El estado de Nueva York acaba de legalizar por ley la marihuana y con ello se une a los 16 estados que permiten el consumo recreacional, la venta y distribución de la yerba entre adultos en Estados Unidos.

La legalización regulariza la extensa industria del cannabis en el estado que, se anticipa, generará 3.500 millones de dólares (2.940 millones de euros) anuales en actividad económica y unos 350 millones (294 millones de euros) en ingresos fiscales que aliviarán las arcas estatales en la decaída era del covid.

Una vasta industria en expansión que ha invadido el mercado del bienestar y la alimentación con sofisticados productos, además de los populares servicios a domicilio de cannabis recreacional, como cenas privadas preparadas por un chef en casa para los amigos; comestibles, como pizza y brownies; y cómo no, las famosas ‘gominolas’, uno de los productos más solicitados en los buscadores de Google.

Como ocurre en otras ciudades como Ámsterdam, la regulación más laxa de sustancias recreacionales añadirá motivación a un segmento del turismo y a la industria del ocio de Nueva York que ganará estrellas en las guías del viajero de culto.

La nueva legislación legaliza el uso recreativo de la marihuana a partir de los 21 años y, como no podría ser de otro modo, incluye programas de equidad social, como forma de reparación económica por las dañinas leyes antidrogas Rockefeller que, por décadas, han devastado a generaciones de jóvenes de las comunidades negras e hispanas.

Aprobar una ley de legalización del cannabis sin atender a las reparaciones económicas y judiciales de los afectados hubiera sido no solo ilegítimo, sino aún más escandaloso que la propia ley Rockefeller.  

La ley anti-drogas más dura del país, aprobada por el gobernador Nelson Rockefeller en 1973 cuando atisbaba una candidatura a la presidencia, convirtió a Nueva York en el estado responsable de la persecución y encarcelamiento masivo de afroamericanos e hispanos con sentencias obligatorias extremadamente largas que triplicaron la población del sistema de prisiones.

Según las estadísticas, un afroamericano tiene cuatro veces más probabilidades de ser detenido por la policía que un blanco.

Con vistas a una legalización futura completa, en 2015 se autorizó el uso médico en el estado, y en 2019 el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, movió ficha de nuevo y derogó los aspectos mas duros de la ley Rockefeller, como la eliminación de las sentencias penales por delitos menores de posesión.

La rápida aprobación de la ley de legalización anota un triunfo político para el demócrata Cuomo, con una legislación que al tiempo que corrige los errores del pasado, reconoce a las comunidades afectadas como ‘socios’ primarios en el disfrute de los beneficios económicos de la comercialización de la droga.

El gobernador Cuomo, en estos momentos en aguas movedizas por dos serias investigaciones políticas –una por acoso a varias mujeres, y otra por ocultar el número de muertos por covid en las residencias públicas de ancianos–, ha vendido la iniciativa subrayando los beneficios económicos y  la abolición de la prohibición de la marihuana asociada a la justicia racial.

La legislación alcanza el rango de histórica en cuanto marca un cambio radical en la política de leyes penales y establece un estándar progresista en el movimiento de reforma a través del país.

Organizaciones progresistas como la Sociedad de Ayuda Legal (Legal Aid Society), VOCAL-NY y la propia Unión de Libertades Civiles ACLU-NY han sido parte del proceso de diálogo que ha facilitado la introducción de disposiciones de justicia social que legitiman la ley de legalización: revisión de sentencias y eliminación de antecedentes penales a los convictos por acciones que ya no son delito.

La nueva legislación establece el objetivo de dedicar un 50% de las licencias comerciales de marihuana a solicitantes de equidad social, definidos estos como personas de ‘comunidades desproporcionadamente afectadas por la aplicación de la prohibición del cannabis’.

El estado planea además prevenir la integración vertical a través de la distribución de licencias, incluidas empresas de cannabis medicinal, para, por un lado, proteger al pequeño y mediano empresario y por otro, evitar el dominio del gran conglomerado corporativo de la marihuana.

Adicionalmente, un 40% de los ingresos de venta se destinará a programas de igualdad social dirigidos a remediar la desigualdad económica de los afectados por condenas por delitos relacionados con la marihuana, con prestaciones que incluyen vivienda, colocación laboral y asistencia legal para el reingreso social.

El estado percibirá un impuesto del 9% sobre los productos de cannabis, parte del cual se destinará a un fondo de reinversión comunitario con foco en empresas de minorías, mujeres, y discapacitados con dificultades económicas.  

La nueva ley establece permisos para agricultores, distribuidores, fabricantes y establecimientos de venta y consumo, una regularización que allana el camino para la apertura de establecimientos autorizados de cannabis el año próximo. Se anticipa que la industria del cannabis genere unos 60.000 empleos, adicionales a los que ya existen en la economía sumergida.

Pero a pesar de que el consumo es ya legal en 16 estados, está despenalizado en otros 15, y su uso médico, está permitido en 36 de ellos, el uso general y la posesión de cannabis es todavía un delito federal en Estados Unidos, una contradicción en coexistencia legal que estresa sus límites en el cruce de fronteras estatales.

