Comentario introductorio

A través de su propia familia, alemana por parte paterna y francesa por la de su madre, Géraldine Schwarz (Estrasburgo, 1974) se adentra en el período más trágico del siglo XX, el del auge de los fascismos, la guerra mundial, la posguerra y la evolución hasta nuestros días siempre con el pasado traumático de fondo. El abuelo alemán fue un mitläufer (cómplice pasivo de un régimen criminal), uno de tantos miembros del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán que se benefició del expolio judío, y el abuelo francés, gendarme en la Francia de Vichy, colaborador con el nazismo tras la invasión de Francia por el ejército alemán y por tanto también cómplice del nazismo. Entre ambos casos, la propia Schwarz considera que para el desarrollo democrático ha sido mucho más positiva la evolución habida en Alemania que la experiencia francesa. Sobre esta base se expone y se analiza lo que cada país ha hecho respecto a su propia historia.

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Me centraré en el caso alemán por su mayor cercanía a la experiencia española y por formar parte ambos del tronco de los fascismos. Hay que decir, no obstante y sin que esto invalide en modo alguno la obra, que la autora muestra en ocasiones una visión un tanto complaciente, e incluso selectiva de la realidad, de lo ocurrido en Alemania, ya que realmente hasta que desapareció la “generación culpable” poco se pudo hacer. Por otra parte, en lo que se refiere a la unificación alemana se percibe claramente cierto maniqueísmo, hecho en el que quizás influya la participación de su padre en la Treuhand, la agencia encargada de privatizar todas las empresas públicas de la Alemania del Este entre 1990 y 1994, con resultados económicos y sociales desastrosos para la Alemania oriental. La consecuencia de este proceso brutal de reconversión capitalista en tan breve lapso de tiempo no fue otro que el aumento del paro a niveles desconocidos y la creación de las bases que llevarían al surgimiento de la extrema derecha y del revisionismo histórico. 

Con los 'comunistas' de la RDA hicieron de inmediato lo que no habían querido hacer con ellos mismos: abrir los archivos, garantizar el acceso a los documentos y rehabilitar a las víctimas

Por otra parte, mostrarse ante el mundo como los campeones de la superación del pasado ha resultado una operación muy rentable a todos los niveles. De ahí que algunos piensen que la memoria histórica alemana ha estado muy orientada hacia la galería. Por lo demás hay que señalar la diferencia entre cómo abordaron el pasado en la zona occidental y en la oriental, ya que con los “comunistas” de la RDA hicieron de inmediato lo que no habían querido hacer con ellos mismos: abrir los archivos, garantizar el acceso a los documentos y rehabilitar a las víctimas. Además, frente a lo que la realidad ha mostrado en varios países, se viene a decir que es la política y no los movimientos sociales la que ha movido los procesos de memoria histórica. Sin embargo, lo común ha sido tanto en Europa como en otros lugares del mundo que la política se mueva tras el activismo social. En este sentido la autora no parece reconocer el papel que en la revisión del pasado merecen la literatura (Peter Weiss, Günter Grass, H.M. Enzensberger entre otros) ni la reforma educativa realizada a fines de los sesenta con Gustav Heinemann en la presidencia y Willy Brandt como canciller. Ambos, opositores al nazismo, plantaron así las bases del conocimiento de la historia reciente.^[1] Pero veamos con más detalle los contenidos del libro que me han hecho pensar en las diferencias con el caso español.

Cómo se afrontó el pasado

Tras la derrota de Hitler los aliados establecieron cuatro grados de implicación en los crímenes del nazismo: incriminados mayores, incriminados, incriminados menores y los mencionados mitläufer. Estos últimos salieron prácticamente indemnes de la criba, con dos salvedades: tuvieron que devolver los negocios robados a los judíos y se les complicó el acceso al funcionariado. Hablamos de ocho millones de alemanes. Además fueron despedidos los funcionarios inscritos en el partido nazi antes de mayo de 1937, a los que se consideró afiliados por convicción. Este proceso culminó con los juicios de Núremberg a fines de 1945, en los que por iniciativa norteamericana fueron juzgados 24 altos cargos nazis. Observa la autora que una tía suya nacida en 1936 tenía conocimiento de los crímenes del nazismo, mientras que su padre, nacido en 1943, lo ignoraba en absoluto. La explicación era simple: la primera fue a la escuela cuando los estadounidenses intentaban reeducar a los alemanes y el segundo cuando aquel espíritu había sido eliminado.

