El Palacio de los Deportes de Madrid acogió el pasado 19 de diciembre un concierto del cantante Raphael al que pudieron asistir 5.000 personas, un 30% del aforo total. Apenas 72 horas después, el mismo recinto albergó un partido de la Euroliga de baloncesto entre el Real Madrid y el Alba Berlín sin ningún aficionado en la grada. El acceso estaba prohibido a causa de la pandemia de la covid-19. Cada semana se juegan varios partidos de Primera y Segunda división de fútbol a los que los aficionados no pueden asistir por la misma razón. Sin embargo, en campos mucho más pequeños que celebran encuentros de 2ª “B”, Tercera o de Copa del Rey se pueden reunir centenares de personas. ¿Cómo se explica esta aparente incongruencia? ¿No tienen el mismo riesgo de contagio los espectadores que acuden a un concierto que los que quieren ver un partido de baloncesto? ¿Están más protegidos los que ven un partido de Copa que los que quieren presenciar uno de Liga?

Para hacer aún más incoherente esta situación, el ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, afirmó al respecto que “la Liga de fútbol o la ACB de baloncesto están sin público porque las podemos ver por televisión”, sin reparar en que la Copa del Rey, o incluso muchos partidos de categorías modestas también se pueden ver por la pequeña pantalla. Un argumento que olvida, además, lo que debería ser el epicentro del asunto: que todas las personas tengan la misma protección ante el riesgo de contagio cuando las circunstancias sean idénticas. El hecho de que un partido se retransmita o no por televisión no parece que deba ser el factor que decida si se permite la presencia de público a un recinto. 

La explicación a estas distintas realidades hay que buscarla en las decisiones adoptadas por los organismos que tienen la responsabilidad de estos eventos. En el campo deportivo, un hecho marca la línea: que la competición sea profesional o no. Si es profesional, algo que en España se circunscribe a la Primera y Segunda división de Fútbol y a la máxima categoría del baloncesto, la entidad que decide la presencia o no de público en los campos de juego es el Consejo Superior de Deportes (CSD), previa consulta con la Liga de Fútbol Profesional, el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas, como quedó reflejado en el Real Decreto-ley 21/2020, del pasado 9 de junio. Las decisiones adoptadas por dicho órgano, según señala el texto en su capítulo dos, artículo 15, “atenderán de manera prioritaria a las circunstancias sanitarias, así como a la necesidad de proteger tanto a los deportistas como a los ciudadanos asistentes a las actividades y competiciones deportivas”. 

El hecho de que un partido se retransmita o no por televisión no parece que deba ser el factor que decida si se permite la presencia de público a un recinto

Si la competición no es profesional, y en este apartado se incluyen la Copa del Rey y la Supercopa de España de fútbol, que son definidas por la ley vigente como “competiciones oficiales de ámbito estatal no profesionales”, entra en juego el protocolo de actuación para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional, suscrito por el CSD junto con las Comunidades Autónomas, las federaciones deportivas, el Comité Olímpico Español y la Federación Española de Municipios y Provincias. En dicho acuerdo se especifica que serán los Gobiernos autonómicos, que tienen asignadas las competencias sanitarias, los que decidan la presencia de público en los estadios, con la recomendación por parte del CSD de que el aforo no supere las 500 personas en instalaciones cubiertas y las 1.000 en las que son al aire libre.

De esta forma, mientras la presidenta del CSD, Irene Lozano, admite que “la evolución de la pandemia es complicada en estos momentos, estamos en una tercera ola, y eso hace imposible dar un horizonte sobre la posible vuelta de los aficionados a los campos en los partidos de Primera y Segunda y en la liga ACB”, cerrando actualmente esa posibilidad, cada semana vemos recintos deportivos que acogen partidos de Segunda “B” o Tercera división con hasta 300 o 400 personas en las gradas e incluso hasta 2.500 en partidos de la Copa del Rey, como el que celebró el Marbella en su campo ante el Valladolid. A pesar de la difícil situación sanitaria que vivimos en la actualidad, hay responsables autonómicos que, en su deseo de ayudar a los clubes modestos, cuyos principales ingresos provienen de taquillas, socios, publicidad y bares, siguen permitiendo el acceso de espectadores a los recintos. Esta decisión contrasta con la adoptada por Lozano y respaldada por el presidente de La Liga, Javier Tebas, que admite que “en la situación actual no se puede plantear una vuelta a los estadios, ni en una parte mínima”.

La potestad de las autonomías en el ámbito de las competiciones no profesionales depara decisiones llamativas. La provincia de Córdoba, por ejemplo, sufrió durante el pasado mes de enero el mayor número de contagios de toda la pandemia en su territorio. Resulta lógico que la Junta de Andalucía comunicara el día 10 a la Federación Española que prohibía que hubiera público en el campo del Arcángel en la semifinal de la Supercopa de España que enfrentaba al Barcelona y a la Real Sociedad. Sin embargo, cinco días antes permitió que en ese mismo recinto de la capital cordobesa hubiera 2.500 personas presenciando el Córdoba-Getafe de Copa del Rey. Igualmente, puede pasar que en el Levante-Athletic de Liga, que se va a jugar en Valencia el 26 de febrero, no haya público, y en el mismo partido, pero de vuelta de semifinales de Copa del Rey previsto para seis días después, sí hubiera un porcentaje de espectadores en las gradas si la Comunidad Valenciana diera el visto bueno. La actual normativa posibilita esa situación.

El hecho de que las Comunidades Autónomas tengan potestad en materia sanitaria explica el porqué se pudo organizar el concierto de Raphael en un recinto cerrado, como el Palacio de los Deportes de Madrid. La orden 1404/2020 del pasado 24 de octubre de la Consejería de Sanidad permite estos actos, según señala el punto 34.2, siempre que no se supere el 40% del aforo total y se deje una localidad vacía entre dos personas, aspectos que se cumplieron. ¿Por qué no pudo haber público tres días más tarde en el partido europeo de baloncesto del Real Madrid? Porque el Ministerio de Sanidad, de forma conjunta con el CSD, llegó a un acuerdo con las Autonomías el pasado mes de octubre a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para que no hubiera espectadores en los partidos de competiciones internacionales, tanto de fútbol como de baloncesto. La UEFA autoriza un 33% del aforo en sus competiciones y la Euroliga entre 400 y 7.500 espectadores en función del pabellón.

La falta de público en el deporte profesional está creando muchos problemas económicos a los clubes. En el caso del fútbol, a pesar de mantener el importante ingreso de la televisión, las pérdidas van a ser millonarias. Peor aún están en el baloncesto, donde al no ser tan altos los derechos audiovisuales, los equipos han alertado sobre una posible quiebra de muchos de ellos en el caso de que se prolongue mucho más tiempo esta situación. La solución que demandan al CSD es una ayuda económica directa de entre 10 y 12 millones de euros.

Los diferentes criterios que se están viviendo en el deporte español, en cuanto a la presencia de público en los recintos deportivos, podría haberse evitado si Irene Lozano hubiese sabido convencer a las Comunidades Autónomas en las reuniones que tuvieron para fijar las condiciones del regreso a la actividad del deporte no profesional. Pero a pesar de que varias estaban por la labor, hubo otras –se habló de Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco– que no aceptaron el protocolo y anunciaron que iban a permitir la entrada de aficionados a los recintos, algo que finalmente han terminado haciendo la mayoría. Una dicotomía sorprendente que solo la evolución de la pandemia determinará hasta cuándo se produce.