España está perdiendo, de forma cada vez más evidente, el tren del trabajo decente. Esta es la conclusión más comedida que se puede extraer de un nuevo informe publicado por la fundación FOESSA para el que no hacen falta, sin embargo, lecturas más descarnadas. Basta simplemente con atender a algunos de los datos recopilados en el estudio, que muestran cómo nuestro país está construyendo un mercado laboral cada vez más hostil y precarizado donde cerca de 2,5 millones de trabajadores, un 13% de la fuerza laboral, es pobre. La pobreza severa, por su parte, afecta a casi 600.000 personas ocupadas.

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Estas cifras son quizá la evidencia más sangrante de la creciente precarización que está viviendo nuestro modelo productivo. Pero desde luego no es la única: parcialidad indeseada, inestabilidad o informalidad son otros de los rasgos que empantanan el derecho a un trabajo decente en España, y que provocan que cerca de 7,8 millones de personas vivan en hogares donde el sustentador principal tiene una relación muy insegura con el empleo.

El estudio, donde se actualizan las estadísticas que ya recogió el año pasado esta fundación de estudios en su informe anual, advierte que, lejos de reducirse, muchas de estas tendencias se están asentando, haciendo cada vez más difícil que el trabajo sea una herramienta para cubrir las necesidades básicas. Hoy por hoy, casi un 35% de la fuerza laboral se encuentra fuera de la norma social de empleo. Esto es, población empleada que no trabaja las horas suficientes y durante los periodos de tiempo deseables por no contar con un contrato indefinido y de jornada completa.

Prueba de esto es que la mitad de las personas que tienen una jornada parcial en el país “se mantienen en esa situación contractual porque no han podido encontrar un trabajo a jornada completa o conseguir la ampliación horaria en su actual empleo”. Por su parte, las cifras más recientes indican que apenas un 8,6% de los contratos que se firmaron este mes de agosto fueron indefinidos.

Si bien la precariedad y la dificultad para acceder a un trabajo decente son rasgos generalizados del modelo económico del país, el análisis por sectores y grupos de población también demuestra que estos problemas no afectan con la misma intensidad en todos los segmentos del mercado de trabajo. Solo en el sector de la hostelería, los sueldos son un 40% más bajos que en el resto del país.

En el caso de las mujeres, la brecha salarial sigue encallada y su salario es de media un 21% inferior al de los hombres, mientras “la población de origen extranjero sufre de forma especialmente grave la vulneración del derecho al trabajo decente”. No solo por una desigualdad salarial que llega al 24%, sino también por el alto grado de informalidad que sufren, un extremos que afecta a 615.000 personas en el país.

Todas estas cifras y estadísticas conducen, inevitablemente, a que mucha población no pueda garantizarse una vida digna ni siquiera a través del empleo, hasta el punto de que cuatro de cada diez familias que sufren inestabilidad laboral grave se han visto obligadas a pedir ayuda económica a familiares y amigos.

Que la mitad de los hogares en esta situación no cuenta con recursos para hacer gastos imprevistos también tiene un impacto sobre ámbitos tan esenciales como la vivienda o la educación: hasta un 18,6% de las personas con inestabilidad laboral han recibido avisos de corte de suministros (18,6%), y un 13% de las familias tiene dificultades para pagar el material escolar.

En último término, el documento de FOESSA también alude a la escasez y la ineficacia de las políticas públicas que se han puesto en marcha desde el sistema de protección para acabar con estos problemas estructurales. Prueba de esta inoperancia y falta de adaptación es que apenas un cuarto de los 7,8 millones de hogares que sufren una inestabilidad laboral grave recibe “algún tipo de prestación por desempleo o renta mínima de inserción”.

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