En enero de 1948 el abuelo alemán recibió una carta de un abogado por la que Julius Löbmann, desde Chicago, reclamaba 11.000 marcos acogiéndose a la ley, solo vigente en la zona americana, que establecía reparaciones para los judíos expoliados. Löbmann era el propietario del negocio del que se apropió el abuelo. Hablamos de la ciudad de Mannheim, en la que fueron destruidas tres sinagogas, saqueados los negocios y viviendas de los judíos y enviados a Dachau muchos de ellos. Cabe imaginar el desasosiego que estas demandas crearon en la sociedad alemana, carente por completo de cualquier signo de arrepentimiento y en la que muchos, como la abuela alemana de la autora, pensaban que “si el Führer lo hubiera sabido, no habría permitido que ocurriera”.

El cambio vino con la llegada al poder de Konrad Adenauer en 1949, quien entre sus primeras medidas aprobó una amnistía de la que se beneficiaron miles de nazis, algunos de los cuales habían estado implicados en crímenes. El fin del débil proceso de desnazificación avanzó en 1951 cuando una nueva ley permitió que 300.000 funcionarios y soldados despedidos por su afinidad al nazismo, entre los que había incluso miembros de la Gestapo, fueran readmitidos. La autora ofrece porcentajes de lo que acarreó tal medida: los beneficiados por la ley suponían el 77% del Ministerio de Defensa, el 68% del de Economía, el 58% de Prensa e Información del Gobierno, el 40% de Interior y porcentajes muy elevados en Enseñanza y Justicia. Este proceso se consumó con la aprobación en 1954 de una ley que reconocía como atenuante la “obediencia en estado de urgencia”, que salvó a todo tipo de criminales y cargos nazis. Poco después se produjo un hecho que debe señalarse: las presiones de Alemania impidieron que el filme documental de Alain Resnais sobre el holocausto Noche y Niebla (1955) se exhibiera en el festival de Cannes.

Avanzados los cincuenta, cuando aún se mantenía que la Wehrmacht (ejército alemán entre 1933 y 1945) no tuvo relación con los crímenes nazis, en medios militares se prohibió la apología del nazismo

Lo único que se mantuvo fue el pago de reparaciones económicas, que se realizó en dos etapas, una primera de restitución de bienes y dinero robado a los judíos por particulares, y otra segunda en la que se indemnizaron daños no materiales como cárcel, maltrato, tortura o muerte. Incluso se realizaron pagos a algunos países europeos y a Israel, conscientes de que así mejorarían su imagen a nivel internacional. Por su parte la derecha se movilizó acusando a los judíos de reclamar bienes que nunca fueron suyos y caldeando el ambiente para conseguir la liberación de los nazis presos fuera de Alemania. La década de los 50 trajo la rehabilitación del pasado en la política, la prensa y la enseñanza. Según le contaba a la autora su padre, en la escuela la historia se detenía en la República de Weimar; la Segunda Guerra solo se explicaba en los institutos, pero de manera parcial y superficial, y en las enciclopedias de la época era imposible encontrar conceptos como “campo de concentración” o “SS”. Se ocultaba igualmente que entre 1940 y 1945 se dictaron en Alemania 16.000 penas de muerte y el papel que la Justicia tuvo en la legitimación de la violencia.

Géraldine Schwarz establece el punto de ruptura en el momento en que Fritz Bauer, fiscal general del estado federal de Hesse, inició su lucha contra la impunidad cuando entendió que el único punto de partida válido para la RFA exigía “erradicar las raíces del nacionalsocialismo, que  pasaba obligatoriamente por una confrontación honesta con el pasado”. Lo primero que consiguió, en 1952, fue establecer jurídicamente que el Tercer Reich había sido un “Estado de no derecho”, legitimando así los levantamientos y atentados contra el régimen y el Führer. De Bauer partió la operación que llevó en 1960 a Adolf Eichmann al banquillo, consiguiendo de este modo que las víctimas fueran escuchadas públicamente. No obstante, según la autora, en Alemania se emitieron las sesiones del juicio en medio de la mayor indiferencia. Poco antes, en 1959, había tenido lugar en Colonia un hecho grave cuando un memorial que recordaba a las víctimas apareció pintado de cruces gamadas, hecho que se extendió en las semanas siguientes a otros lugares. Nuevamente la imagen internacional obligó a tomar algunas medidas.