Para paliar esta discrepancia legal, el Memorando Cole brindaba cierta protección en años recientes al inhabilitar la aplicación de la ley federal en los estados donde el cannabis era legal, pero bajo la administración Trump, el fiscal general, Jeff Sessions, revocó la enmienda en enero de 2018, enviando el tema al limbo legal.

Pese a todo, el negocio del cannabis ha experimentado un rápido crecimiento en el país y desde que, en 2012, Colorado se convirtiera en el primer estado en legalizar y abolir la prohibición del cannabis, el movimiento se ha extendido como un dominó hasta su normalización más reciente en los estados de Nuevo México y Nueva York en 2021.

Con solo un tercio de la población de NY, el ingreso por venta de cannabis en Colorado ha ascendido a 2.200 millones de dólares el año pasado.

California, que lideró la legalización medicinal en la década de los 90, con el doble de población de Nueva York percibe ingresos de hasta 4.400 millones por la venta de cannabis.

A nivel nacional, la industria legal de la marihuana alcanzó en EE. UU. los 13.600 millones de dólares en 2019 y, según datos de New Frontier Data, genera más de 340.000 empleos dedicados a la gestión de la planta.

El movimiento para abolir la prohibición del cannabis ha crecido a la par del cambio de actitudes en torno a la legalización. La aceptación social ha ido en aumento rápidamente en los últimos años –de forma similar a lo ocurrido con el matrimonio gay–, y en la actualidad cuenta con el generoso respaldo del 68% de los estadounidenses al consumo legal recreativo. La droga, que suele contar con cierta popularidad entre la población joven, parece haber ganado también nuevos adeptos entre adultos y mayores. En la última década se ha duplicado el consumo de marihuana entre adultos de 50 a 64 años (9%); y entre los mayores de 65 años, ha aumentado siete veces (3%), un aumento que también subraya la nueva importancia que los mayores de la ‘Generación Boom’ atribuyen al bienestar físico y mental en la madurez.

La explosión ‘cannabis’ ha desatado la investigación, el desarrollo y la comercialización de la yerba y sus derivados, especialmente el cannabidiol, el componente no psicoactivo del cannabis, (el que no ‘pega’), que vive un momento de espectacular popularidad.

El cannabidiol CBD, que se extrae también del cáñamo, es un ingrediente común en productos especializados para el alivio del dolor, ansiedad y depresión comunes en los establecimientos de alimentación alternativa. La profesión médica prescribe regularmente CBD y marihuana por sus efectos beneficiosos entre los enfermos de cáncer y con patologías crónicas o terminales.

El cannabis, la droga de mayor cultivo, tráfico y consumo del mundo, vive un auge sin precedentes y el creciente impulso para su legalización ha atraído la atención de un significativo grupo de inversores, fabricantes e investigadores.

Corporaciones del alcohol y el tabaco, como la Constellation Brands, la compañía dueña de Corona, y Altria Group, dueña de Marlboro, han hecho inversiones multimillonarias en compañías de marihuana.

Las cinco grandes corporaciones que controlan el negocio de la marihuana compiten a muerte para acumular el mayor número de licencias en el mayor número de estados, como es el caso de Acreage & Holdings, la mayor de todas.

El lema de la ‘Gran Marihuana’ es la integración vertical con el control de todo el proceso: cultivo, procesamiento, distribución y operación de venta minorista.

En estados donde se intenta evitar la integración vertical de orientación monopolística, la ley reserva un significativo porcentaje de las licencias a programas de equidad, como en California y Nueva York.

En otros estados como Florida, donde solo es legal el uso medicinal, el propio sistema parece haber sido creado para favorecer a los grandes agricultores del cannabis: la integración vertical no sólo no se evita, sino que es obligatoria. Y dado el limitado número de ellas, una licencia para operar marihuana en el estado de Florida cuesta 55 millones de dólares, algo que de entrada descalifica a la mayoría de los operadores pequeños y medianos.

La fuerte integración vertical en Florida ha llevado al propio gobernador republicano, Ron DeSantis, a calificar de ‘cartel’ al grupo de solo siete corporaciones que controlan la ‘Gran Marihuana’ en el estado.  

Para los defensores de la concentración, el sistema permite al estado mayor control sobre la comercialización del cannabis.  Los detractores señalan que la concentración de la producción eliminará la diversidad artesanal que genera el pequeño productor y llevará a un descenso en la calidad y un aumento del precio.

El presidente Joe Biden ha mostrado su intención de regular la marihuana a nivel federal, aunque solo para la despenalización y no la legalización, una posición que, para la mayoría en el Congreso, no va lo suficientemente lejos. Los republicanos respaldan la legalización a fondo. Hasta las entidades financieras, deseosas de entrar en la mesa de juego cuanto antes, pide reformas que eliminen la prohibición que marca la ley sobre el lavado de dinero.

La cuestión es que pasará cuando el cannabis se legalice a nivel federal y los agricultores estatales se vean obligados a competir con actores nacionales.

De momento Nueva York es el Empire State del cannabis.