En el periodo de entreguerras la sociedad estadounidense experimentó el crac de 1929, que tuvo dramáticas consecuencias para su población, pero también supuso una toma de conciencia de las contradicciones del capitalismo, cuyo funcionamiento está íntimamente ligado al fenómeno de la crisis económica. La historia retiene sobre todo el nombre del presidente Franklin Delano Roosevelt como el iniciador de las políticas del New Deal. Estas permitieron un renovado aliento a Estados Unidos en el plano interior, especialmente con la intervención estatal a favor de grandes obras de infraestructuras públicas. Sin embargo, el balance de aquel periodo sigue teniendo ángulos muertos, como la relación entre el voluntarismo político de Roosevelt y los límites que trajo su enfrentamiento con el poder económico. A pesar de ello, el New Deal sigue siendo una referencia ineludible para amplios sectores del progresismo estadounidense y europeo, lo cual ha cristalizado en la reivindicación de un Green New Deal que tome en cuenta la dimensión ecológica. En su Historia del New Deal, Andreu Espasa (Barcelona, 1979),  profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, explora tenazmente ese capítulo del pasado reciente, sacando valiosas lecciones para los desafíos de hoy.

La Historia del New Deal que usted ha escrito pone énfasis en el hecho de que en la década de 1930 la Administración Roosevelt llegó a designar a los grandes poderes económicos como contrarios a la democracia. Se puso en la línea de mira a algunos monopolios... ¿Qué balance hace de la política antimonopolista del New Deal?

El New Deal tiene una relación cambiante y aparentemente inconsistente con el problema de los monopolios. En la primera fase, entre 1933 y 1935, la Administración Roosevelt favorece deliberadamente los intereses de los grandes oligopolios, pues les permite llegar a acuerdos para limitar la producción y mantener los precios altos. Esta primera postura promonopolios se explica por el mal diagnóstico económico que hace la Administración Roosevelt en 1933 al confundir uno de los síntomas de la crisis –la espiral descendente de precios– con la causa de las mismas. Además, en un inicio Roosevelt pretende salir de la crisis a partir de un gran pacto interclasista, algo que muy pronto se revela ilusorio. A pesar de haber sido beneficiados por la política promonopolista del primer New Deal, los grandes empresarios se enfrentan al presidente por haber fortalecido los derechos de organización sindical. Ante esta reacción, Roosevelt empieza a pensar que los grandes empresarios son unos desagradecidos y los convierte en el blanco de todos sus ataques en la campaña presidencial de 1936, unas elecciones en las que arrasa, a pesar de estar enfrentado al poder económico y a la mayor parte de medios de comunicación. Es entonces cuando acuña su famosa expresión de “monárquicos económicos”, para señalar a los principales líderes empresariales como una amenaza para la democracia.

El New Deal tiene una relación cambiante y aparentemente inconsistente con el problema de los monopolios

Sin embargo, la política antimonopolista tardó en llegar. Fue en 1937, con el inicio de una nueva recesión. Entonces se nombró al jurista Thurman Arnold como “zar antimonopolios”, y se iniciaron numerosas investigaciones judiciales para perseguir y sancionar las distorsiones que ejercían las grandes empresas en el funcionamiento del mercado. El enfoque era original, ya que no pretendía aplicar la legislación antimonopolio hasta sus últimas consecuencias –es decir, no pretendía liquidar y fragmentar a las grandes empresas monopolistas–, sino que más bien intentaba ampliar las funciones del Estado para que ejerciera una vigilancia constante sobre las grandes empresas. Durante el mandato de Arnold, se multiplicó el personal dedicado a estas tareas, pero este aumento de gasto público no representó ningún problema para las arcas del Estado. Al contrario, fue ampliamente compensado por los ingresos obtenidos gracias a las cuantiosas multas que tuvieron que pagar muchas grandes empresas.

La política antimonopolista llegó a su fin con el inicio de la II Guerra Mundial, que coincide con la reconciliación entre Roosevelt y los hombres de negocios. Por cuestiones de urgencia y por necesidad política, Roosevelt prefirió aparcar la política antimonopolista y permitió que los grandes ejecutivos de las empresas privadas asumieran la gestión de la producción bélica. Como consecuencia, las iniciativas de Arnold fueron sistemáticamente vetadas por los principales responsables políticos del esfuerzo bélico. Además, el propio Arnold contribuyó a su caída en desgracia por sus torpes enfrentamientos con los sindicatos, a los que también acusaba de distorsionar el mecanismo de precios de mercado. 