En 1963 Bauer, quien mantenía que “nadie tenía derecho a ejecutar una orden que implica una acción criminal”, logró sentar en el banquillo a 22 colaboradores de Auschwitz, consiguiendo que intervinieran más de 200 testigos de todo el mundo. Para el fiscal lo que realmente importaba, más allá de los casos concretos, era mostrar “la magnitud de la culpabilidad alemana”. Pero la negación del crimen estaba aún totalmente extendida y, aunque en su contra jugaba la abundante documentación generada por el nazismo, el proceso constituyó una nueva victoria para el olvido. Pese a todo, la sociedad alemana hubo de acostumbrarse a que se hicieran públicas las atrocidades nazis. Ya avanzada la década de los cincuenta, cuando aún se mantenía que la Wehrmacht (ejército alemán entre 1933 y 1945) no tuvo relación con los crímenes nazis, en medios militares se prohibió la apología del nazismo. Y en 1965, cuando se debatió el plazo de prescripción de los crímenes, que entonces era de 20 años, el filósofo Karl Jaspers publicó en Der Spiegel unas declaraciones en las que defendía la imprescriptibilidad del genocidio, lo cual supuso llevar al debate público las diferencias entre crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, definidos estos como “la presunción de tener derecho a decidir qué grupos de personas o de pueblos tienen derecho a vivir”. El resultado fue que se prolongó el plazo de prescripción.

Ya en esos años los jóvenes comenzaron a preguntar a sus padres sobre su vida durante el nazismo y se empezó a ser consciente del papel de los mitläufer. Géraldine Schwarz da un ejemplo de lo que esto supuso a nivel familiar: su padre captó que el mobiliario de la casa familiar estaba por encima de su estatus social, por lo que debía proceder de bienes judíos comprados a saldo cuando se ocuparon sus viviendas. El ansia de saber también llegó a la enseñanza. En 1979 se estrenó en Europa la serie Holocausto, que pese a su mediocridad llamó la atención y fue vista en Alemania por 20 millones de personas, la tercera parte de la población. Después de cada episodio había un debate de historiadores en el que al final la gente podía llamar. Holocausto se benefició del trabajo previo de escritores, documentalistas e historiadores. Poco después el Bundestag decidió que los crímenes contra la humanidad no podían prescribir. Y en 1982 vio la luz al fin la obra de Raul Hilberg La destrucción de los judíos europeos (Akal, 2005), el gran trabajo sobre la Shoá que tantas dificultades tuvo que superar hasta su publicación, contadas con detalle en la obra del mismo autor Memorias de un historiador del Holocausto (Arpa, 2019).

En 1985 el presidente democristiano Richard von Weizsäcker, que había alcanzado el grado de teniente durante la guerra, declaró: “El 8 de mayo [día de la capitulación alemana] fue un día de liberación. Nos liberó a todos del sistema de dominación nacionalsocialista, basado en el desprecio del ser humano. Debemos mirar la verdad de frente, sin adornos ni parcialidad, y tenemos la fuerza para hacerlo. (…). Nuestra memoria histórica debe ser la línea directiva de nuestra actitud y permitirnos realizar las tareas que nos esperan”.

