“Aparece viva una anciana muerta por covid”. “Rogelia, de 85 años, vuelve viva a su residencia 10 días después de que la entierren”. El caso de la anciana gallega enferma de covid residente en el centro de San Bartolomeu (Xove-Lugo) que fue dada por muerta al ser confundida con su compañera de habitación en otra residencia a la que fueron trasladadas generó titulares igual de falsos que estos, y otros más ligados a la verdad, pero que tampoco profundizaron demasiado en la situación en la que se produjo el hecho. Consciente o inconscientemente, buena parte de las informaciones se adscribieron al género del realismo mágico de andar por casa. ¡Qué cosas pasan en Galicia! (y qué bien se come). El resto, las que escogieron la contención, optaron por la etiqueta del “lamentable error”. Y no. 

De entrada, nadie parece cuestionarse la idoneidad de embarcar a dos ancianas enfermas en un traslado en ambulancia desde la costa de Lugo hasta Ourense, un viaje de 220 kilómetros y tres horas de duración (que en este caso se prolongó porque se averió la ambulancia y hubo que cambiar de vehículo). O de internarlas en una residencia integrada, la de Os Gozos en Pereiro de Aguiar, que según Rede (Asociación Galega de Familiares e Usuarias de Residencias e da Dependencia, la mayor agrupación de este ámbito en España) carece de los requisitos para serlo. Las residencias integradas –medicalizadas– fueron una iniciativa pionera en todo el Estado para concentrar en ellas a los usuarios detectados como positivos o con sintomatología leve. Se habilitaron dos en la primera ola y otras dos en la segunda. Ninguna de ellas es la de Os Gozos que Paulino Campos, presidente de Rede, califica sin rodeos de “zulo clandestino de residentes”. 

La Fundación San Rosendo, a la que pertenecen las dos residencias, San Bartolomeu y Os Gozos, publicó un comunicado de disculpa en el que atribuía el cambio de identidades a un desafortunado incidente, lo que sin duda alivia a los que pudiesen pensar que era un uso habitual, o un rito ancestral para confundir a la Parca. Fue, desde luego, un incidente desafortunado, como la avería de la ambulancia. Pero es más frecuente de lo que parece, y de lo que debería. “No equivoquen, este macabro esperpento no es exclusivo de la Galicia profunda: en las residencias de mayores de Madrid, la sofisticada DomusVi [370 residencias en España, Francia y Portugal] aún hoy en día envía a los familiares informaciones sobre residentes que en realidad están muertos desde hace meses”, comentaba en Twitter Paulino Campos. Si ni siquiera es fiable el censo de fallecidos, ¿podemos estar seguros de que cada persona internada reciba la medicación específica para sus dolencias no-covid?

La “anécdota”/”desafortunado incidente” de Rogelia (y de la pobre Conchita, la fallecida y enterrada en su nombre) se produce por la falta de medios general, ya grave antes, y que la pandemia ha llevado al límite. Según el informe de 2017 del Consello de Contas de Galicia, en 2014 hubo 65 actas de inspección que constataron graves incumplimientos en residencias privadas, y 57 en 2015. En las siguientes inspecciones, ninguna de las irregularidades se había resuelto. En ningún caso la Xunta abrió expediente alguno, impuso sanciones o exigió medidas correctoras. 

Los medios mainstream, públicos o privados, se han recreado en la anécdota, pero se han cuidado mucho de pisar los pantanosos terrenos de los porqués e incluso de hollar, como es habitual, las infinitas praderas de la rumorología y el “siempre saludaba” anexos a los sucesos y a las informaciones del llamado interés humano. Una de las razones puede ser que las críticas al funcionamiento de las residencias privadas –curiosamente, más que las públicas– pueden suponer, por rostro interpuesto, una bofetada al presidente Alberto Núñez Feijóo. De hecho, DomusVi creció porque al llegar a la presidencia, Feijóo vendió las residencias de capital público-privado a las cajas gallegas. Bueno, creció por eso y porque en alguna de sus residencias –la de Barreiros, en Vigo, por ejemplo– tiene un gasto en alimentación entre 4 y 5 euros por persona/día (incluyendo todas las comidas).

Pero los amantes de las anécdotas tienen otras a su disposición sin salir de la Fundación San Rosendo. Gestiona 70 centros de todo tipo, con 1.600 trabajadores y la creó el cura Benigno Moure hace 30 años, de la nada, pero no precisamente en un garaje. El grupo se consolidó sobre todo en los años de amistad del cura con Manuel Fraga y con la cúpula del PP de Galicia. En 2008, una sentencia firme del Tribunal Supremo condenó al fundador a cinco años de prisión por haberle estafado 600.000 euros a una anciana residente que padecía alzheimer. Un mes y pico después, armado con un arsenal de informes médicos que certificaban varias dolencias y la necesidad de usar una cama ortopédica motorizada, el cura Moure salía de la cárcel. Desde entonces y hasta ahora, a punto de cumplir los 90 años, ha recibido homenajes de las fuerzas vivas, civiles y religiosas y lleva una vida normal, sin precisar siquiera la ayuda de una triste muleta. Como ven, la “resurrección” de Rogelia no es el único “milagro” de la Fundación.

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Este artículo se publicó originalmente en gallego en la revista Luzes.