Usted indica que la tendencia de los debates en las décadas precedentes, así como las posiciones durante la campaña presidencial de 1932, no dejaban entrever claramente aquel giro hacia políticas progresistas. Por el contrario, el mismo Roosevelt expresaba una oposición al déficit público y otros consideraban incluso la necesidad de un “poder autocrático” o “propio de un clima prebélico”. ¿Qué determinó, según usted, la decisión de Roosevelt de tomar partido a favor de las grandes mayorías?

Como buen político, Roosevelt solía hacer promesas contradictorias en el periodo electoral, que conectaban con los deseos, también contradictorios, del electorado. En las presidenciales de 1932, prometió recortes en el gasto público y, al mismo tiempo, también defendió una ampliación del papel del Estado en la economía. Al llegar al poder, le dio prioridad al gasto público, a pesar de algunos recortes iniciales en los salarios de los funcionarios y en los beneficios de los veteranos de la I Guerra Mundial. Al aumentar el gasto público en programas de trabajo temporal y en la construcción de infraestructuras, pronto fue evidente que, para Roosevelt, era más importante atender las necesidades de la mayoría popular que seguir fiel al dogma de los presupuestos equilibrados. Su principal objetivo era salvar a la democracia liberal de los dos grandes competidores ideológicos de los años treinta: el fascismo y el comunismo. Roosevelt estaba convencido de que era necesario reformar a fondo la democracia, reducir las desigualdades y dar más garantías de seguridad y de futuro a los trabajadores. No solo por una cuestión de justicia social, sino para fortalecer la legitimidad y la adhesión popular al sistema democrático.

¿Cómo evoluciona el movimiento obrero estadounidense bajo el New Deal, en particular las organizaciones sindicales?

Sin duda, una de las consecuencias sociales más importantes del New Deal fue la irrupción de un nuevo movimiento obrero, mucho más fuerte e influyente que en el pasado. La mayoría de las organizaciones sindicales estadounidenses habían sufrido un terrible acoso gubernamental y empresarial desde el fin de la I Guerra Mundial. Con el New Deal, los trabajadores organizados empiezan a mejorar sus posiciones en las empresas y también en la vida política nacional. Ya durante el Primer New Deal, se les concedieron protecciones institucionales para sus derechos de organización dentro de las fábricas, lo que permitió un considerable aumento de la afiliación y la actividad sindical. El propio movimiento obrero experimentó un cambio decisivo con la aparición, en 1935, del Congreso de Organizaciones Industriales (CIO, por sus siglas en inglés), una escisión de la que hasta entonces había sido la principal central sindical del país, la Federación Americana del Trabajo (AFL, por sus siglas en inglés). El CIO abandonó la ideología gremialista de la AFL e impulsó el llamado sindicalismo industrial, una nueva forma de organizar a los trabajadores que permitía integrar a todos los empleados de cada industria, independientemente de su formación técnica o de su condición étnica. El CIO también supo aprovechar bien la coyuntura política y apoyó de forma decisiva al presidente Roosevelt en las elecciones de 1936. Desde entonces, y hasta la irrupción del neoliberalismo, a principios de los ochenta, el movimiento obrero organizado se consolidó como un actor político y social de primer orden, cuyas demandas no podían ser fácilmente ignoradas.  

¿A través de qué medidas se manifestó la pugna del gobierno contra el poder de las grandes industrias y a favor de los derechos de los trabajadores, situados en el eje de las políticas del gobierno?

Las grandes capitalistas se opusieron a la reforma fiscal de 1935, criticaron los déficits fiscales de toda la década y las iniciativas antimonopolistas de Arnold. Sin embargo, la gran fuente de conflicto entre los empresarios y el gobierno se dio en el ámbito de las relaciones laborales. En este enfrentamiento, los empresarios obtienen, a grandes rasgos, una victoria y una derrota. La derrota es que no pudieron evitar el crecimiento del movimiento obrero organizado. Este crecimiento no se debió solamente a las protecciones institucionales otorgadas por el New Deal. El movimiento obrero fue el principal responsable de su propio éxito. La fuerza del movimiento huelguístico, a mitad de la década, empujó a la Administración Roosevelt a dar un giro a la izquierda y a iniciar, en 1935, el llamado Segundo New Deal, que incluía nuevas garantías de organización sindical, el establecimiento de la Seguridad Social y una reforma fiscal progresiva. Además, la Administración Roosevelt se negó a poner sistemáticamente la fuerza del Estado del lado de los empresarios. Esto fue especialmente notorio con la huelga de General Motors, en Flint, Michigan, en 1937, que se saldó con una importante victoria para los trabajadores. Ni el presidente Roosevelt ni el gobernador del estado de Michigan quisieron enviar soldados y policías a romper la huelga y eso obligó a la empresa a rectificar y a reconocer la existencia del sindicato, lo que sin duda le dio al Estado una mayor legitimidad democrática, pues con esta actitud parecía acercarse al ideal de neutralidad de clase del discurso liberal.

