“Pensarse al mismo tiempo como ciudadano de una nación y como miembro 
pleno de la sociedad de los ciudadanos del mundo es la idea más sublime
que el hombre puede hacerse de su destino y que uno no puede considerar sin entusiasmo”
(Immanuel Kant)

En las últimas décadas, el desarrollo de la globalización neoliberal, con énfasis en el individualismo y el desmantelamiento de lo público y del Estado de bienestar, viene trastocando el concepto de ciudadanía. Ese enfoque y esas políticas de acumulación, fragmentación y consumismo, no solo no resuelven los problemas, sino que los provocan y agravan. Frente a ello, el enfoque de los derechos y de la ciudadanía universal suponen un buen marco desde donde ir construyendo comunitaria e interculturalmente alternativas justas y eficaces. Desde ese enfoque, abordaremos, de forma sintética, las cuestiones y retos de las migraciones y el refugio.

Retos en la movilidad humana

Según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) en 2019 el número de migrantes internacionales alcanzó los 272 millones –48% de mujeres– frente a los 258 millones de 2017. De estos, 164 millones son trabajadores migrantes. Llama la atención que esos 272 millones supongan solo el 3,5% de la humanidad: ¡el 96,5 % sigue residiendo en su propio país! En la “cuestión migratoria” hay mucho de percepción distorsionada. De ese total desplazado, solo el 10% está en la Unión Europea, otra proporción que no se corresponde con el discurso político y mediático predominante. Ello no significa que la dimensión o el número no cuente, hay debate sobre los “umbrales de tolerancia”, pero es un asunto que aquí no podemos abordar. 

En cuanto a los refugiados y solicitantes de asilo, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), 70,8 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares debido a conflictos y persecuciones; de ellos, casi 30 millones son refugiados, de los cuales más de la mitad son menores de 18 años. Una parte de esos migrantes y refugiados son ya desplazados ambientales o climáticos. Aparte de los migrantes económicos o desplazados forzados por las guerras, ACNUR ha estimado que, en los próximos 50 años, por causas climáticas podrían producirse desplazamientos de entre 250 y 1.000 millones de personas.

Esos hechos y situaciones plantean múltiples retos, cuyo detalle aparece en los 23 objetivos del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (Naciones Unidas, diciembre 2018).  De forma sintética, podemos resumirlos en cinco principales: 

– Primero, cómo gestionar el acceso respetando los derechos humanos. No con “regímenes fronterizos” basados en la externalización de fronteras y las devoluciones “en caliente”, incluidas en la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, con un pronunciamiento similar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en febrero de 2020 y avaladas recientemente por el Tribunal Constitucional. No con concertinas y criminalización de las Ongs solidarias, sino en un respeto radical a los derechos humanos y un acceso real y efectivo a los procedimientos, acogida y garantías debidas. 

– Segundo, y ya en fase de asentamiento, su inclusión social efectiva – jurídica, laboral residencial, escolar, vecinal, etc.–, incorporándose como nuevos ciudadanos y ciudadanas, así como evitando guetos residenciales y situaciones de violencia directa, estructural o simbólica, de racismo institucional y explotación laboral y sexual. El abanico de mecanismos sociopolíticos y económicos que ahondan las situaciones de discriminación de género ya existentes en nuestra sociedad, y que promueven discriminación y segregación de las personas migrantes, son complejas y multidimensionales. 

– Tercero, y dado el incremento de la diversificación sociocultural, lingüística y religiosa que suponen las migraciones, cómo gestionar la creciente diversidad de una manera positiva, inclusiva, aliada con los Derechos Humanos y democrática, dando toda su relevancia a la promoción de la convivencia ciudadana intercultural en barrios, distritos y municipios. 

– Cuarto, abordar las causas económicas, políticas y ambientales de las migraciones forzadas y los procesos de exilio y desplazamiento, mediante políticas de paz, desarrollo y cooperación. 

– Por último, como un quinto reto que afecta a la viabilidad de todo lo anterior, hacer frente al auge de los discursos y políticas racistas y xenófobas, promovidos en muchos casos por gobiernos, partidos y representantes políticos y medios de comunicación, defendiendo la democracia y el estado de derecho para toda la ciudadanía. 

