Catorce años después de la aprobación de la ley de dependencia, el sistema de cuidados de larga duración en España se encuentra repleto de carencias y desigualdades territoriales que están alejando el sistema de su carácter público y universal. Esto es lo que asegura un estudio publicado en los últimos días por la Fundación Alternativas en el que se repasan los casi tres lustros de implantación de este derecho en los que han emergido problemas de gran calado como la infrafinaciación, el copago, la precariedad laboral o las interminables listas de espera. En total, el estudio calcula que el 45% de la población mayor dependiente de nuestro país –190.000 personas en lista de espera y cerca de 432.000 sin el derecho reconocido– todavía no percibe atención a través del Sistema Nacional de Dependencia. 

En Cataluña, Canarias, La Rioja o Andalucía el porcentaje de población desatendida superó durante el año pasado el 25%

Más allá de la cobertura a nivel nacional, ya de por sí bastante limitada, las diferencias que se registran entre comunidades en el resto de indicadores son más que notables. En Cataluña, Canarias, La Rioja o Andalucía el porcentaje de población desatendida –esto es, con la solicitud aprobada pero a la espera de poder acceder a los servicios– superó durante el año pasado el 25%, mientras que en otras como Navarra, Castilla y León, Castilla la Mancha y Ceuta y Melilla se sitúo por debajo del 10%. 

Lejos de mejorar, en febrero de 2020 hasta ocho comunidades habían registrado un aumento en sus listas de espera, y el tiempo medio para la resolución de solicitudes se sitúo en los 426 días, muy por encima de 180 que marcan la ley. Las únicas regiones que cumplen con los plazos máximos son Ceuta, Melilla, País Vasco y Navarra. En Andalucía, Extremadura y Canarias, por el contrario, la espera supera los 600 días.

Algo similar ocurre si se atiende a las cifras de financiación recopiladas en la investigación, también muy inferiores a las de otros países del entorno y muy desiguales entre las propias Comunidades Autónomas. En Cataluña, Cantabria, País Vasco o la Rioja el gasto medio que se destina a la atención de cada dependiente supera los 9.000 euros, mientras que en Baleares, Murcia, Ceuta y Melilla la inversión se sitúa en torno a los 6.000 euros.

Sin embargo, no toda esta inversión proviene en exclusiva de los fondos públicos, sino que también se tienen en cuenta las aportaciones individuales que los usuarios realizan a través del copago. Aquí, el estudio menciona, además de la falta de armonización territorial, el carácter regresivo que muchas veces demuestra el modelo, con unas clases bajas que soportan cuotas proporcionalmente más altas que las familias con rentas altas. En total, cerca del 18% del coste del sistema de dependencia es asumido en la actualidad por los usuarios.

Otros motivos que explican la desigualdad de todos estos indicadores son las importantes diferencias que existen en la evaluación de los grados de dependencia y su reconocimiento, con regiones donde los procesos se pueden alargar hasta la extenuación o desdoblarse en múltiples procesos.

De la misma forma, la fundación advierte que “la insuficiente oferta de servicios públicos (residencias, centros de día o atención domiciliaria) que funcionen de forma adecuada y el peso excesivo de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar generan un modelo de atención con graves carencias”. De esta forma, la ausencia de un catálogo de atención homogéneo y estandarizado provoca que haya comunidades que siguen contando con un modelo basado principalmente en la atención familiar –como Murcia, Baleares y Navarra–, y otras que han incorporado una cartera orientada a los servicios residenciales, como Castilla La Mancha, Cantabria y Cataluña. 

En 2018, cerca del 40% de las plazas disponibles en residencias ya eran de financiación privada a precios de mercado

En este punto, el estudio señala la gran proliferación de centros privados registrada en los últimos años, que está provocando una demanda insatisfecha de atención residencial a precios asequibles: en 2018, cerca del 40% de las plazas disponibles en residencias ya eran de financiación privada a precios de mercado.

En relación a esto, y con las dramáticas situaciones que se han vivido en estos centros durante los últimos meses, el documento reserva también espacio para analizar los primeros efectos de la pandemia de coronavirus sobre el sistema de dependencia y sus usuarios, tremendamente golpeados y maltratados por la crisis sanitaria de los últimos meses: entre marzo y junio, el número de solicitudes descendió en cerca de 50.000, y cerca de 34.000 personas salieron de las listas de espera. 

Lejos de reflejar una expansión de la cobertura asistencial, estas cifras responden, según el documento, al colapso y los retrasos del sistema tras las medidas de confinamiento y, sobre todo, a las altísimas tasas de mortalidad entre la población de más edad: “La Covid-19 ha dejado patentes las deficiencias del sistema de protección vigente, con bajas coberturas, cuidadores desprotegidos y mal remunerados, y un modelo de atención residencial claramente obsoleto que se ha convertido en un acelerador de la letalidad del nuevo virus”.