Jack Herer, el legendario activista cannábico estadounidense, dijo en una ocasión: “El cáñamo será el futuro de la humanidad, o no habrá futuro”. Esta suerte de profecía, que en su momento debió parecer poco más que la exageración de un fumeta, contiene cada vez más trazas de realidad. Ya no solo por las investigaciones científicas que se llevan a cabo en decenas de laboratorios y universidades de todo el mundo, algunas tan prometedoras como la utilización de cannabis para tratar algunos de los peores efectos de la covid-19 o su utilidad para combatir las secuelas de la epilepsia, sino también por los últimos movimientos que se están produciendo a nivel internacional en materia de legalización del cannabis. 

Tras la expectación generada por la regulación aprobada en Colorado en 2013, el estado norteamericano se convirtió en el principal exponente mediático de lo que suponía sacar de la oscuridad a todo un sector. Los datos socioeconómicos, que despertaron el interés de decenas de países en los cinco continentes,  respaldan la legalización: el paro pasó del 9% en 2011 al 2% en febrero del pasado año y el territorio, con 5,6 millones de habitantes, recaudó más de 387 millones de dólares en impuestos según informa su propio Departamento de Ingresos.

Si extrapolamos estas cifras a un país con la población y el potencial productivo de España, y teniendo en cuenta que la fiscalidad sobre el cannabis en Colorado es bastante laxa, resultan cientos de millones de euros en ingresos para el Estado, una cifra nada desdeñable en un momento de crisis como este. En la actualidad, el cannabis se ha regulado, de una u otra forma, en Canadá, Uruguay o México, e incluso algunos de nuestros socios de la Unión Europea han avanzado de una u otra forma en la senda de la legalización, ya sea en materia medicinal (como Alemania) o en la despenalización de la posesión y consumo (como Portugal). Sin embargo, en España y a pesar de ser un debate totalmente superado (un 84% de la población está a favor de la regulación, según el CIS) los sucesivos gobiernos no han puesto de su parte para que lo que ya es un enorme consenso social se convierta en ley.

El pasado 2 de diciembre, el máximo órgano de Naciones Unidas en materia de políticas de drogas decidió eliminar al cannabis de la llamada lista IV, un dudoso honor que compartía con otras drogas de las llamadas duras, como la cocaína o la heroína. Esta reclasificación va mucho más allá de lo simbólico, porque abre la puerta a que los países miembros establezcan regulaciones similares a las existentes para el alcohol o el tabaco. Además, cambia de manera radical el enunciado de la cuestión: ya no está en debate si el cannabis será regulado, la pregunta en estos momentos es cuándo y, sobre todo, cómo. 

Nuestra legislación en materia de drogas tiene como texto principal la Ley 17/1967, que surgió de la adaptación de nuestra norma a los acuerdos alcanzados en la Convención Única sobre Estupefacientes celebrada en 1961 al amparo de la ONU, el primer tratado internacional sobre el control de drogas. Que nuestra ley sobre estupefacientes tenga un origen preconstitucional ya debería ser motivo más que suficiente para su revisión.

Pero, más allá de cuestiones morales, éticas o ideológicas, ¿por qué España debería ser el primer país europeo en aprobar una regulación integral del cannabis? 

En primer lugar, existen multitud de razones de índole económico que deberían hacer reflexionar hasta al pensamiento más conservador. El consumo de cannabis es un hecho social, ampliamente aceptado, y que no ha sido erradicado (ni siquiera reducido) con leyes tan duras como la llamada Ley Corcuera o la actual Ley Mordaza. 

La guerra contra las drogas ha sido un estrepitoso fracaso, y solo ha llevado a enriquecer más al narco mientras se criminaliza a los usuarios, un conflicto que ha costado miles de millones de euros sin redundar en ningún tipo de beneficio para la ciudadanía. Sacar al cannabis del ámbito penal para llevarlo al tributario proporcionaría un aumento de ingresos públicos que ayudarían a paliar la difícil situación que atraviesan las arcas públicas. Pero tan importante es hablar de ingresos como de ahorro; ¿Imaginan cuánto dinero en efectivos policiales, recursos judiciales o gasto en prisiones nos ahorraríamos?

Sacar al cannabis del ámbito penal para llevarlo al tributario proporcionaría un aumento de ingresos que ayudarían a paliar la difícil situación que atraviesan las arcas públicas

Si miramos más allá de nuestras fronteras, ser pioneros en establecer una regulación integral colocaría al Estado español en una situación de privilegio con respecto a otros países, pudiendo acceder como principal productor europeo al mayor mercado transnacional del cannabis, el que se está configurando en América del Norte con Canadá, México y EEUU, cuya legalización a nivel federal es una prioridad del gobierno Biden. Sería una magnífica oportunidad para mejorar nuestra balanza de pagos, tan dañada por las consecuencias de la pandemia sobre el sector turístico. 

Pero también encontramos motivos sociales para acabar con el actual statu quo del cannabis en nuestro país. El prohibicionismo no solo supone un ataque frontal a derechos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad o el derecho de asociación, sino que, además, produce un sufrimiento innecesario para miles de familias. Este es el caso de Albert Tió, presidente de la Federación de Asociaciones Cannábicas Autorreguladas de Catalunya (Fedcac) y promotor de la iniciativa popular que originó la ley catalana de clubes de cannabis, aprobada por el Parlament en 2017 y posteriormente declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Pagará su activismo con una pena de prisión de cinco años, tras la intervención en 2014 en la asociación Airam, de la que era secretario. Una regulación integral responsable supondría el fin de la estigmatizacion y la persecución policial a la que se ven sometidos consumidores y cultivadores, y sacaría del mercado negro decenas de miles de puestos de trabajo que ya existen, con sus correspondientes cotizaciones en beneficio de la hucha común de la Seguridad Social. 

Por último, hay que subrayar la incidencia que tendría la futurible regulación del cannabis en la salud pública y nuestro sistema de salud. El principal efecto será dotar de seguridad a los usuarios sobre qué están consumiendo realmente. La ausencia de normas implica que los consumidores pongan en riesgo su salud con sustancias que pueden estar adulteradas, en mal estado o que no cumplen con las características prometidas. Pero también tendría beneficios para las personas que no consumen cannabis, incluso para quien se opone frontalmente a cualquier tipo de avance legislativo en la materia. Dicho avance abriría decenas de vías de investigación médica y farmacéutica con cannabinoides, como ya ocurre en otros países, desarrollando medicamentos y terapias capaces de derrotar a enfermedades que actualmente se tornan crónicas o incurables. Y si hacemos caso de las estadísticas de Colorado, la normalización del cannabis elimina ese componente seductor que siempre contiene lo prohibido: el consumo por parte de menores descendió de un 9,2% en 2015 a un 6,5% en solo dos años. 

Más pronto que tarde, tendremos que afrontar este debate como una sociedad adulta compuesta por miembros de pleno derecho, sin paternalismos ni cortapisas. Cuando hablamos de legislación y regulaciones no existen las recetas mágicas, y con total seguridad se acabará generando la pugna entre un modelo orientado a los usuarios frente a otro que priorice los beneficios de los grandes productores. Será otra batalla, mientras tanto, sigamos empujando.

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Pedro Vera Blanco es responsable de Políticas Federales de Más País Andalucía.