Durante buena parte de los treinta, uno de los aspectos más populares del New Deal fue la puesta en marcha de programas de empleo público temporal para los trabajadores en paro

Como decíamos, junto con esta derrota empresarial, los grandes capitalistas también obtuvieron una victoria importante en el terreno laboral. Durante buena parte de los treinta, uno de los aspectos más atractivos y populares del New Deal fue la puesta en marcha de programas de empleo público temporal masivo para los trabajadores en paro. Para la élite capitalista, estos programas resultaban intolerables porque proporcionaban a los trabajadores una palanca de negociación salarial muy poderosa, especialmente para los trabajadores más explotados. Durante unos años, tuvieron la libertad de rechazar los trabajos peor pagados y trabajar temporalmente para el Estado. A finales de los treinta, aprovechando una crisis interna en el Partido Demócrata, las fuerzas contrarias al New Deal lograron articular una mayoría conservadora en el Capitolio, formada por republicanos y demócratas sureños, que se apresuró a poner fin a estos programas de empleo público. Se canceló así la posibilidad de que el Estado actuara como “empleador de última instancia” cuando el sector privado se mostrara incapaz de dar trabajo a todos los que querían trabajar.  

En aquella convulsa época a nivel político y social, el debate económico empezaba a tomar una inusitada importancia, rompiendo el tabú acerca de la intervención del Estado en la economía. Roosevelt lo resuelve hábilmente tratando de no herir sensibilidades y haciendo referencia a una tradición propia en EE.UU. que estuvo eclipsada... ¿Puede comentarla? Además ¿cómo reaccionó el mundo empresarial ante aquella maniobra y qué herramientas utilizó para contrarrestarla?

Roosevelt siempre tuvo un discurso muy nacionalista y, en este sentido, siempre procuró que sus propuestas no parecieran extrañas a la tradición política nacional. En este sentido, construyó un argumento históricamente convincente sobre los precedentes de la intervención del Estado en la economía durante el siglo XIX. Roosevelt recordó y señaló que la llamada “colonización del Oeste” consistió, en esencia, en un proceso de ayuda gubernamental para la expansión de las empresas privadas, especialmente para la minería y los ferrocarriles, pero no únicamente. También hubo importantes subsidios para crear universidades y para dar tierra a los que quisieran colonizar el nuevo territorio adquirido tras la guerra con México de 1846-1848. Roosevelt rebatió así el mito de que la riqueza de Estados Unidos solo se debía al carácter emprendedor e individualista de sus ciudadanos, y ayudó a hacer comprender que la intervención gubernamental –por ejemplo, los altos aranceles– había jugado un papel fundamental en la exitosa historia económica del país. Lo que cambiaba era la forma del subsidio público. En el siglo XIX, el Estado tenía muchas tierras sin explotar y poco capital, y distribuyó tierras para impulsar el crecimiento económico. En el siglo XX, en cambio, la proporción era inversa. El Estado ya no tenía tierras para repartir, pero sí que podía, a través de una política fiscal atrevida, repartir aquellos excedentes de capital a los que no se les estaba dando un uso provechoso.

En el pasado, la mayor parte de la intervención del Estado había estado enfocada a auxiliar a los capitalistas; durante el New Deal, se benefició a las clases populares

El mundo empresarial reaccionó muy a la contra. Acusó al gobierno de no respetar la concepción estadounidense de la libertad y de abrir el camino al totalitarismo. La reacción empresarial delataba una novedad importante en la historia de la intervención del Estado en la economía. En el pasado, la mayor parte de la intervención del Estado había estado enfocada a auxiliar a los capitalistas a hacerse más ricos, mientras que ahora, durante el New Deal, una parte muy importante de los beneficiarios eran miembros de las clases populares. En este sentido, aunque no se confesara abiertamente, la reacción indignada del mundo empresarial se podía entender como una reacción natural y predecible a una pérdida relativa de privilegios en relación a los nuevos compromisos del Estado.

Su ensayo presenta el New Deal no solo como una audaz política interior de EE.UU., sino también como una forma de proyectar la invención de un sistema democrático original en el contexto de surgimiento del fascismo europeo y del socialismo soviético. En lo que respecta a sus exigencias democráticas, ¿qué ángulos muertos de la Administración Roosevelt pueden tomarse en consideración con la perspectiva de hoy?

