A raíz del asesinato de George Floyd y la posterior oleada de protestas por todo el país (y todo el mundo) en contra de la brutalidad policial, los estadounidenses han presenciado un vídeo tras otro de policías agrediendo a manifestantes desarmados y hasta a transeúntes que tuvieron la mala suerte de cruzarse en su camino.

En uno de los casos más sorprendentes, la policía de Búfalo empujó y tiró al suelo, sin ninguna justificación, a un hombre de 75 años, que comenzó a sangrar por las orejas y sufrió una lesión cerebral. Este suceso se produjo solo un día después de que esa misma policía, en ese mismo lugar, se hubiera arrodillado en solidaridad con aquellos que protestaban contra un uso excesivo de la fuerza. Para empeorar la situación, las autoridades mintieron y dijeron que el hombre simplemente se había “resbalado y caído”. Por desgracia para ellos, un vídeo del incidente se hizo viral y les obligó a admitir la verdad. 

La mayoría de las conversaciones públicas pecan de estrechez de miras a la hora de reflejar lo extremo, generalizado y polifacético que es el abuso policial  

Muchas personas tratan de explicar este tipo de casos como si fueran “episodios aislados” que llevan a cabo unas cuantas “manzanas podridas” que no representan a la mayoría de las fuerzas policiales de todo el país. Sus defensores insisten en decir que los medios fomentan una “narrativa antipolicial” que olvida los peligros a los que se enfrentan los policías en su trabajo (peligros que, por lo que parece, justifican el nivel de fuerza que emplean). Sin embargo, los datos empíricos disponibles sobre violencia y mantenimiento del orden revelan una imagen más compleja y preocupante. Se podría incluso decir que la mayoría de las conversaciones públicas pecan de estrechez de miras y de miopía a la hora de reflejar lo extremo, generalizado y polifacético que es el abuso policial en realidad. 

Violencia policial generalizada 

En lo que llevamos de año, 481 civiles han recibido un disparo mortal a manos de la policía de Estados Unidos, según el Washington Post. En total, se han producido unos 7.397 homicidios por arma de fuego (excluidos los suicidios y los accidentes) durante este mismo período. Eso significa que aproximadamente uno de cada 15 estadounidenses que recibió un disparo mortal en 2020 fue asesinado por un agente de policía.

Desde 2015, la policía ha matado de un disparo al menos a 352 personas que se encontraban desarmadas (es decir, que ni siquiera estaban en posesión de un juguete, un objeto contundente o cualquier otro instrumento). En total, 5.408 civiles fallecieron por disparos de la policía a lo largo de los últimos cinco años; uno de cada 15 iba desarmado. Es importante destacar también que en estos datos figuran solo los tiroteos policiales. Cientos de civiles mueren a manos de la policía cada año por tásers, gas pimienta, balas de goma, llaves de estrangulamiento, asfixia postural, traumatismos por objetos contundentes, atropellos de coches policiales y otras causas; una gran parte de esos civiles se encontraba también desarmada y muchos tampoco habían cometido ningún delito.

Así y todo, los fallecimientos representan solo un pequeño porcentaje de la violencia policial en conjunto. Según la Oficina de Estadísticas Judiciales (BJS, por sus siglas en inglés), al menos 985.300 estadounidenses fueron objeto de amenazas no letales o de un uso abusivo de la fuerza por parte de la policía durante un único año: 2015, el año más reciente sobre el que figuran datos en la página de la BJS. Si se compara con la población total de EE.UU. de ese año, aproximadamente uno de cada 324 estadounidenses fue agredido verbal o físicamente por un policía. De hecho, todos los departamentos policiales del país reciben cada año miles de quejas por un uso excesivo de la fuerza que son “oficialmente admitidas” (es decir, que son lo bastante creíbles para justificar que se tomen medidas disciplinarias contra los agentes), como resultado de esos encuentros.

Cada año también se producen numerosas denuncias por casos de violación, agresión sexual y acoso sexual en los que hay policías de servicio involucrados. (Como es lógico, es probable que haya muchos más casos que no se denuncian). Según una investigación realizada por el Buffalo News, entre 2005 y 2015, “al menos cada cinco días se pesca a un agente policial en un caso de abuso sexual o conducta inapropiada”. Por lo general, en esos casos los policías están armados; normalmente las víctimas están solas y, casi siempre, tienen sus movimientos restringidos; en ocasiones también concurre una amenaza inminente de utilizar la fuerza o de ser arrestadas. Sin embargo, con frecuencia los policías tienen la osadía de afirmar que esos actos sexuales, con civiles que se encuentran bajo custodia policial, son consensuados. Una investigación de Associated Press descubrió que muchos policías utilizan herramientas o bases de datos policiales para acechar o acosar a exparejas o a personas en las que están sexualmente interesados (y para otros fines personales). 

