Algunas semanas después, cientos de ramos de flores todavía rodean, intactos y descoloridos, el quiosco de música del parque de Londres donde se celebró el tributo a Sarah Everard. Son la imagen del dolor y la frustración, pero también del grito y la denuncia de quienes sufren a diario violencia machista en Reino Unido ante la pasividad de las instituciones. Un hombre raptó y asesinó a la joven de 33 años el pasado 3 de marzo. Sus restos fueron hallados días después en un bosque al sur de la capital británica. Wayne Couzens, de 48 años, con dos hijos y agente de la policía metropolitana, ha sido acusado del crimen, que ha desatado un clamor colectivo contra la violencia patriarcal y el machismo estructural.

Según el último Censo de Feminicidios, en Reino Unido una mujer muere a manos de un hombre cada tres días. La cifra no ha variado desde que la activista Karen Ingala Smith empezara a recolectar los datos hace más de una década.  Las estadísticas de la ONG que dirige indican además que el 62% de todas las mujeres víctimas (888 de 1.425) fueron asesinadas por una pareja actual o anterior y que al menos el 34% de las mujeres asesinadas tenían hijos menores de 18 años. 

Son, por tanto, muchos los casos de feminicidios que pasan inadvertidos en Reino Unido, pero este último ha sacudido a la sociedad británica por varios motivos. Todas las mujeres se identifican con las precauciones que tomó Everard en su último trayecto de vuelta a casa: caminaba por una calle transitada, llevaba las llaves en la mano, habló por teléfono con su novio durante parte del recorrido… Un rapto en apariencia aleatorio que le podría haber ocurrido a cualquiera, y el perfil de la víctima, una mujer blanca de clase media, han contribuido a la enorme repercusión social y mediática del caso. “Otras desapariciones de mujeres negras o personas trans no han conducido a la misma reacción pública. Debería ser motivo de reflexión para nuestro sector y para la sociedad en general”, denuncia Claire Barnett, directora de ONU Mujeres en Reino Unido. 

Pero además, el que el supuesto autor sea un policía ha causado un estupor generalizado. “La gente no debería sorprenderse tanto”, señala Heather Harvey, directora de Investigación y Campañas de Nia, una organización dedicada al acompañamiento de mujeres víctimas de violencia doméstica o sexual. “En la policía existe una cultura muy machista porque ha estado dominada por hombres durante mucho tiempo. Sabemos que hay altos niveles de violencia doméstica, sucede lo mismo en las Fuerzas Armadas. Pero, en este país, la clase media siempre ha confiado en la policía para proteger a la sociedad. Por eso resulta tan asombroso cuando se desenmascara (esta creencia). Tenemos que aceptar que los policías pueden ser tan perpetradores o más que cualquier otro hombre”. Para Harvey es necesario que se lleve a cabo una investigación sobre el machismo institucional. “Todavía vivimos en una sociedad patriarcal y probablemente muchas de las grandes instituciones son misóginas. En algunos casos se trata de un sexismo indirecto en el que los hombres ni siquiera son conscientes de las micro agresiones que cometen y en otros casos se trata de una discriminación de género activa”.

Dos investigaciones de otra ONG, el Centre for Women’s Justice, arrojan algunos datos sobre el machismo en las fuerzas de seguridad:  666 denuncias de abuso doméstico cometidos por miembros de la policía en tres años y fallos sistemáticos en la protección de víctimas de la violencia de género. Irregularidades y prácticas muy cuestionables que también ha encontrado la doctora en Criminología de la Universidad de Roehampton y co-presidenta de la Coalición Para el Fin a la Violencia Contra las Mujeres (EVAW Coalition), Aisha K. Gill, en su larga andadura: “En los 21 años que llevo haciendo campañas para conseguir justicia para distintas comunidades he lidiado con innumerables casos de violencia contra las mujeres en los que la policía o el fiscal ha retirado los cargos contra el abusador. Al apelar la decisión, he descubierto que la acusación fiscal se caía por malinterpretaciones, destrucción o registro inadecuado de pruebas por parte de la policía y, en ocasiones, incluso por falta de recopilación de pruebas. Con frecuencia, la policía da más credibilidad al acusado que a la víctima. Otras veces el sistema judicial desacredita a la víctima si hay un retraso en la denuncia. Y rara vez se recrimina a los agentes que ignoran los testimonios de la víctima, aunque esa acción tenga consecuencias nefastas”, concluye. 

Fallos y defectos como estos en el proceso judicial explican que, por ejemplo, solo el 3% de los violadores denunciados sean procesados, lo que en la práctica equivale a la despenalización del delito. Como consecuencia, la mayoría de las víctimas ha perdido fe en la justicia. “Tiene que haber más apoyo a la víctima durante todo el proceso, incluyendo soporte económico para que pueda rehacer su vida”, señala Harvey, para quien  “no es justo que la responsabilidad de iniciar la demanda recaiga sobre la mujer –con la presión emocional y familiar que conlleva. Le debería corresponder al Estado”. Puntualiza, sin embargo, que muchas personas preferirían una alternativa a la ruta judicial que “reconociera a la víctima, porque las mujeres tienden a culparse de la situación”.    

Las imágenes de una de las asistentes a la vigilia esposada en el suelo y rodeada por agentes de la policía metropolitana han dado la vuelta al mundo: las fuerzas de seguridad, a las que pertenece el presunto asesino, aplicando “mano dura” a las mujeres congregadas para llorar a la víctima. Según las autoridades policiales, la vigilia se transformó en protesta y trataron de dispersarla por motivos de salud pública. Sisters Uncut, el colectivo que mantuvo la convocatoria, a pesar de haber sido prohibida, defiende el derecho de asamblea y la necesidad de mostrar el dolor y la rabia colectiva. Tras propagarse los vídeos por las redes sociales, incluso la ministra de Interior, Priti Patel, se sumó al aluvión de críticas a la actuación policial. Luego rectificó cuando la investigación policial que había ordenado concluyó que los agentes actuaron de forma “apropiada”. 

