La idea es, cuanto menos, seductora: trabajar un día menos a la semana cobrando lo mismo. La reducción de la jornada laboral de cinco a cuatro días de la semana, sin pérdida de salario, es un concepto que planea desde hace años sobre sitios tan dispares como las negociaciones sindicales, los manuales de gestión empresarial y los grupos de Whatsapp de padres y madres.  En todas partes se está comenzando a poner a prueba, bien a través de experimentos en empresas privadas en diversos lugares del mundo, o, embrionariamente, en políticas públicas, como las que serán evaluadas ahora en España a través de dos iniciativas parecidas: la que anunció la Generalitat Valenciana a finales de 2020, y otra a escala estatal, a la que se destinarán 50 millones de euros, impulsada por Más País, que se acordó recientemente con el Gobierno a cambio del apoyo de este grupo al decreto sobre los fondos europeos. Esta última se articulará previsiblemente a través del Ministerio de Industria y examinará en empresas públicas y privadas de distintos tamaños y sectores productivos las posibilidades de la medida y las eventuales dificultades para implantarla.

Unas 250 empresas de entre cinco y 200 trabajadores recibirían ayudas procedentes de los fondos europeos durante tres años para cubrir los costes laborales derivados de la medida, que más tarde se les irían retirando, y durante este tiempo se deberían evaluar diferentes posibilidades, como por ejemplo la de reducir la jornada una hora al día, o, por contra, eliminar un día de trabajo, así como sus efectos. La escala se ha elegido porque en empresas de menos de cinco trabajadores es muy difícil controlar la jornada y evitar potenciales fraudes, mientras que con más de doscientos el problema está en su coste. La propuesta inicial estima el coste por trabajador y año en una horquilla que oscila entre los 4.000 y los 8.000 euros, y una parte de la dotación presupuestaria estará enfocada al estudio y seguimiento de la medida a través de la universidad pública, con la idea de hacer evidence based politics, es decir, de evaluar esta política pública antes de aplicarla de un modo más generalizado, y no a posteriori, con lo cual es más barato corregirla y afinarla.

¿Existe margen de mejora? Desde la óptica de la productividad, medida como el ratio entre PIB y las horas trabajadas parece claro que sí, porque según la OCDE estamos por debajo de la media europea, aunque la media de horas trabajadas remuneradas en España sea la nada despreciable cifra de 36,6 horas, según la EPA de 2019. En España, la productividad ha ido cayendo sostenidamente desde 1995, y nuestro país ocupa el decimoquinto lugar en el mundo, lo que denota un sector productivo poco eficiente y muy centrado en industrias de bajo valor añadido, con empresas pequeñas, que tienden a demandar personal poco formado. La teoría es que la introducción de la jornada de cuatro días podría revertir esta situación.

Una encuesta de Gallup sobre satisfacción laboral muestra que el 85% de los trabajadores asalariados sentían en 2017 poco o ningún compromiso con su empresa en todo el mundo

Ese es el argumento económico a favor de la reducción de jornada, porque luego está ese otro detalle menor que se llama vida: una encuesta de Gallup sobre satisfacción laboral muestra que el 85% –sí, sí, ocho, cinco– de los trabajadores asalariados sentían en 2017 poco o ningún compromiso con su empresa en todo el mundo. Además, la media de las 36,6 horas esconde asépticamente otra realidad, la de la escasa conciliación, porque las horas de la jornada dedicadas al trabajo no remunerado en el caso de las mujeres son 26,5 a la semana, mientras que en el de los hombres el tiempo es solo un poco más de la mitad, 14 horas. A menudo, se atribuye todo esto a los horarios de un país que come y se va a dormir tarde, y que se detiene a comer dos horas, poco en la línea de lo que hace el resto de Europa. “¡Pero no basta con racionalizar los horarios! Racionalizar horarios puede ayudar, pero en el fondo es ahondar en una idea muy nociva, que es solo cuestión de organizarse, y que se puede tener todo, cuando el problema de verdad es esta forma de vida”, comenta María Álvarez, activista de la plataforma 4suma, que propugna esta reducción de jornada, “porque eso es como si tienes un elefante en medio del salón y tu preocupación es cómo hacerlo encajar mejor. El problema de base es otro, y tiene que ver con la crisis de cuidados y con el precio de la vivienda, que obliga a las familias a trabajar el máximo de horas para poder pagarla”. La plataforma reclama, además, que la reducción de las jornadas laborales venga acompañada por otras medidas, como una jornada escolar también de cuatro días, así como un mayor acompañamiento del Estado en materia de cuidados, digitalización y formación…

Álvarez lo defiende a través del ejemplo en las empresas de las que es socia. Una de ellas es una consultoría, en la que no fue muy difícil establecer este modelo “porque en realidad ya teníamos muy implantado el teletrabajo y el trabajo asincrónico”, pero sorprende más que lo haga en los tres establecimientos de hostelería en los que participa. En este sector la jornada partida es lo más habitual y los horarios son, a menudo, larguísimos. “Cuando llegó el confinamiento, mi socia y yo vimos que aquello era insostenible. En primer lugar porque estuvimos tres meses encerradas con nuestros hijos, y cuando volvimos a abrir en mayo decidimos que no podíamos traspasarle el problema a las trabajadoras de la empresa que también eran madres. La pandemia nos obligó a reorganizar los turnos para que no se cruzaran los trabajadores, facilitarles la conciliación y pensar en ser más eficientes porque veíamos que los ingresos iban a caer y los costes no iban a bajar. Pero los salarios no se tocan”. De aquella decisión, cuenta, se derivó un cambió de forma de trabajar, pero también de perfil de sus trabajadores. “Cuando mi socia y yo nos metimos en este mundillo, nos sorprendió que la hostelería fuera un sector de último recurso, que obliga a los trabajadores a hacer todas las horas del mundo, y que, cuantas más hacen, menos opciones de ir a otro sitio les da, porque no les permite tener tiempo para formarse. El trabajador acaba hasta el moño de su empresa, pero tampoco puede irse. Hay siete millones de personas en esta situación en España y eso no es bueno para nadie”. 