Esto es lo que se observa al echar un vistazo rápido sobre el comportamiento de los policías cuando están de servicio. Sin embargo, los policías también cometen delitos y actos violentos de forma habitual cuando no están de servicio. Por ejemplo, los índices de violencia doméstica son hasta cuatro veces más altos entre las fuerzas policiales que entre la población en general.

En resumen, cientos de miles de estadounidenses son víctimas de la brutalidad policial cada año. En ese sentido, Estados Unidos ocupa un lugar extremadamente atípico entre las democracias liberales ricas. El nivel de agresión que despliegan los policías en una zona parece no tener ninguna relación con el número de delitos violentos de esa zona, ni tampoco parece ser proporcional al peligro real al que se enfrentan las fuerzas policiales en su trabajo. 

Agentes caídos

¿Cómo de peligroso es ser policía? Una manera de encontrar respuesta a esa pregunta es comparar el índice de homicidios de policías de servicio con el del estadounidense medio en su día a día. Solo por intuición podríamos suponer que un policía tiene muchas más posibilidades de morir en su trabajo que cualquier ciudadano en su rutina diaria, pero a decir verdad el coeficiente se acerca bastante.

Analicemos los datos de 2016, el último año para el que existen estadísticas fiables en todas las categorías pertinentes. Este resultó ser también un año particularmente sobresaliente en cuanto al número de homicidios policiales en cumplimiento del deber, más alto que cualquier otro año entre 2012 y 2019. Por tanto, los siguientes coeficientes pueden servir como un cálculo por lo alto de los peligros a los que se enfrentan los policías. 

Para averiguar el número de policías que han muerto mientras estaban de servicio en 2016, emplearemos la Página Conmemorativa de Agentes Caídos (ODMP, por sus siglas en inglés), la página conmemorativa de policías más grande del país y una de las bases de datos de muertes policiales en cumplimiento del deber más fiable de Estados Unidos. Sus estadísticas recogen las bajas de policías federales, estatales y municipales, así como las de los funcionarios penitenciarios y los policías militares en misiones dentro del territorio nacional.

Según una investigación realizada por el ‘Buffalo News’, entre 2005 y 2015, “al menos cada cinco días se pesca a un agente policial en un caso de abuso sexual o conducta inapropiada”

Según la ODMP, 181 agentes de los cuerpos de seguridad del Estado murieron mientras estaban de servicio en 2016. De todas estas muertes, 48 fueron consecuencia de problemas de salud (infartos, cánceres y enfermedades relacionadas con el trabajo) y 39 fueron consecuencia de accidentes de vehículos no relacionados con persecuciones (por ejemplo accidentes de aviones, barcos, motos, trenes, coches o agentes atropellados accidentalmente por civiles). También se produjo un fallecimiento provocado por un animal, dos ahogamientos, una caída, tres muertes por disparo accidental y un accidente ocurrido durante un entrenamiento. En total, menos de la mitad de todas las muertes de agentes, 86 en conjunto, fueron consecuencia directa de un autor, por ejemplo de una agresión, un apuñalamiento, un disparo, un atropello o un accidente durante una persecución.

Las cifras de la OMDP para 2016 son prácticamente iguales a la otra base de datos no gubernamental que registra las muertes policiales en Estados Unidos: el Fondo Conmemorativo de las Fuerzas de Seguridad. También figuran 86 homicidios policiales en 2016 (es decir, muertes consecuencia de que los agentes fueron golpeados, apuñalados, estrangulados, disparados o atropellados con un vehículo). Los cálculos de ambas bases de datos son superiores a las estadísticas del FBI, que registraron 66 muertes criminales de agentes policiales en 2016. No obstante, tomaremos la cifra más alta: 86 homicidios de agentes de las fuerzas de orden público mientras estaban de servicio.

Ese número se puede contrastar con el número total de agentes de orden público de todos los organismos que aparecen en la base de datos de la ODPM. Según los números de la BJS, había 701.273 agentes estatales y municipales a tiempo completo y 132.111 agentes federales a tiempo completo en Estados Unidos en 2016. El Departamento de Defensa calculó que había aproximadamente 50.000 policías militares en las bases del país durante ese mismo año. 

