El endurecimiento del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol aprobado hace unos meses en relación a las críticas hacia los árbitros por parte de jugadores, entrenadores y directivos está siendo cuestionado por su posible colisión con el derecho a la libertad de expresión que está protegido en la Constitución española. Hasta el punto de que hoy en día parece tener más riesgo de sanción el censurar la actuación de un juez deportivo que hacerlo sobre las decisiones de un político o las sentencias de un magistrado. El criterio utilizado para decidir qué manifestaciones se castigan y cuáles no está también en entredicho. El “Cucho” Hernández, futbolista del Getafe, ha sido el último en sufrir esta situación.

El delantero colombiano del club madrileño ha sido suspendido por el Comité de Competición con cuatro partidos y una multa de 601 euros por decir de la actuación de Gil Manzano, quien pitó el partido entre su equipo y el Granada, que “hasta el árbitro sabe que no hubo penal, está clarísimo. Lo que me sorprende y nos sorprende a todos es que ni siquiera se tomó la molestia de ir a verlo en el VAR. El jugador tocó primero el balón y si él interpreta que la jugada es penalti, pero al menos fuera a verlo, perfecto, pero que no vaya y lo vea me parece sorprendente la verdad. Nunca me gusta meterme en polémicas arbitrales, soy el primero que digo que el trabajo de los árbitros es difícil con tanta presión, pero se complican la vida solos. No hay ningún problema en que él se tome uno o dos minutos en ir a ver la jugada. Me molesta en lo personal que durante todo el partido fue un poco irrespetuoso con nosotros, amenazándonos desde el primer minuto. Y eso te condiciona el partido”.

La decisión es justificada por infringir el nuevo artículo 100 bis del Código Disciplinario de la RFEF, que recoge que “la realización por parte de cualquier persona sujeta a disciplina deportiva de declaraciones a través de cualquier medio mediante las que se cuestione la honradez e imparcialidad de cualquier miembro del colectivo arbitral o de los órganos de la RFEF; así como las declaraciones que supongan una desaprobación de la actividad de cualquier miembro de los colectivos mencionados cuando se efectúen con menosprecio o cuando se emplee un lenguaje ofensivo, insultante, humillante o malsonante, serán sancionados”. Resulta especialmente llamativo que se pueda recibir un castigo severo, que oscila entre los cuatro y los 12 partidos y una multa entre los 601 euros y los 3005 euros, por la simple ‘desaprobación’ de la actuación de un árbitro, aunque se añada el matiz del uso de un lenguaje inapropiado, que queda al particular parecer de las personas responsables de fallar las sanciones. ¿Les parece que lo dicho por Hernández es insultante, humillante o malsonante? ¿Acaso no se puede criticar el comportamiento que muestre el árbitro con los jugadores, si consideran que no ha sido el idóneo?

Algo parecido le ocurrió al entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, que después del partido entre su equipo y el Granada, comentó en relación a una jugada en la que el árbitro no señaló penalti a su favor, que “lo ha visto todo el mundo, pero hay tres personas que no lo han visto. La única explicación es que no lo han querido pitar”. ¿Cuestiona esa simple declaración la honradez o la imparcialidad del colegiado? Al Comité de Competición le pareció que sí, por lo que impuso al técnico una sanción de cuatro partidos, que todavía no ha cumplido al estar recurrida ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) después de que el Comité de Apelación la ratificara.

Más controvertidas resultan aún estas decisiones teniendo en cuenta que en otros casos similares no se impuso ninguna sanción. Así pasó con el entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, que, tras el penalti señalado a favor del Real Madrid en el Camp Nou en el duelo contra los azulgranas, afirmó: “No entiendo la decisión del árbitro. Solo aparece el VAR cuando hay que tomar decisiones contra el Barcelona. Las decisiones siempre son contra nosotros. Él me dice que es penalti. Yo le dije al árbitro que ojalá puedan explicarme algún día cómo funciona el VAR en España, porque llevamos cinco jornadas y el VAR siempre ha ido en contra del Barcelona. El VAR puede ser muy bueno, pero si se aplica igual para todos los equipos”.

Lo mismo pasó con el entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, que después del partido que enfrentó a su equipo con el Real Madrid, señaló que “penalti, expulsión, VAR y Real Madrid juntos es demasiado”, mientras que el portero de los verdiblancos, Joel, afirmó: “No tengo la menor duda de que nos han pitado esas jugadas porque estaba el Real Madrid enfrente. Siempre es la misma historia, son jugaditas pequeñas en un partido que siempre son a favor del grande, eso lo tengo clarísimo. Llevo muchos años en esto y siempre hay jugadas que van para el equipo grande. Esperemos que esto cambie algún día”. ¿Por qué no hubo sanción en estos casos a pesar de que en un primer momento se les abrió un expediente? Simplemente porque Competición estimó que esas declaraciones si están amparadas por “el legítimo ejercicio del derecho constitucional a la libre expresión, al no cuestionar la honradez ni imparcialidad del árbitro, ni constituir una desaprobación de la actuación arbitral empleando un lenguaje que pueda ser calificado como ofensivo, insultante, humillante o malsonante”. Viendo las declaraciones de los castigados y de los que no lo han sido cabe preguntarse si realmente hay tanta diferencia entre lo que dijeron para que a unos les proteja un derecho constitucional y a otros no.