En este sentido, la autora olvida que quince años antes, en 1970, durante una visita a Varsovia, Willy Brandt realizó un gesto de gran importancia histórica: arrodillarse ante el monumento que recordaba el levantamiento del gueto y pedir perdón por los crímenes cometidos por Alemania durante la Guerra Mundial. Todo ello facilitó que años después, en 1995, se organizara la exposición Guerra de exterminio. Crímenes de la Wehrmacht (1941-1944), que acabó de raíz con el mito del Ejército ajeno al terror nazi al mostrar su historial criminal, por más que provocó tal movilización por parte de la derecha que finalmente fue clausurada y reformada cuatro años después.^[2] Lo cual no es de extrañar cuando hasta el mismo Helmut Kohl creía en la limpieza de la Wehrmacht. Por otra parte, en 2000, con el socialdemócrata Gedhard Schröder en la cancillería, se creó tras una serie de acuerdos internacionales la Fundación Recuerdo, Responsabilidad y Futuro, dedicada a indemnizar a los trabajadores forzados de diversos países europeos y dotada con más de 10.000 millones de marcos proporcionados a medias entre el Estado y más de 6.000 empresas privadas. Hasta ese momento habían vivido mejor los exnazis que los expresos. Además, al mismo tiempo que los medios de comunicación se abrían al debate social, bancos y empresas abrieron sus archivos a los historiadores, lo que lleva a la autora a decir que “los archivos también son una muralla contra el olvido”. En 2005 ministerios e instituciones públicas pidieron a “historiadores independientes” que trabajaran sobre su papel en aquellos años.

Hasta aquí las notas que fui tomando del libro de Géraldine Schwarz, que concluye con la idea de que sin los trabajos de memoria se acaba relativizando el fascismo. Es este el momento en que se pasa al epílogo firmado por José Álvarez Junco, anunciado en portada. El salto es de tal calibre que uno llega a plantearse si Álvarez Junco ha leído el libro y si las páginas que escribe no estaban pensadas para otra obra. Ajeno al libro y a lo que en él se trata, su obsesión parece ser resaltar una vez más la transición, como si esta tuviera algo que ver con lo ocurrido en Alemania. Resulta evidente que pertenece a esa generación que sacándola de ahí y del régimen que contribuyeron a crear se encuentran absolutamente descolocados. Es lógico pues que piense que fueron “los más inteligentes de la izquierda”, entre los que debe contarse, los que hicieron posible la transición.^[3] No es extraño que Jordi Gracia aluda en un artículo reciente al “valent epíleg” (valiente epílogo) de Álvarez Junco.^[4] Lo que no deja de llamar la atención es que en el espacio que dedica al caso español no haga la más mínima alusión a la evolución de la memoria histórica en España. Y digo esto porque en su currículum consta haber presidido la comisión interministerial que elaboró en 2007 aquello que impropiamente se dio en llamar “ley de memoria histórica” y haber sido vicepresidente de la surrealista comisión constituida en Madrid en la época de Manuela Carmena para la revisión del callejero, que acabó en otro sonoro despropósito.

Dicho esto, cabe explicarse que, cuando el 31 de marzo de 2020 el blog conversacionsobrehistoria publicó una reseña de Zita Arenillas sobre el libro de Schwarz, en un comentario escrito por Bartolomé Clavero se leyera: “¿Qué hace un amnésico español epilogando una obra contra los amnésicos europeos? Seguimos con el trampantojo de la memoria del nazismo encubriendo la desmemoria del franquismo”.

Desde España

¿Qué decir del caso español tras leer Los amnésicos? De entrada hay que plantear la gran diferencia entre Alemania y España, que no es otra que, al contrario que el nazismo, el fascismo español se perpetuó con el beneplácito de los aliados durante cuatro décadas y, llegado el momento, impuso el modelo de transición, basado en el retorno a la monarquía, la ley de (auto) amnistía, los “pactos de la Moncloa” en su vertiente económica, una constitución acorazada que dejaba el futuro encauzado y una ley electoral al servicio del bipartidismo. Todo ello conduce a lo que se conoce como el Régimen de 78, caracterizado por la restauración de la monarquía desaparecida por méritos propios en abril de 1931, por la consolidación de los poderes económicos que venían de la dictadura, por el olvido de los crímenes del fascismo y por favorecer que a partir de 1982 el país fuera regido durante décadas por un partido centrista que se sumó a las políticas de olvido y una derecha que nunca rompió con el franquismo.

