La llegada del coronavirus han destapado muchos de los problemas que arrastraba España desde la recesión de 2008, como los altos niveles de pobreza, la falta de acceso a la vivienda, o la extensión de la precariedad laboral. En el caso del sector de la salud –el encargado de luchar, en primera línea, contra la pandemia–, Amnistía Internacional ya advirtió hace unas semanas que España había afrontando la llegada de la covid con unos enormes déficits de financiación y recursos tras un década perdida en materia presupuestaria. Ahora, un informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) señala que la reducción de fondos no ha llegado sola, sino que ha estado acompañada de un proceso de privatización que ha seguido creciendo de forma exponencial y que ha llevado a que el gasto sanitario privado ya represente más de un 29% de la inversión total en sanidad que se realiza en el país, cinco puntos más que hace diez años.

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Los datos, difundidos en el octavo informe que realiza esta plataforma sobre la privatización de la Sanidad, han sido extraídos de fuentes como la OCDE, el INE o el Ministerio de Sanidad. Si bien la FADSP señala que existe un importante problema de transparencia a nivel administrativo –que cataloga de “fraude a la ciudadanía”–, las cifras confirman que entre 2018 y 2019 se han vuelto a repetir la mayoría de tendencias asentadas en el país desde 2009, con el inicio de la crisis económica: aumento de los seguros particulares, trasvase de fondos públicos al sector privado, recortes presupuestarios, generalización...

De esta forma, los presupuestos destinados a la sanidad pública han pasado de representar el 6,78% del PIB en 2009 a quedarse en el 6,37% durante el año pasado. Estos recortes y la pérdida de peso del sector, asegura la plataforma, “han sido y continúan siendo el principal incentivo para el crecimiento del sector privado”. Tanto es así que, en la actualidad, más de 10,5 millones de personas ya cuentan con un seguro sanitario privado en España, con aumentos del 3,6% en 2018 y del 3% en 2019. A esto hay que unir otros 1,58 millones de personas provenientes del mutualismo administrativo.

“Este aumento de la provisión y el aseguramiento privado”, añade el documento, “va unido a una mayor desigualdad y a exclusiones porque solo acceden a estas fórmulas las personas con más recursos”.

En términos generales, los datos más recientes, correspondientes a 2019, señalan que la privatización ha continuado aumentando en todas las Comunidades Autónomas, aunque con unos grados de intensidad muy distintos que demuestran la falta de cohesión en el Sistema Nacional de Salud.

Así, Comunidades como Baleares, Canarias y, especialmente, Madrid y Cataluña, demuestran un alto grado de privatización. Son las mismas que ya aparecían en la parte superior de la lista en 2014, aunque las dos últimas no han bajado de los dos primeros puestos en ningún momento.

Para medir la intensidad del proceso de privatización, la FADSP elabora un índice que otorga puntuaciones a siete variables entre las que se incluyen aspectos como el porcentaje de camas hospitalarias privadas, la presencia de modelos de colaboración público-privada o el número de consultas anuales a especialistas del sector sanitario privado por 1.000 habitantes.

En base a esto, las Comunidades se mueven en un ranking donde el mínimo se sitúa en los 11 puntos y el máximo en los 29. La Comunidad de Madrid y Cataluña, las dos CC.AA. que más han sufrido los procesos de privatización durante los últimos años, suman 28 y 26 puntos, respectivamente. También destaca el crecimiento de Andalucía, que ha subido siete puestos en el ranking de la FADSP entre el año 2019 y el 2020, y Asturias, que ha subido cuatro.

En el extremo contrario aparecen Murcia (14 puntos), Cantabria (12) y Extremadura (11), que ya era la Comunidad con menor grado de privatización en 2014.

Pese a todas estas cifras, la FADSP también destaca que privatizaciones revertidas como la del Hospital de Alzira en 2018, u otras programas como la de los centros de Denia y Torrevieja, dan ciertas esperanzas de un cambio en las dinámicas de salud. Los nuevos Presupuestos Generales del Estado, que aún deben pasar los procesos de negociación y aprobación, recogen por su parte un aumento del 75% en el presupuesto sanitario. De esta subida, una cantidad importante llegará del fondo de recuperación europeo, que destina un 11% del dinero a este ámbito.

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