El 8 de marzo de 2020 se celebró en España con la normalidad de un país que vive en la absoluta normalidad. Los casos notificados de covid entonces no llegaban a los 400 y lo que en menos de una semana se convirtió en pandemia y provocó un confinamiento casi total eran “contagios localizados”. Aquel fin de semana miles de personas viajaron en transporte público, fueron a partidos de fútbol, a mítines de partidos políticos; comieron en restaurantes, llenaron los cines y los teatros. Y, también, muchas miles de mujeres ocuparon calles, barrios y plazas convocadas por el movimiento feminista. Con el paso de los meses, los expertos concluyeron que las marchas del 8-M habían tenido un impacto pequeño en la explosión de los contagios, que como todas ya sabemos se producen muchísimo más en interiores. Pero eso importó poco. Algunos y algunas –como la presidenta de la Comunidad de Madrid: “El 8-M se convirtió en el Día de la Mujer contagiada”– usaron la falsa idea de las mujeres como centro de los contagios para atacar al feminismo y su lucha.

Madrid es, por ahora, la única comunidad que prohíbe totalmente los actos del 8-M

Este año, las mujeres, conocedoras de las consecuencias de la covid, descartaron la convocatoria de las grandes manifestaciones habituales y propusieron distintas acciones, cuidadosamente diseñadas para respetar todas las medidas sanitarias necesarias. Sin embargo, la Delegación del Gobierno de Madrid decidió prohibir todas y cada una de las concentraciones feministas previstas para el 7 y 8 de marzo, tanto en la capital como en algunos pueblos de la Comunidad. Las autoridades alegan “motivos de salud pública”, que serían razones suficientes si los actos convocados supusieran un riesgo real. Pero en la ciudad en la que el cantante Raphael reúne a más de 4.300 personas en un recinto cerrado, en la que prima la economía y las medidas anticovid son las más laxas de todo el territorio, es difícil argumentar el veto total a cualquier concentración si el centro está lleno de gente los fines de semana. 

Madrid es, por ahora, la única comunidad que prohíbe totalmente los actos del 8-M. El año pasado, se llegó a abrir una causa contra el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, por permitir la manifestación. Aunque se archivó, el proceso tuvo un cierto aroma de causa política contra el PSOE y el feminismo en un solo movimiento. Este año, Franco ha adoptado por sí mismo este marco antifeminista que trata de identificar protesta social con riesgo para la salud. Un marco que además sirve para trasladar el feminismo de la calle a los despachos, y ser así objeto de capital político para determinados partidos. Posiblemente, lo que da miedo es que exista un movimiento feminista autónomo fuerte, capaz de organizarse y salir a la calle con seguridad incluso en estas circunstancias tan complejas. Un movimiento capaz de pedir la dimisión Franco, como solicita la Comisión 8-M de Madrid.

Las feministas saben mejor que nadie de riesgos, de la importancia de respetar las medidas sanitarias. Son conscientes de que, en la pandemia, las mujeres, y sobre todo las más precarias, han estado al frente de los servicios de la salud, han limpiado en los hospitales, han sido las cajeras en los supermercados; han organizado las redes de apoyo mutuo en los barrios, han cuidado a los enfermos y los dependientes en casa. 

Durante la crisis de la covid, dos tercios de los puestos de trabajo que han desaparecido estaban ocupados por mujeres. Muchas de las trabajadoras del hogar y los cuidados que no tienen todos los derechos reconocidos –y una buena parte sin contrato– se han quedado sin acceso a recursos, como les ha ocurrido a otras mujeres de sectores informales, entre ellas las trabajadoras sexuales. Las feministas conocen pues, de primera mano, el coste en sufrimiento que está provocando esta pandemia. La organización de las concentraciones del 8-M en Madrid reflejaba esta realidad en sus demandas y en los protocolos de seguridad, que se habían pensado cuidadosamente.

Una de las últimas manifestaciones permitidas en Madrid fue la marcha negacionista. A ella asistieron centenares de personas. La mayoría no cumplía las medidas de seguridad

Desde mayo del año pasado, cuando en pleno confinamiento domiciliario asistimos a las concentraciones diarias de cientos de personas que pedían el fin del estado de alarma en los barrios ricos de Madrid, se han producido numerosas actividades de protesta en el territorio español, en formatos que van desde caravanas de coches hasta concentraciones o manifestaciones, algunas de ellas con asistencia de miles de personas. Los motivos han sido diversos, desde la demanda de dimisión del Gobierno por la gestión de la covid-19, la negación de la pandemia, los despidos o el cierre de fábricas como las de Alcoa o Airbus, el racismo, la libertad de expresión, la hostelería... Incluso se han autorizado actos como el homenaje a la División Azul. Una de las últimas manifestaciones permitidas por la Delegación de Madrid fue la marcha negacionista del 23 de enero, en plena tercera ola. A ella asistieron centenares de personas. La mayoría no cumplía con las medidas de protección frente al coronavirus y la policía impuso al menos 216 multas. El 28 de febrero, la formación ultraderechista Vox celebraba en Sevilla un mitin –“un baño de masas”, según un conocido tabloide– contra la autonomía andaluza y por la unidad de España. 

La prohibición de las concentraciones del 8-M con carácter general vulnera el derecho de manifestación y de libertad de expresión. El derecho a la protesta no puede hurtarse. No pueden obligarnos a ir cada día a trabajar en metros o autobuses atestados y a dejar de luchar por lo que es justo.  

Si los partidos demócratas nos quitan las calles, la ultraderecha la tomará. Y no habrá marcha atrás

Además de las demandas presentes los últimos años, relacionadas con la violencia que sufren las mujeres, con la violencia que supone la ley de extranjería y cómo determina las vidas de las mujeres sin papeles, hoy nos encontramos en una encrucijada. La crisis está aquí, y para que esta vez no vuelvan a recaer en quienes están peor será determinante la capacidad de movilización social que podamos conseguir. Hoy en los despachos se negocia el destino de los fondos de reconstrucción, una pelea fundamental que puede determinar cómo saldremos de esta crisis. Es decir, quién se hará con estos recursos y qué parte de ellos estará destinado a deshacer la desigualdad y a mejorar la vida de las que menos tienen. Las luchas feministas de base también tienen mucho que decir sobre esta cuestión.

El feminismo sabe de derechos y de libertades, porque son herramientas fundamentales para seguir luchando, y aún queda mucho por lograr. La protesta sigue siendo necesaria, quizás más importante que nunca. Hoy se prohíbe, por miedo a las movilizaciones. Pero ojo, al otro lado está la ultraderecha, que trata de liderar la reivindicación de la libertad de manifestación. Si los partidos demócratas nos quitan las calles, ellos las tomarán. Y no habrá marcha atrás. El mayor riesgo hoy está en quedarse en casa. ¿Quién tiene miedo al feminismo?