Coinciden con el diagnóstico los sindicatos: “Hace más de cien años que se instauró la jornada laboral de ocho horas. Es hora de dar ya un paso adelante y reducirla. No es aceptable que la productividad haya aumentado exponencialmente en un siglo mediante la automatización y la digitalización, a veces incluso pagadas con dinero público, pero en cambio los trabajadores sigan trabajando las mismas horas”, comenta Núria Gilgado, secretaria de Política Sindical de UGT Catalunya, sindicato que incluye la reivindicación de la jornada laboral de 32 horas en sus directrices de negociación colectiva desde hace dos años. Gilgado comenta que las empresas son muy reticentes a ello, y valora positivamente la prueba piloto por su carácter didáctico “porque puede servir para mostrar a trabajadores y empresas cuáles son sus beneficios”. Gilgado añade que no es posible aplicar esta reducción si “las empresas no entienden que tienen que mejorar su productividad, y que esto revertirá positivamente en sus beneficios”. La sindicalista atribuye las reticencias a “una nociva cultura del presencialismo”.

El teletrabajo y la reducción de jornada incidirían pues en el número de desplazamientos, y, por tanto, en la huella ecológica de los mismos

Unos y otros coinciden en que no se trata de una medida para repartir mejor el empleo, sino de un fin en sí mismo, y que tiene otros beneficios además del de la productividad. Se estima, por ejemplo, que el tiempo de desplazamiento al lugar de trabajo es de 45 minutos diarios en Madrid, y 37 en Barcelona, y que hasta un 26% de madrileños tienen que desplazarse más de doce kilómetros diarios para ir a trabajar. El teletrabajo y la reducción de jornada incidirían pues en el número de desplazamientos, y, por tanto, en la huella ecológica de los mismos.

Los riesgos

Sin embargo, no todo el mundo ve tan clara la viabilidad o la utilidad de reducir la jornada. El economista e investigador Sergi Cutillas, de Ekona, es escéptico sobre sus efectos macroeconómicos. “Vaya por delante que soy el primero que estaría encantado si funcionara, ojo”, comenta, “y puede que sea viable en términos materiales, pero en un contexto capitalista, si unos países lo hacen y otros no, se pierde competitividad. Para esto haría falta una transformación aún mayor de la economía, pero estamos atrapados en esto, y más con el euro, que no nos permite hacer ajustes sobre los tipos de cambio, que podrían aliviar esta pérdida de competitividad al devaluar un poco la moneda. No creo que tuviera un impacto real en lo macro, si no se adoptara coordinadamente en todas partes, y eso es muy difícil, porque lo cierto es que nuestras democracias son liberales, sí, pero están encajadas en una lógica de imperialismo económico, con jerarquías entre Estados y estructuras como la UE, el FMI y el Banco Mundial, que frenan todo lo que no sean estrategias de crecimiento”.

Otras críticas van en el sentido de la feminización del trabajo de cuidados, un desequilibrio que no se corrige simplemente por trabajar jornadas más cortas, y además exigiría una armonización con el resto de horarios de la sociedad –y en particular, los de las escuelas– no siempre fácil.

La jornada de cuatro días difícilmente llegará a imponerse nunca por decreto

Héctor Tejero, coordinador de Más País en el Congreso, señala que una parte importante de la prueba piloto es precisamente la evaluación de la medida, “para lo que debemos contar con la universidad pública y los profesionales de las ciencias sociales, porque hay sectores en los que está muy claro que es fácil implantarla, pero hay otros en los que no sabemos muy bien hasta dónde se puede llegar”. El primer borrador que han presentado Más País, Equo y Compromís al Gobierno contempla plantear la prueba piloto como un ensayo clínico: con un ensayo aleatorizado y controlado, con un grupo de empresas que aplique la medida y otro grupo de control, y prevé gestionarse a través de un consorcio público-privado. El acceso se hará por concurso público.

Tanto Tejero como Gilgado remarcan que la jornada de cuatro días difícilmente llegará a imponerse nunca por decreto. “En Francia se intentó hacer algo parecido por ley en los noventa y no funcionó, porque hubo presiones políticas por todos lados. Lo que sí se vio es que, excepto en algún sector concreto, los trabajadores estaban muy contentos con la medida, que desapareció a la que hubo un cambio de gobierno. Una de las lecciones del experimento francés es que cada sector tiene que ir a su ritmo”, cuenta Tejero, quien añade que “hay que avanzar en la idea de que se puede trabajar menos tiempo, pero hacerlo mejor”. O, lo que es lo mismo, tal y como resume Gilgado, recordar otra vez la vieja máxima de que “hay que trabajar para vivir, y no vivir para trabajar”.