Ni los años más duros de la crisis de 2008 ni las importantes desigualdades económicas y laborales han impedido que la población migrante permanezca en España y alcance unos niveles de arraigo en la sociedad cada vez más altos y fortalecidos. Esta es una de las principales conclusiones de un extenso estudio, publicado por la fundación Foessa y el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (IUEM) de la Universidad de Comillas (IUEM), en el que se repasa la situación de los casi 8 millones de personas de origen migrante que viven en el país y para los que la última década ha dibujado una gran paradoja en materia de integración: aunque ya estén plenamente naturalizados y asentados, este grupo sigue arrastrando los peores indicadores económicos y de segregación laboral en el país. 

Tras cerca de tres lustros de estancia media en el país, ocho de cada diez trabajadores migrantes siguen “concentrados en la parte baja de la estructura ocupacional”

La investigación, centrada en los datos provenientes de una encuesta estatal elaborada por estas entidades, no solo rompe con muchos de los mitos xenófobos que se han extendido e institucionalizado en los últimos años, sino que además constata el fuerte compromiso que viene demostrando esta población con la comunidad local y la sociedad: tres de cada cuatro personas migrantes ya lleva más de diez años en el país, y apenas un 7% de ellas se encuentra en una situación de irregularidad administrativa. Entre los que no tienen el castellano como lengua materna el dominio del idioma es alto, mientras que el nivel educativo general de las personas con origen fuera de España es similar al de la población nativa. Y, lejos de esa imagen desvirtuada de población de paso o en búsqueda de trabajo temporal, los planes de futuro de la población migrante pasan por permanecer en España, especialmente entre las mujeres.

Esto se puede comprobar, por ejemplo, en los datos sobre movimientos de población registrados durante los años de la crisis, cuando ni siquiera los peores picos de la recesión provocaron un retorno masivo a los países de origen. Por el contrario, lo que sucedió a partir de 2009 fue una disminución y estabilización de los procesos de entrada en el país, lo que constata, según el documento, que son las propias redes migratorias, y no otros elementos como el control fronterizo, los que adaptan los flujos de población a la realidad económica. 

Sin embargo, toda esta intensa trayectoria de arraigo social –el 94% de la población con origen en el extranjero se percibe integrada en España– no se ha desarrollado de forma paralela a otros procesos de integración laboral y económica, hasta el punto de que, tras cerca de tres lustros de estancia media en el país, ocho de cada diez trabajadores migrantes siguen “concentrados en la parte baja de la estructura ocupacional española”. 

Esto es, la gran mayoría de las personas migrantes que accedieron a trabajos elementales a su llegada a España se encuentran atrapados en una segregación laboral que empuja a que la mitad de los titulados universitarios de origen migrante siga desarrollando ocupaciones en el empleo doméstico, la construcción, la hostelería o la limpieza. Por su parte, apenas un 20% está integrado en “los segmentos ocupacionales medios y superiores de la sociedad española”.

Un 60% de las personas migrantes que ocupan trabajos elementales sufren inestabilidad laboral, ya sea en forma de temporalidad, bajos salarios o informalidad

Pero los problemas relacionados con la integración socioeconómica no se limitan, según el estudio, al enquistamiento en los mecanismos de movilidad social. La generalización de la precariedad laboral que ha inundado el mercado de trabajo en España en los últimos años también ha afectado sobremanera a población con origen fuera del país: cerca de un 60% de las personas migrantes que ocupan trabajos elementales sufren inestabilidad laboral en alguna de sus formas, como pueden ser la temporalidad, la parcialidad, los bajos salarios, el desempleo o incluso la informalidad –que afecta a un 20% de la población migrante a pesar de que la mayoría cuenta con permisos de trabajo–. 

En este punto, la investigación de FOESSA y el IUEM se muestra especialmente crítica con el proceso de devaluación laboral que ha vivido España y las dinámicas del modelo intensivo –centrado en el trabajo barato y flexible–, donde las personas con origen en el extranjero son la última frontera: las tasas de pobreza entre la población migrante doblan, en la mayoría de los indicadores, a los de la población nativa, mientras que su acceso a los mecanismos públicos de protección es muy limitado. 

Aquí, de nuevo, los clichés y leyendas sobre el abuso del sistema de bienestar y los servicios públicos quedan desdibujados si se atiende a otros indicadores –como los relacionados con ámbitos clave en la sostenibilidad del gasto público como las pensiones o la sanidad–, donde se comprueba que la población migrante no solo ha sido fundamental para el crecimiento expansivo y el sistema de bienestar durante los últimos años, sino que además se ha visto infrarrepresentada en los esquemas de protección social de país. 

Un extremo que, según el estudio, se hace especialmente relevante en el contexto de una España cada vez más envejecida, donde la juventud de la inmigración –36 años de media– “se traduce en tasas de natalidad y actividad más altas y en una menor utilización de los sistemas de bienestar social”.