La conmoción pública causada por este caso ha reabierto el debate sobre la seguridad de las mujeres en espacios públicos y la falta de compromiso institucional para solucionarlo. Muchas mujeres han compartido en internet sus experiencias de acoso sexual para reflejar la alta incidencia de casos y la frecuencia con la que son ignorados. Un reciente informe de ONU Mujeres en Reino Unido indica que el 86% de las mujeres entre 18 y 24 años y el 71% de todas las mujeres han sufrido algún tipo de agresión sexual en el espacio público –desde comentarios en la calle, tocamientos en el transporte público o imágenes íntimas compartidas en internet sin consentimiento– . “El resultado no nos sorprende porque sabíamos que esto está pasando a gran escala”, explica la directora de la organización, Claire Barnett. “Sí nos sorprendió escuchar a muchas mujeres decir que creen que nadie intervendría para ayudarlas si les pasara algo peligroso”, señala. “Estamos normalizando comportamientos abusivos de personas cercanas. ¿Cómo puede ser que todas las mujeres hayan sufrido acoso sexual pero nadie conozca a un perpetrador?”, cuestiona.

Un altísimo porcentaje de casos (95%) no son denunciados porque la víctima piensa que el incidente no es lo suficientemente serio o cree que informar a la policía no evitaría que volviera a ocurrir. Además de la percepción de que las instituciones no protegen a la víctima, la ausencia de una definición clara crea confusión sobre lo que es o no es aceptable. Desde el movimiento MeToo no se había vuelto a hablar de las constantes amenazas e inseguridad que viven las mujeres y las personas no binarias y trans. Al debate se suma ahora el acoso sexual en los colegios después de que una iniciativa online recogiera 12.000 testimonios de estudiantes de centros principalmente privados pero también públicos.

Para Barnett es fundamental entender que la violencia machista es “un espectro de comportamientos interrelacionados” y que abordar “unas conductas concretas también soluciona otras”. Del mismo modo, al normalizar comportamientos considerados inocuos también se normalizan otros más serios. El principal sospechoso del asesinato de Everard había sido denunciado por exhibicionismo en un restaurante de comida rápida tres días antes de cometer el ataque. Todavía no está claro si estas denuncias fueron investigadas.

Los eventos de las últimas semanas han llevado a los colectivos y organizaciones de mujeres a calificar el momento como un “punto de inflexión” que brinda la oportunidad de introducir cambios radicales para acabar con la violencia de género, que ha aumentado considerablemente durante la pandemia. El gobierno de Boris Johnson ha respondido, sin embargo, con un plan para mejorar la iluminación en las calles e incrementar la presencia policial en bares y discotecas. “No tengo palabras”, confiesa Harvey ante la propuesta de los conservadores. “Es totalmente inapropiada. No es que no haya que poner más farolas… pero lo que realmente necesitamos es ratificar la Convención de Estambul –el tratado internacional vinculante para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y niñas–, dotar de fondos a los servicios especializados de mujeres y comunidades racializadas, investigar las actitudes machistas en todas las instituciones, revisar los procedimientos y la formación y depurar responsabilidades”.

Para Bryony Beynon, fundadora de la campaña Good Night Out, centrada en el acoso sexual en bares, discotecas y festivales, el incremento de policía uniformada y de incógnito en espacios nocturnos es una idea “insultante” que no funciona. “Quienes trabajamos en este sector sabemos que se trata de crear un ambiente seguro en el recinto, de educación y  de un marco legal más claro para que la gente sepa cuáles son las consecuencias. La policía no previene la violencia”, asegura. 

La primera estadística de feminicidios, publicada en 2016, tras siete años de investigación ya mostraba con cifras que estos crímenes no eran  casos aislados, sino que seguían patrones de violencia y eran premeditados. Concluía además que era posible reducir el número de casos. Barnett está convencida de que el acoso sexual se podría disminuir considerablemente en un corto periodo de tiempo: “Fumar era un hábito muy enraizado en la sociedad británica hasta que se prohibió en lugares cerrados. De pronto la cifra de fumadores se desplomó. Los análisis científicos del comportamiento indican que hay distintas formas de cambiar las conductas, pero no se han aplicado a la eliminación de la violencia contra las mujeres”. 

Cansada y decepcionada por la ausencia de compromiso político durante más de una década, Harvey asegura que “si el Estado quisiera realmente abordar la violencia machista tendría que invertir mucho dinero pero lo que quiere es ahorrar”. Y no se trata tan solo de una cuestión económica: “Habría que reconocer que hay un problema de discriminación y hay una auténtica reticencia a aceptar que existe desigualdad de género. Este gobierno ha apostado por la ‘neutralidad de género’, no habla específicamente de violencia contra las mujeres”, denuncia. “La violencia machista es inherente a la forma en la que criamos a nuestros hijos, los hombres aprenden que usar la fuerza para conseguir algo es parte de la masculinidad y eso conduce a violencia sexual, matrimonios forzosos, crímenes de honor, mutilación genital femenina, tráfico de personas… Es discriminación y al gobierno no le gusta oírlo porque vivimos en una sociedad patriarcal en la que las estructuras de poder están dominadas por hombres”, insiste. Un diagnóstico que comparte Barnett: “En Gran Bretaña quedan muchos problemas por resolver y muchos de ellos son más serios de lo que la gente piensa”.