Con estos totales podemos calcular el índice general de homicidios policiales en cumplimiento del deber durante 2016: 9,74 agentes por 100.000. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades calcula que el índice general de homicidios en Estados Unidos fue de 6 por 100.000 en 2016. El índice de homicidios en el caso de los hombres, concretamente, fue de 9,5 por 100.000. O lo que es lo mismo, las posibilidades que tiene un agente de policía de resultar víctima de un homicidio mientras está de servicio son solo ligeramente superiores a las del típico hombre estadounidense en su quehacer diario. 

De hecho, el riesgo de algunos segmentos de la población estadounidense de ser asesinados es considerablemente superior al de los agentes policiales. Por ejemplo, en 2016, el índice de homicidios entre los afroamericanos fue de 23,4 por 100.000. De media, un ciudadano negro tuvo más del doble de posibilidades de ser víctima de un homicidio que un policía de servicio (y tampoco hay que olvidar que muchas de estas muertes fueron provocadas por un policía).

No obstante, las muertes por sí solas no son una medida suficiente para calcular los riesgos a los que se enfrenta un policía. Al fin y al cabo, muchos agentes también resultan heridos cada año en situaciones violentas. Dicho esto, los datos por lesiones dibujan un panorama similar al de las estadísticas de fallecimientos. Los agentes de policía tienen el triple de posibilidades de necesitar atención hospitalaria como consecuencia de lesiones en el trabajo que la mayoría del resto de trabajadores de EE.UU. (aunque hay muchos otros trabajos en Estados Unidos que son más peligrosos que ser policía). Al igual que sucede con las muertes, la gran mayoría de las lesiones en cumplimiento del deber que sufren los policías (aproximadamente dos tercios) se producen sin que concurran circunstancias violentas. 

La BJS calcula que 4,5 de cada 1000 ciudadanos estadounidenses sufrió lesiones como resultado de delitos con violencia en 2016. En el caso de la policía, esa cifra fue unas seis veces más alta: 28 de cada 1000 agentes. Sin embargo, la gran mayoría (78%) de las agresiones a policías fueron resultado de peleas cuerpo a cuerpo y muchas de las lesiones policiales provocadas por agresiones (31,4%) tuvieron lugar en ese contexto. En conjunto, los cuchillos, instrumentos cortantes o las armas de fuego representaron solo un poco más del 6% de los casos y poco más del 20% del total de las lesiones sufridas por agentes policiales como resultado de agresiones. De estos datos podemos deducir que la mayoría de las lesiones que sufren los policías durante las agresiones son probablemente poco graves: narices sangrando, magulladuras, cortes, esguinces, etc. Y, lógicamente, la otra cara de estos datos es que el 97% de los agentes de policías no experimentó ninguna lesión como resultado de situaciones violentas. Dicho de otro modo, no solo los asesinatos policiales son extremadamente poco frecuentes en un año cualquiera, si lo comparamos con el número de agentes policiales de todo el país, sino que las lesiones por situaciones violentas son también bastante inusuales. Todos estos datos hacen que las estadísticas sobre el empleo de la fuerza policial sean todavía más sorprendentes. 

En muchos casos, la gente a la que la policía le confisca sus bienes o propiedades nunca llega a ser acusada de un delito, pero les resulta imposible recuperarlos

La ODMP calcula que 275 agentes de policía han fallecido por disparos mortales de civiles desde 2015 hasta ahora. Durante ese mismo período, como se indicó anteriormente, los tiroteos policiales acabaron con la vida de 5.408 civiles, de los que al menos 352 iban desarmados. Eso significa que por cada cuatro policías fallecidos en tiroteos en los últimos cinco años, la policía disparó mortalmente a más de cinco civiles desarmados. En suma, por cada agente que fallece en cumplimiento de su deber a manos de un asaltante, la policía mata aproximadamente a 20 civiles. En 2015, por cada caso de agresión de un civil a un policía, los policías agredían a 19 ciudadanos. 

En resumen, no existe ninguna “guerra contra los policías”. Al contrario, la violencia que despliega la policía contra los civiles parece ser sumamente desproporcionada en relación con el peligro al que realmente se enfrenta en la calle.

Propiedad y saqueo

No todos los abusos policiales son de naturaleza física. Solo hay que pensar en los miles de millones de dólares que la policía confisca en metálico, en coches, en inmuebles y en otros bienes, bajo la fórmula de la “incautación de bienes”. Por ejemplo, en 2014, la policía terminó llevándose más propiedades de los estadounidenses que los ladrones. En numerosos casos, la gente a la que se le confiscan sus bienes o sus propiedades nunca llega a ser acusada de un delito, pero, con demasiada frecuencia, les resulta imposible recuperar su dinero o sus bienes. El abuso de la incautación de bienes se ha vuelto tan extremo y generalizado que la Corte Suprema tuvo que intervenir hace poco para ayudar a frenarlo, y hasta existe un intento de ambos partidos en el Congreso para reducir la práctica. 

