La crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto las debilidades y contradicciones de los sistemas de protección social alrededor del mundo, incluso en los lugares y regiones con las estructuras de bienestar más asentadas. Brechas y fallos que, como en el caso de España, se están demostrando como verdaderas paradojas en el marco de las políticas públicas. Así lo asegura un reciente informe de la OCDE, que sitúa a España en el grupo de países donde las transferencias sociales y las ayudas son más beneficiosas para las personas con mayor renta y estabilidad laboral, mientras que la población más vulnerable queda fuera o en los márgenes de los subsidios.

El documento, que repasa distintas políticas que los países de la organización están llevando cabo para proteger a la población con más necesidades, explica que esta situación viene motivada porque España, al igual que otros países como Italia, vincula de manera muy fuerte sus políticas de ayudas a la vida laboral y al sistema de cotizaciones. Como resultado, los trabajadores con altos ingresos o con varios años de contribución a la seguridad social tienen una ventaja significativa en materia de transferencias respecto de otros grupos de población, como los trabajadores temporales, los autónomos, los desempleados, las personas con jornadas parciales, con ocupaciones informales o con bajos salarios. 

En cifras, esta realidad se traduce en que España se sitúa como el cuarto país de la organización que menos transferencias sociales dedica al quintil más pobre de la población. Mientras, el 20% de la población con más renta recibe casi el triple de transferencias que las grupos menos favorecidos.

En el otro extremo, el estudio cita el caso de países como Reino Unido o Australia, donde las políticas públicas están más centradas en el sistema de ingresos mínimos universales o en las ayudas dirigidas a la población con menos recursos. En cualquier caso, el conjunto de la organización muestra unos mayores niveles de igualdad en el reparto de transferencias que España: la población del quintil más pobre de la población recibe, de media, más ayudas que la población con mayor renta.

Por otro lado, aunque casi todos los Estados que pertenecen a la organización tienen un sistema mixto que combina las ayudas vinculadas al empleo con rentas mínimas, las condiciones y la generosidad de las transferencias son muy diferentes entre países. En este sentido, la OCDE insiste en que, en el contexto de la crisis del coronavirus, los países con programas asentados de ingresos mínimos pueden tener una posición favorable para desarrollar una política más efectiva, pero su verdadera eficacia dependerá del nivel de disponibilidad, los umbrales de acceso y los fondos destinados a las medidas.

El estudio de la OCDE se ha publicado justo en el momento en el que el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado la aprobación de un ingreso mínimo vital para 850.000 hogares de rentas bajas, cuya urgencia venían reclamando distintas ONG como Oxfam Intermon. En los últimos días, la organización ha celebrado este ingreso mínimo vital como un primer paso importante para acabar con la gran desigualdad que existe en el país, pero también ha señalado que tanto el presupuesto como los umbrales de acceso de la propuesta todavía se muestran insuficientes para proteger a todas las familias con más necesidades. Oxfam cifra en 6.000 millones de euros –frente los 3.000 que ha aprobado el Gobierno– el esfuerzo que debería hacer el Estado para acabar con la pobreza severa en el país, el sexto de la UE que menos reduce la desigualdad a través del sistema de transferencia sociales.

Save The Children, por su parte, ha publicado los resultados de una encuesta donde se constata la urgencia de estas medidas, habida cuenta de que es precisamente en las familias con menos recursos donde más están golpeando problemas derivados de la crisis sanitaria, como el desempleo o la pérdida de ingresos. Según el cuestionario de la organización, durante las últimas semanas un cuarto de las familias más vulnerables ha perdido el trabajo o parte de sus ingresos de forma permanente.