Y en esta última palabra queremos centrarnos. El avance hacia la ciudadanía global es el camino, el enfoque y el marco que posibilita abordar conjuntamente esos retos de forma democrática, participativa y eficaz. 

Cómo entender la ciudadanía global 

Con demasiada frecuencia en el debate público, la noción y término de “ciudadanía global” es mencionado sin mayor precisión, como un deseable horizonte para la humanidad y como una identidad en lo personal: “Me siento ciudadano/a del mundo”. Sin duda, ello es valioso y positivo, si bien para avanzar y para poder fundamentar la línea a seguir, es deseable mayor reflexión y concreción sobre cómo se entiende la ciudadanía global. Para potenciar dicha reflexión colectiva, y para aplicarlo al reto de las migraciones y el refugio, ofrecemos, como premisa abierta a la reflexión colectiva, una posible definición. 

Sintetizando, podemos entender ésta a partir de cinco elementos interrelacionados: 1) es una relación entre seres libres e iguales, 2) que son titulares de derechos y deberes, 3) dada su pertenencia a una determinada comunidad política, 4) en la que existen instituciones legítimas que garantizan esos derechos y exigen esas responsabilidades, 5) con vías y mecanismos democráticos de participación. Como puede verse, la ciudadanía tiene mucho de realidad concreta o fáctica, pero también mucho de normatividad y deseabilidad. 

Hasta el momento “ciudadanía” se ha venido refiriendo al estado nación, a cada país (tal persona es ciudadana francesa, rumana, nigeriana, etc.). Con la integración europea, ya se alcanza un nivel o ámbito que supera el del estado nación: “ciudadanía europea”, es decir una ciudadanía supranacional. Se trata de un gran avance geopolítico, institucional y simbólico, hacia la ciudadanía universal, si bien falta aún mucho camino por recorrer. Pues bien, ¿qué supone o implica que ubiquemos la “cuestión ciudadana” a nivel global?, ¿qué implica tratar de configurarla a nivel planetario? De nuevo la temática es muy amplia y merecedora de mayor reflexión en busca de sucesivos consensos. De momento, y de forma resumida, sugerimos algunas implicaciones especialmente notables, para cada uno de los cinco elementos anteriores.

Además de generar mucha más fraternidad y cultura de paz, avanzar en y hacia la ciudadanía universal requiere:
– respeto a las libertades en todos los países y superar, o al menos paliar, la enorme desigualdad existente en el mundo, tanto entre los países como al interior de cada país, las cuales provocan las migraciones y desplazamientos forzados; planteamientos y disposiciones como el de la renta básica universal y otras propuestas sobre iniciativas fiscales internacionales suponen uno de los elementos cruciales de la ciudadanía mundial; 

– respeto y no violación de los derechos humanos universales y los pactos y tratados internacionales; así como la promulgación de una carta universal de deberes y responsabilidades de las personas y los gobiernos, línea en la que se viene trabajando en Naciones Unidas;

– extensión y relevancia por doquier del sentimiento de pertenencia común y compartida a la especie, al Planeta, esto es, identificación prioritaria y cosmopolita de las personas con el conjunto de la humanidad, como una identidad que no niega las identidades particulares –nacional u otras–, pero que sirve de antídoto contra los nacionalismos excluyentes, populismos demagógicos y fundamentalismos religiosos; 

– mayor presencia, con peso, autoridad y medios, de las instituciones internacionales (Naciones Unidas, OMS, UNESCO, OIT, etc.) en el ámbito del multilateralismo democrático; 

– democratizar dichas instituciones y configurar vías efectivas de participación ciudadana en los asuntos comunes como el cambio climático, la renta básica universal, etc. y en la gestión de los bienes públicos globales (el agua, el aire, el clima, …la Tierra)

La movilidad desde el enfoque de derechos y la ciudadanía global

Si aplicamos esa noción ideal y meta de la ciudadanía mundial a las migraciones internacionales y a las situaciones y procesos de refugio y asilo, surgen una serie de criterios y políticas. La inclusión de y con las personas migrantes, además de como una cuestión que afecta a toda la población y que supone “un camino bidireccional” o de adaptación mutua entre poblaciones receptoras y recién llegadas, debe ser contemplada como un proceso de creación de nueva ciudadanía. Nueva ciudadanía por dos motivos: porque incorpora al otro como nuevo miembro de la comunidad política, y porque amplía y mejora la naturaleza de la ciudadanía democrática de dicha comunidad receptora. 