Con ese modelo de transición aquí nunca se planteó la devolución de lo robado y mucho menos la salida de los franquistas de espacios tan sensibles como el judicial o el militar. De hecho, uno podía entrar en una dependencia militar y encontrarse en las paredes de los despachos fotos de Franco o Queipo. La gente que partió al exilio y perdió su patrimonio y tuvo que rehacer su vida a duras penas nunca recibió compensación alguna. En Mannheim fueron destruidas las sinagogas y asaltados los negocios y viviendas de los judíos; en España los golpistas, en su avance hacia Madrid, no solo asaltaron, saquearon y destruyeron lo que les vino en gana sino que pusieron en práctica un plan de exterminio que dejó la ruta sembrada de cadáveres. Leyes similares a las de Adenauer se resumen aquí en la ley de amnistía, pero no porque se pudiera producir un hipotético proceso de desfranquización sino preventivamente antes de la aprobación de la Constitución. Es decir, que si en Alemania permitieron que el Estado fuese ocupado de nuevo en porcentajes importantes por individuos de pasado nazi, en España se actuó de manera que nada alterara el orden establecido, de modo que el aparato de Estado franquista pasó íntegro a la democracia.

Con ese modelo de transición aquí nunca se planteó la devolución de lo robado y mucho menos la salida de los franquistas de espacios tan sensibles como el judicial o el militar

Lógicamente en España no hubo reparación alguna por daños materiales e inmateriales. Tal cosa solo existió para los vencedores tras la guerra. En 1978, mediante el llamado real-decreto ley “por el que se conceden pensiones a los familiares de españoles fallecidos como consecuencia de la guerra 1936-1939”, se trató de compensar a las familias de los desaparecidos pagándoles 1.172 pesetas al mes (7 euros), cuando el salario medio andaba por las 17.000 pesetas mensuales (102 euros). Hay que observar que el decreto limitaba las pensiones a quienes habiendo participado en la guerra “hubieran muerto en acciones bélicas o como consecuencia inmediata de las heridas en campaña”, aunque luego, en disposición adicional, se incluyera a “los que sin haber participado en acciones de guerra” hubieran muerto violentamente o hubiesen sido ejecutados.

Tantas vueltas para no reconocer abiertamente el verdadero objetivo del decreto, que no era otro que las víctimas de la represión franquista. Pese a disponer de medios para saber quiénes habían sido asesinados, el Estado obligó a las familias afectadas a demostrar que habían muerto, lo cual motivó un caos administrativo que afectó a ayuntamientos y juzgados, y que supuso la inscripción fuera de plazo de miles de personas, muchas de las cuales fueron inscritas por segunda vez dada la dificultad de localizar sus anteriores inscripciones en los Libros de Defunciones. En realidad hubiera bastado con que el Ejército, la Guardia Civil o la Policía proporcionaran los listados de víctimas que conservaban. Aunque tal cosa hubiera supuesto reconocer su implicación en aquellos crímenes contra la humanidad.

En España al único juez que intentó llevar justicia a las víctimas del franquismo, Baltasar Garzón, titular del Juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional, le costó su expulsión de la carrera judicial. Representó una oportunidad perdida que hubiera puesto un buen final al movimiento en pro de la memoria iniciado en 1996 y consolidado a partir de 2002. Pero ni el poder político ni el judicial ni el mediático estaban dispuestos a permitirlo. En Alemania jugó un papel importante en el establecimiento de la verdad la masa documental que dejó el nazismo; en España los fondos relativos al denominado Movimiento, entre los que destacaban los de Falange, fueron destruidos en la transición por orden del entonces ministro de Gobernación Rodolfo Martín Villa, miembro de Falange durante la dictadura. La investigación del golpe militar y la represión siempre ha constituido un camino sembrado de dificultades y el proceso de apertura de los archivos, aún inacabado, ha sido un proceso lento y difícil. Los diferentes gobiernos han permitido que los cuerpos y organismos implicados en la represión hagan con su documentación lo que prefieran, desde administrarla a su antojo hasta destruirla. Si en Alemania los archivos constituyen una muralla contra el olvido, en España no han dejado de ser una muralla contra la memoria.