Con frecuencia, la policía también extorsiona a las comunidades pobres cobrando multas desmesuradas por delitos menores, bajo pena de cárcel. En muchos casos, las personas detenidas tienen que pagar unas tasas judiciales desorbitadas incluso aunque nunca se les llegue a acusar de ningún delito (y mucho menos se les condene). 

La criminalidad ha disminuido de forma constante a los largo de las últimas décadas, casi un 50% menos que a comienzos de la década de 1990. Sin embargo, la proporción de policías con respecto al número de ciudadanos ha permanecido casi inalterada. Eso significa que la policía tiene mucha más capacidad que antes, en comparación con los niveles reales de criminalidad con los que tiene que lidiar. Aun así, la mayoría de los delitos violentos y contra la propiedad que tienen lugar en Estados Unidos quedan sin resolver. Más de un tercio de los asesinatos, casi la mitad de todas las agresiones y la gran mayoría de las violaciones que se denuncian nunca desembocan en la detención de un sospechoso, su acusación y su procesamiento. De hecho, muchos de las pruebas que lleva a cabo la policía después de una agresión sexual nunca llegan al laboratorio: se calcula que hay un atraso en todo el país de 200.000 kits que nunca llegaron a testearse.

En su lugar, los departamentos policiales y los gobiernos municipales de todo el país destinan una enorme cantidad de efectivos policiales a extraer los recursos de la población civil, a menudo con el punto de mira en las personas que ya se encuentran entre los más desesperados y vulnerables de nuestra sociedad. Por otra parte, es notoria la dificultad que existe para conseguir que la policía rinda cuentas en los casos de negligencia, malas prácticas o abusos.

Las mentiras azules importan 

De acuerdo con una investigación que realizó USA Today, al menos 85.000 policías han sido investigados por mala conducta a lo largo de la última década, entre los cuales hay 22.924 investigaciones por un uso excesivo de la fuerza; 3.145 denuncias de violación, abuso infantil o cualquier otra conducta sexual inapropiada; 2.307 presuntos casos de violencia doméstica; y 2.645 casos de obstrucción policial de una investigación, perjurio, falsificación de informes y/o manipulación de testigos o pruebas. Estas cifras, por sobrecogedores que parezcan, podrían ser solo la punta del iceberg.

La primera (y quizá la más insidiosa) línea de defensa que protege a los policías corruptos es el conocido como “muro de silencio azul”. Son muy pocos los casos en los que la policía denuncia los errores, mala conducta o los delitos cometidos por sus compañeros. En muchos casos, esos compañeros permanecen impasibles mientras se cometen los abusos. En otros casos, ayudan de forma activa a los agentes a ocultar sus irregularidades. Según un estudio del Departamento de Justicia, la mayoría de los agentes afirma que “no es extraño que un policía haga la vista gorda ante una conducta inapropiada de otro agente” y un 61 % admite que no siempre informa tan siquiera de “graves infracciones penales relacionadas con el abuso de autoridad de sus compañeros policías”. Un 56 % reconoció que si un agente comunica la mala conducta de un compañero es probable que los demás “le den la espalda”. Es decir, muchos de los delitos que cometen los policías, incluidos los delitos graves, nunca dan pie a una investigación y, por lo tanto, las estadísticas del artículo del USA Today nunca los recogerán. (Además, muchas de las investigaciones formales no se registran en las actas públicas y tampoco figuran, por tanto, en los datos recopilados por el periódico). 

Más de un tercio de los asesinatos, casi la mitad de todas las agresiones y la gran mayoría de las violaciones denunciadas no desembocan en la detención y juicio de un sospechoso

Cuando las investigaciones sí se llevan a cabo, por lo general los policías cierran filas para protegerse unos a otros. Pensemos, por ejemplo, en los agentes de policía que casi matan al hombre de 75 años por empujarlo y tirarlo al suelo. Los policías involucrados fueron suspendidos sin sueldo mientras se investigaba el incidente (más tarde se les acusó de agresión). En lugar de aplaudir que se obligara a sus compañeros a rendir cuentas por un uso abusivo de la fuerza, la unidad policial de respuesta de emergencia dimitió en bloque para protestar por la medida. Como resultado de esta tendencia de los policías a cerrar filas, incluso cuando sus compañeros “obran mal”, las investigaciones por mala conducta policial terminan por lo general con las manos vacías.

