Una recesión económica incipiente y cerca de 700.000 personas a punto de caer (de nuevo) en la pobreza. La crisis sanitaria de la Covid ya está dejando las primeras secuelas socioeconómicas graves en España y en muchos otros países. Por ello, durante las últimas semanas también han florecido los debates sobre los caminos más o menos acertados para salir de un atolladero económico que se prevé catastrófico y donde han destacado, por encima del resto, las discusiones y promesas sobre una modificación fiscal que se centre en impuestos como el de patrimonio, que gravan la riqueza. Un tributo que, según un estudio publicado recientemente por investigadores de la Universitat de Barcelona, todavía arrastra importantes deficiencias que están mermando la capacidad redistributiva y el nivel de recaudación en nuestro país.

Para llegar a estas conclusiones, los autores del documento han analizado la configuración del impuesto sobre el patrimonio y el efecto que producen determinadas exenciones en un contexto en el que todavía se pueden notar las consecuencias en términos de desigualdad de la gran recesión de la última década: entre 2005 y 2014, la riqueza en manos del 1% de los hogares más ricos llegó a aumentar en 6,7 puntos porcentuales, y la del 10%, en 11,3 puntos porcentuales.

A través de distintos cálculos, los investigadores José María Durán Cabré y Alejandro Esteller Moré concluyen que, en la actualidad, la recaudación real del tributo se encuentra profundamente mermada y alcanza solo un 44,60% de la que se obtendría si todos los bienes se valoraran a precios de mercado y no hubiera incumplimiento –elusión–. Traducido, esto significa que las arcas del Estado podrían obtener 2,5 veces más de los 1.250 millones de euros anuales que recaudan en la actualidad por “activos tan importantes como los bienes inmuebles o las acciones no cotizadas”.  

Las cifras reflejan de manera clara hasta qué punto las deficiencias regresivas del impuesto sobre el patrimonio están reforzando la desigualdad en la redistribución de la riqueza: si bien esta tasa solo se aplica sobre el 7% de los hogares más pudientes, cerca de un un 11,69% de los que pertenecen al percentil más rico no llega a pagarla. Los motivos para que esto ocurra son tanto las mencionadas exenciones como el límite conjunto de renta y patrimonio. Esto son, tratamientos especiales “que entran en contradicción con el objetivo redistributivo del impuesto”.

Según la legislación, el límite de renta y patrimonio existe para evitar que se den situaciones confiscatorias entre los contribuyentes de mayor renta que ya aportan su IRPF al sistema fiscal. Sin embargo, esto solo provoca que se mantenga la paradoja redistributiva: si alguien se beneficia de estos umbrales, esos son los grupos de población más pudientes, hasta el punto de que cuanto más patrimonio tengan más alto será el ahorro que puedan generar gracias a la normativa. Así, cerca de un cuarto de los hogares más ricos termina beneficiándose de este umbral, y su ahorro promedio a la hora de aplicarlo a la cuota es superior a los 3,8 millones de euros. Mientras, el Estado deja de recaudar cerca de 2.680 millones por estos condicionantes.

Algo similar ocurre con las exenciones: para la de vivienda habitual, el ahorro en la cuota del impuesto crece de forma proporcional hasta alcanzar un pico máximo en los hogares que tienen entre 1,5 y 3 millones de euros de riqueza neta. En el caso de la exención por empresas familiares, las deducciones son todavía mayores según crece la renta, principalmente porque no existe un importe máximo como el que se contempla en la vivienda. En total, la merma en el sistema fiscal por estas exenciones alcanza los 1.350 millones de euros.

Para acabar con esta regresividad y mejorar la progresividad en el impuesto sobre el patrimonio, los investigadores advierten de que no basta con eliminar alguno de los condicionantes, ya que se podrían crear incluso situaciones contraproducentes: así, y si se decidiese eliminar solo las exenciones, las deducciones asociadas al límite conjunto provocarían un ahorro todavía más alto en los hogares de mayor riqueza.

Por el contrario, una reforma orgánica en la que se mejoraran las estimaciones de los bienes inmuebles a valores de mercado, se modificara el límite conjunto de renta y patrimonio y se suprimieran los tratamientos especiales permitiría mejorar la progresividad del impuesto, además de reducir las prácticas de elusión fiscal. Los efectos de estos cambios, eso sí, solo serían perceptibles en el largo plazo: si el impuesto se aplicara en todo su potencial, la riqueza en manos del 1% de los hogares más ricos disminuiría en 1,3 puntos porcentuales en 25 años y en 4,3 puntos  después de 85 años.

------------

Este artículo ha sido elaborado a partir de lo expuesto en el texto Los efectos redistributivos del impuesto sobre el patrimonio, de José María Durán Cabré y Alejandro Esteller Moré, de la Universitat de Barcelona y Institut d’Economia de Barcelona, publicado en el Observatorio Social de “la Caixa”.