La línea entre no aceptar ataques a la honradez de los árbitros y establecer una especie de ley mordaza amenazando con fuertes castigos es demasiado fina

Más chocante si cabe es lo que ocurrió con manifestaciones realizadas por el jugador barcelonista Sergio Busquets y el madridista Sergio Ramos. Es cierto que las hicieron antes de que entrara en vigor la última reforma de la normativa que agrava las penas, pero, en cualquier caso, podían haber sido castigadas con multas económicas y no lo fueron. Busquets señaló en diciembre de 2019 sobre una actuación del colegiado Alberola Rojas que “el VAR tiene que entrar en la última jugada. Yo creo que el árbitro lo ha visto y no lo ha querido pitar”. Por su parte, Ramos, afirmó en febrero de 2020 tras un encuentro ante el Levante y en relación a la actuación del árbitro Hernández Hernández, que “al terminar el partido le hice esa pregunta, si tenía algo personal. Me agarro a las realidades: en el minuto 10, el árbitro te condiciona con una amarilla después de sufrir un pisotón y un codazo. Hay decisiones predeterminadas. Los árbitros antes eran más respetuosos. Se podía hablar con ellos y ahora a este no se le puede hablar. Los capitanes están para ayudar al árbitro. La arrogancia se tiene o no se tiene. Es indignante”. Sin embargo, ninguno de los dos futbolistas fue sancionado. Ahora repasen las manifestaciones de Cervera y del Cucho Hernández por las que han sido castigados y piensen si no expresan situaciones similares a las que comentaron el centrocampista culé y el capitán merengue. ¿Distinta vara de medir según la importancia del jugador o el equipo al que pertenezca? Eso piensan muchos aficionados.

Ocurre que el Comité de Competición puede entrar a juzgar lo que viene recogido en el acta arbitral, pero si se trata de declaraciones una vez acabado un partido tiene que ser el Área de Integridad de la RFEF el que presente una denuncia ante Competición, para que éste pueda juzgar si merecen sanción. El Comité Nacional de Árbitros también puede solicitarla, pero siempre a través de Integridad. Esta forma de proceder puede provocar arbitrariedad en las actuaciones. De hecho, ese fue uno de los motivos por los que Ana Muñoz, ex vicepresidenta de la RFEF y ex responsable del Área de Integridad, dimitió de su puesto en enero de 2020, poco después de las palabras dichas por Busquets. Ella quiso trasladar esas manifestaciones a Competición y Rubiales no le dejó, “porque dos días después se jugaba el clásico”, según publicó El Mundo. Por eso, Muñoz, después de las palabras de Pellegrini y tras abrirse un expediente al técnico que finalmente quedó en nada, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que decía: “¿Por qué en un caso sí y en otros no? La norma, en cuanto al hecho típico, no ha cambiado. Las normas están para ser cumplidas, siempre, en todo caso, sea quien sea el destinatario, y sea quien sea quien la aplique. El resto es pura arbitrariedad y con ello injusticia”.

El Tribunal Constitucional ya ha emitido varias veces jurisprudencia sobre el derecho a la libertad de expresión, estableciendo, en términos generales, que comprende no solo la capacidad de expresar juicios de valor sino también la realización de la crítica, aunque la misma pueda resultar molesta, excluyendo frases y expresiones injuriosas, ultrajantes u ofensivas. Se entiende que la Federación y el Comité Nacional de Árbitros quieran proteger a los colegiados, pero en esa tarea da la impresión de que en algunos casos los que imponen las sanciones están yendo más allá de lo que sería deseable. Algún entrenador ya ha expresado su queja en relación a esto, como Jagoba Arrasate, el técnico del Club Atlético Osasuna, que ha afirmado que “parece que no puedes ni hablar ni dar tu opinión, nos quitan el derecho o la libertad de expresión, prácticamente. No podemos hacer nada, entre comillas. Ya estáis vosotros (por la prensa) que os dais cuenta y os hacéis eco de eso”. La línea entre no aceptar ataques a la honradez de los árbitros, como señala el presidente del estamento arbitral, Velasco Carballo, y establecer una especie de ley mordaza amenazando con fuertes castigos por hacer una crítica a una actuación es demasiado fina. Y puede resultar, además, abusiva si no se mide a todos por igual.