Y lo que es peor, en los casos en los que se establece que se ha cometido una infracción, rara es la vez en que los agentes rinden cuentas por ello ante el sistema judicial. De acuerdo con una investigación que realizó USA Today en 2007, menos de un 5% de los casos de brutalidad policial que se envían a los fiscales de Estados Unidos llega en realidad a los tribunales. Y en esos casos excepcionales en que se lleva a los policías ante la justicia por su mala conducta, los jurados dudan a la hora de condenarlos. Solo se declara culpable a los policías en aproximadamente un tercio de los casos. 

Cuando hay policías involucrados en asesinatos, los agentes pueden por lo general recibir la absolución con solo aducir que se sintieron amenazados, incluso cuando la víctima estaba desarmada o no había cometido ningún delito, e incluso cuando el sospechoso estaba huyendo y no estaba enfrentándose a la policía. Como las posibilidades de éxito son tan bajas, los fiscales detestan presentar cargos contra policías por asesinar a civiles, aun cuando las investigaciones del departamento de policía concluyeron que se produjo una infracción. En consecuencia, en el 99% de los asesinatos policiales que se produjeron entre 2013 y 2019, nunca se acusó a los policías de ningún delito. 

Del mismo modo, la policía está exenta de responsabilidad civil ante cualquier infracción. Por lo general son los contribuyentes quienes terminan pagando la cuenta para compensar a las víctimas de la mala conducta policial. Uno de los estudios más exhaustivos que se han realizado hasta la fecha concluyó que los gastos anuales por compensaciones judiciales, tasas legales y costes del seguro de responsabilidad por los casos de mala conducta policial ascienden a 500 millones de dólares al año. ¿Lo más sorprendente? Ese estudio se centró solo en 100 de los 18.000 cuerpos policiales federales, estatales y municipales del país.

Según un estudio del Departamento de Justicia, la mayoría de los agentes afirma que “no es extraño que un policía haga la vista gorda ante una conducta inapropiada de otro agente”

De hecho, gracias a los sindicatos policiales, muchos policías ni siquiera sufren graves consecuencias profesionales por su mala conducta. Es muy difícil despedir o penalizar de forma significativa a los agentes, incluso cuando se confirman las infracciones. Peor aún, cuando a veces se expulsa a los policías por su mala conducta, estos pueden recuperar su trabajo en un tribunal de arbitraje o simplemente siendo destinados a otro distrito, ya que los sindicatos policiales obligan a los departamentos policiales a contratar a estas “manzanas podridas” a pesar de sus antecedentes por mala conducta. Diversos estudios han demostrado que estos agentes a menudo terminan después corrompiendo a sus nuevos compañeros. 

Esta impunidad es el motivo de que alguien como el asesino de George Floyd, Derek Chauvin, pudiera seguir todavía en el cuerpo de policía de Minneapolis a pesar haber recibido 17 quejas previas por mala conducta, entre las que había denuncias por un uso excesivo de la fuerza, por emplear repetidamente una fuerza letal y hasta compareció frente a un jurado de acusación para ser objeto de posibles acciones penales por un incidente anterior. Ese es el motivo también de que sea poco probable que los policías que golpearon repetidamente a los que se manifestaron para protestar contra asesinato ilegal de Floyd sufran consecuencias significativas por sus actos. Aunque son conscientes de que los transeúntes y los periodistas les están grabando, y aunque muchos de ellos llevan también cámaras portátiles, continúan comportándose de manera poco profesional, seguros, porque saben que no tendrán que rendir cuentas ante nadie. Mientras esto siga siendo así, la corrupción y el abuso policial continuarán siendo preocupantemente habituales entre las fuerzas policiales. 

Se puede y se debe honrar el sacrificio y el riesgo que la policía contrae en nuestro nombre. Sin embargo, esto no nos obliga a exagerar los peligros que conlleva el mantenimiento del orden público, ni a exagerar la eficacia de la policía, ni tampoco a hacer la vista gorda ante abusos realmente graves. La gratitud no puede servir como autorización para que los policías cacen a aquellos que se supone que tienen que servir y proteger. No se puede permitir que la policía esté por encima de la ley que ha jurado defender.

––––––-

Musa al-Gharbi ostenta una beca Paul F. Lazarsfeld en la facultad de sociología de la Universidad de Columbia. Los lectores pueden familiarizarse con sus investigaciones y conectarse a sus redes sociales a través de su página web.

Traducción de Álvaro San José.

Este artículo se publicó en The Baffler.