Hay varias vías de avanzar en ese sentido. Mientras “ciudadanía” equivalga a “nacionalidad” será preciso distinguir la plena ciudadanía jurídico- política, (digamos la del pasaporte) de la ciudadanía social, de residencia, local o cívica (todas estas denominaciones se están utilizado), la cual no requiere de la nacionalización en el país receptor. 

Veámoslo en el caso de España. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la población con nacionalidad distinta de la española asciende a enero de 2020 a 5.235.375 personas, el 11.4% de la población total. Si sumamos los ya nacionalizados, esto es, quienes tienen doble nacionalidad, la “población de origen extranjero” asciende a 6.995.647, de los cuales son extracomunitarios 5.027.124.

Desde el enfoque de la ciudadanía, resaltemos, por una parte, el millón y medio de nuevos nacionalizados: según el INE, solo entre 2013 y 2019 se nacionalizaron 953.098 personas. Es decir, latinoamericanos, magrebíes, subsaharianos, asiáticos, etc., que han adquirido la nacionalidad española en las últimas décadas. Son nuevos españoles/as, con ciudadanía comunitaria de pleno derecho y así deben ser considerados no solo jurídicamente sino socialmente, en la vida cotidiana. Españoles/as que tienen otros rasgos físicos, acentos, apellidos, costumbres, etc. Ese nuevo sector, muy diverso, de la ciudadanía política española, puede y debe jugar un papel transnacional de enlace entre España y sus países de origen.  

Hay, de otra parte, cerca de tres millones y medio de personas asentadas en España que son nacionales de países extracomunitarios y que aportan a la demografía, economía (pues son nuevos trabajadores, comerciantes, profesionales, empresarios), fiscalidad y vida cultural. Además de como personas con igual dignidad y como sujetos de derecho, estos nuevos vecinos y vecinas de las localidades y barrios deben ser tratados, como los que son:  nuevos ciudadanos/as, sociales o de residencia (como se prefiera denominar), se relacionan, producen, consumen, pagan impuestos, se emparejan, tienen familia, etc. Insistimos en la no equiparación de nacionalidad y ciudadanía: el hecho de no ser españoles no ha de privarles de la consideración de ciudadanos/as en el sentido social y cívico del término.  

Ha habido en España muchos avances y buenas prácticas en esa línea –tanto por parte de las administraciones como de la sociedad civil– y hay que persistir en ello: constituye, sin duda, un formidable avance en la cohesión social y un aporte a la ciudadanía global. Frente a los planteamientos xenófobos de determinados partidos y representantes políticos, de que atender las necesidades de los colectivos inmigrados supone concederles privilegios, hay que enfatizar que se trata de reconocer y garantizar sus derechos.  

El enfoque ciudadanista, ampliado a ciudadanía global, permite enfatizar, en las políticas y líneas de actuación, la idea no solo de responsabilidad institucional hacia este nuevo sector de la ciudadanía sino enfatizar también, en Europa y en España, la exigencia de responsabilidad legal y social a los recién llegados o ya asentados. También reconocer el derecho y la práctica de los colectivos de personas migrantes a organizarse políticamente, y defender sus propias agendas, como parte de los procesos de ejercicio de la ciudadanía y democratización de las sociedades. La ciudadanía democrática y universal va aparejada a respeto activo, corresponsabilidad, y pertenencia común como valores nucleares, entre otros, en esta época de crisis civilizatoria, cambio de ciclo histórico y época de transiciones socioecológicas, valores claves para abordar la gestión inclusiva e intercultural de la compleja movilidad humana.

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Carlos Giménez Romero es catedrático de Antropología de la Universidad Autónoma de Madrid. Director del Instituto de Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y no Violencia (DEMOSPAZ - UAM).