En España los fondos relativos al denominado Movimiento, entre los que destacaban los de Falange, fueron destruidos en la transición por orden de Martín Villa

La apología del franquismo nunca se había planteado hasta que recientemente la coalición PSOE-Podemos se mostró partidaria de hacer algo sobre esto. La respuesta mayoritaria de los juristas fue contraria a que se legislara en tal sentido, ya que, según decían, conculcaba la libertad de expresión y era por tanto inconstitucional. Sin embargo, en un país en el que tanto la derecha como la ultraderecha no han dejado de decir barbaridades contra el movimiento de memoria histórica y sobre las víctimas del franquismo, esto no soluciona el dolor que causan, sabedores de la impunidad de que gozan. De este modo, la doctrina del Tribunal Constitucional se aleja en este sentido de la de los países europeos, caso de Alemania, Francia e Italia, que, conscientes de su pasado y de que la libertad de expresión no debe existir para el fascismo cuando incurra en dicha apología, optaron por una “democracia militante” orientada a la autoprotección. No resulta extraño que unas instituciones judiciales procedentes del franquismo y estrechamente ligadas al poder político opten por no castigar la apología del golpismo y de la dictadura.

Si en Alemania se emitió la serie Holocausto en 1979, en España se pudo ver en 1987 el programa de treinta capítulos España en guerra, que con Manuel Tuñón de Lara a la cabeza reunió a un equipo de historiadores que pretendió abarcar todas las tendencias.^[5] Tras cada capítulo, ya muy tarde, había un debate transmitido por la radio que mostró la ignorancia y el desconcierto con que algunos sectores de la sociedad española recibían esos contenidos. Al ser emitido los miércoles por la noche, tras el partido de fútbol que la TVE solía transmitir ese mismo día, el programa fue víctima de constantes cambios de hora, llegando a veces a emitirse a media noche. Igualmente, en diversas ocasiones, la emisión fue pospuesta a la semana siguiente. Unido a este maltrato, que mostraba la desgana con que la dirección de TVE afrontó el proyecto, la derecha y sus medios montaron una campaña permanente contra el programa, cuyo resultado fue que algunos de los historiadores que intervinieron fueron objeto de todo tipo de insultos y amenazas.^[6] Ni la historia ni la memoria democrática tenían cabida en la España de 1987. ¿Cómo olvidar la declaración oficial del gobierno encabezado por González y Guerra en 1986, con motivo del 50 aniversario de la guerra civil, en la que además de honrar la memoria de los que dieron su vida por la libertad y la democracia, mostraban “su respecto a quienes, desde posiciones distintas a las de la España democrática, lucharon por una sociedad diferente a la que también muchos sacrificaron su existencia”. 

El alumnado, salvo excepción, podía y puede acabar la Enseñanza Secundaria Obligatoria, e incluso sus estudios universitarios, sin tener ni idea de la historia reciente de su país

El impacto que tuvo en Alemania la obra de Raul Hilberg y el conocido por Historikerstreit (debate de los historiadores) en la década de los ochenta sobre el origen y desarrollo del nazismo hasta su derrota, mostró la importancia que la historia fue adquiriendo para la sociedad. En este contexto hay que situar la declaración de 1985 del presidente democristiano Weizsäcker celebrando el aniversario de la capitulación nazi y reivindicando la memoria histórica. El gran mito del Ejército inmaculado ajeno a los crímenes nazis caería a mediados de los noventa con la exitosa exposición sobre “Los crímenes de la Wehrmacht”. Todo esto culminará con la creación de la fundación que debía indemnizar a los trabajadores forzados con fondos tanto del Estado como de las empresas privadas. Solo resta decir que, desde los ochenta, los planes de enseñanza habían asumido la necesidad de mostrar a las jóvenes generaciones qué fue el nazismo. El historiador Ludger Mees estableció las bases para que la sociedad afrontara el pasado: la existencia de un debate académico sobre el tema, la implicación no partidista de las instituciones y la socialización de debate. Ninguna de ellas se dio en España.

En nuestro país las investigaciones sobre el golpe militar y la represión, temas sobre los que existía un vacío total, fueron abordadas tímidamente desde fines de los setenta. Pronto quedó claro que lo que se llamaba “Guerra Civil” no fue sino un calculado plan de exterminio en más de medio país. Como casi toda la Universidad se mantuvo al margen –no en vano los departamentos de historia estaban en manos por lo general de profesores allí instalados desde hacía décadas–, el trabajo hubo de hacerse por libre, con la participación de maestros, licenciados, profesores de Secundaria, etc. Al hacerse de esta manera, y debido a que los planes de estudios relegaban constantemente a un plano secundario la enseñanza de lo ocurrido en España entre 1931 y 1978, el resultado de las investigaciones no se trasladó a la sociedad. El alumnado, salvo excepción, podía y puede acabar la Enseñanza Secundaria Obligatoria, e incluso sus estudios universitarios, sin tener ni idea de la historia reciente de su país. En este contexto resulta impensable que algún gobierno adoptase una postura clara respecto al pasado y a la importancia de la memoria histórica. En la derecha, porque iría contra su esencia, y en el centro, por su ambigüedad, ya que, si Felipe González decidió “no mirar atrás”, el compromiso de Rodríguez Zapatero tampoco sirvió de mucho. El resultado es que la historia reciente viene a ser un campo minado que casi todos quieren eludir.

