vertiente: han sido el grupo de población ocupada más golpeado y si bien los ERTE han sido muy positivos para la protección laboral de la juventud, la finalización de su regulación extraordinaria dejará a muchos trabajadores menores de 30 años en una situación de vulnerabilidad muy alta. 

El número de personas jóvenes en en paro ha llegado a crecer un 33% entre marzo y abril, dejando a uno de cada cuatro menores de 30 años en situación de desempleo

Así lo constata un informe publicado conjuntamente por el Instituto de la Juventud (INJUVE) y el Consejo de la Juventud de España, en el que se señala que “las personas jóvenes son las que han experimentado con mayor intensidad los efectos del parón económico derivado del confinamiento” y que, una vez concluyan los expedientes de regulación temporal de empleo, cuatro de cada 10 jóvenes acogidos a estas prestaciones estarán en riesgo de perder su puesto de trabajo.  

Según el documento, esta situación se explica tanto por el carácter temporal de la medida puesta en marcha por el Ministerio de Trabajo como por los factores de precariedad estructural que llevan tiempo dominando la realidad laboral de los menores de 30 años y que se han agudizado durante el coronavirus. 

Así, durante el primer trimestre del año, el crecimiento del desempleo que se registró en este grupo de población fue dos veces superior al que se registró entre la población de 30 a 64 años. En las las semanas más duras de la cuarentena, las cifras señalan que el número de personas jóvenes en en paro ha llegado a crecer un 33% entre marzo y abril, dejando a uno de cada cuatro menores de 30 años en situación de desempleo. Pese a esto, ningún otro indicador laboral ha crecido más entre los jóvenes que el de demandantes de empleo, que aumentó en medio millón –un 84% más– en las mismas fechas.

En el marco de los ERTE, esta diferencia entre el incremento de desempleados y el número de demandante de empleo de las últimas semanas no hace más que corroborar, según el estudio, la precariedad en la que viven sumergidos los trabajadores más jóvenes, que han podido registrarse y acogerse a una medida muy posititva cuando no hubieran podido hacerlo en otras circunstancias. Tanto es así que la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo para las personas jóvenes ha sido, por primera vez en muchos años, más alta que la del resto de la población. 

Si bien el estudio se muestra prudente a la hora de hacer predicciones, también advierte que los antecedentes son un fundamento solido para intuir que, una vez que finalicen las medidas excepcionales del ERTE, “aquellos colectivos, como la población joven, que ya antes se distinguían previamente por una inserción laboral más irregular y unas condiciones más precarias son los que van a sufrir las consecuencias con mayor crudeza”. 

De esta forma, si las empresas no son capaces de recuperar su actividad en el corto plazo, el riesgo de despido se concentra en ese 36% de las personas jóvenes afiliadas a la Seguridad Social que tienen un contrato eventual, un porcentaje veinte puntos superior al de los demás grupos de edad. 

A medio plazo, por su parte, “los jóvenes que conserven sus empleos serán los más expuestos al despido si se materializa la amenaza de una crisis económica provocada por el coronavirus”. Por sus condiciones contractuales y laborales, cerca de 72% de la población ocupada joven está empleada en trabajos vulnerables. En algunos sectores, como la educación y las comunicaciones, la posibilidad de que un joven ocupe un puesto en trabajos con esta situación dobla la de las personas mayores de 30 años.