La investigación sobre los perpetradores, siempre posterior a la de las víctimas, se produce normalmente cuando aquellos han fallecido. En Alemania la exposición de 1995 antes comentada abrió una vía lenta y laboriosa que permitió adentrarse en el oscuro mundo de los que se sumaron a las prácticas violentas. En España ha sido más complicado, dado que la libertad de expresión choca con el concepto de derecho al honor que se coló en la Constitución, al que se acogen los familiares de personas implicadas en actos represivos para bloquear todo tipo de publicaciones. Prueba de ello son las demandas y querellas que desde los años ochenta han acompañado a las iniciativas que indagaban y exponían públicamente dichos crímenes.^[7] Aunque ha habido algunos intentos de adentrarse en el mundo de los perpetradores, en el caso español quizás la comunidad más avanzada sea Navarra, pionera en cuestiones de historia y memoria con su proyecto Fondo Documental de Memoria Histórica de Navarra (UPNA).^[8]

En cuanto a los medios de comunicación, al contrario que en Alemania, aquí no solo no han favorecido debate alguno sino que, conectados con la política como están, se alinean en general en el campo de la antimemoria. Casi todos los de papel y buena parte de los digitales son de derecha o extrema derecha y han jugado un papel clave en la promoción del revisionismo neofranquista. A la derecha española nunca le ha interesado crear canales de debate sobre el pasado reciente.

Final

Resulta impensable que la derecha española llegue a un acuerdo con alguien que no sea otra derecha similar o la extrema derecha (que de ella procede) sobre cómo afrontar el pasado y de qué manera debe plasmarse en los planes de enseñanza. Basta mirar los que ha habido desde la transición hasta ahora para darse cuenta de la imposibilidad de alcanzar un acuerdo común. Y del PSOE, que estuvo en el poder durante catorce años, ¿qué cabe decir? Fue este partido precisamente el que consolidó la posición dominante de la Iglesia en el campo de la enseñanza mediante el invento de los eufemísticamente llamados “conciertos educativos” (dinero público/gestión privada), medida que se pretendió vender como transitoria hasta que el Estado dispusiera de una red pública lo suficientemente amplia como para no tener que contar con los centros privados. No les debe haber dado tiempo, porque no han dejado de crecer y de imponer sus propios “idearios” con el visto bueno de los diferentes gobiernos. Y así seguimos con un país constitucionalmente aconfesional que subvenciona con dinero de todos la enseñanza católica y concede a la Iglesia un poder y una influencia que socialmente ya no tiene.

Creía Eisenhower que la desnazificación alemana no se produciría antes de cincuenta años. Hemos visto ese proceso, que llevó entre cuatro y cinco décadas. Hablamos de un país que sufrió una derrota total. ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para que España, donde el fascismo triunfó, afronte su pasado de manera que se pueda superar? ¿Cuándo se pondrá fin a la existencia de cientos de fosas comunes dignificando los restos humanos que contienen? ¿Cuándo se anularán las sentencias políticas dictadas por la maquinaria judicial militar franquista? ¿Cuándo se abrirán a la investigación todos los fondos documentales que cumplan los plazos legales? ¿Cuándo se dotará a los archivos del personal suficiente para que cumplan sus funciones? ¿Cuándo pasará toda la documentación de carácter represivo relativa al ciclo histórico 1931-1955 a manos civiles? ¿Cuándo se dedicará la atención que merece a la enseñanza de la historia reciente en la ESO? ¿Cuándo se reconocerá el carácter criminal y genocida de un régimen que, además de acabar con la vida de miles de personas sin procedimiento alguno, firmó más penas de muerte que Alemania e Italia juntas?^[9]

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