Hay dos aspectos fundamentales del pensamiento democrático de Roosevelt que tienen cierto interés para la actual crisis democrática. En primer lugar, Roosevelt era muy crítico con los aspectos más folclóricos del sistema democrático, especialmente con aquellos elementos que podían suponer un freno a las políticas deseadas por la mayoría popular. De ahí su enfrentamiento con el obstruccionismo judicial del Tribunal Supremo y también su atrevimiento a cuestionar el principio antireeleccionista. En este sentido, vale la pena recordar que Roosevelt, rompiendo una tradición política de limitación de mandatos establecida por el mismísimo Washington, se presentó y ganó las elecciones en cuatro ocasiones (1932, 1936, 1940, 1944), convirtiendo su paso por la Casa Blanca en el más longevo de la historia.

El otro aspecto importante es el de la necesidad de democratizar las bases materiales del sistema político, es decir, de democratizar la economía. Para Roosevelt, no era posible mantener una auténtica democracia si las clases populares vivían con miedo, ya fuera el miedo a perder el trabajo, el miedo a que la enfermedad implicara la ruina familiar, etc. Había que vivir sin miedo para poder participar de forma libre en el proceso democrático, para poder deliberar tranquilamente. Al mismo tiempo, un exceso de concentración de poder económico resultaba peligroso para la democracia, pues inevitablemente podía derivar en un excesivo poder político.

Lo que unía estos dos aspectos del pensamiento de Roosevelt –la doble apuesta por reformar el sistema político para hacerlo más sensible a las demandas populares y de reformar también el sistema económico para mitigar las desigualdades y la inseguridad social– era la voluntad de demostrar que la democracia podía lidiar con la crisis económica y podía ofrecer resultados tangibles a los votantes. Y hay que reconocer que, en una medida no desdeñable, lo logró. Si no lo hubiera logrado, si su paso por la Casa Blanca no hubiera implicado una transformación significativa de la realidad económica y social, sin duda se hubiera extendido la sensación de desapego y escepticismo hacia la democracia, un sentimiento que, de hecho, estaba ya muy presente en la sociedad estadounidense en los peores años de la Gran Depresión, especialmente en el invierno de 1932.

Su libro menciona el consenso que alcanzará el peso de la industria militar en la economía estadounidense. ¿Terminó el New Deal siendo un acicate para el desarrollo y expansión hegemónica del capitalismo? 

Sí, al menos en parte, eso es cierto. En el ámbito político, como ya hemos comentado, Roosevelt se proponía revitalizar la popularidad de la democracia liberal ante los desafíos de izquierda y derecha. Y, muy ligado con este objetivo, en el ámbito económico el objetivo principal de la filosofía política del New Deal era el de salvar al capitalismo. Se trataba, concretamente, de salvarlo de los propios capitalistas y de sus tendencias autodestructivas. Con las reformas del New Deal, el Estado se renueva y logra equiparse con unas eficaces herramientas de gestión macroeconómica que le van a resultar muy útiles para impulsar el crecimiento económico y relegitimar el capitalismo, que sin duda había sido muy cuestionado a principios de los años treinta.

Gracias a la II Guerra Mundial, Roosevelt encuentra la síntesis de pacto interclasista que tanto se le había resistido: el keynesianismo militarista

Durante los años treinta, las reformas del New Deal generaron mucha oposición entre los empresarios, pero, gracias a la II Guerra Mundial, Roosevelt encuentra la síntesis de pacto interclasista que tanto se le había resistido en sus primeros años en la Casa Blanca: el keynesianismo militarista. Todavía hoy se discute en Estados Unidos sobre el fin de la Gran Depresión. ¿Fueron las políticas expansionistas del New Deal? ¿O fue consecuencia de la entrada del país en la II Guerra Mundial? Es un debate un poco absurdo, porque durante la guerra el gasto público se dispara y, sobre todo, es un debate que esconde un consenso de fondo, que es el del keynesianismo militarista. A la mayoría de los demócratas les parece bien porque el gasto militar estimula la economía y los republicanos pueden aceptar este inmenso gasto público con argumentos de seguridad nacional, mientras siguen pidiendo recortes en el gasto social. En este sentido, hay una parte del legado del New Deal que se puede interpretar como un fortalecimiento de la hegemonía capitalista.

Al mismo tiempo, también hay que tener en cuenta que, en la memoria popular, el New Deal está asociado a la adquisición de derechos sociales –derechos a las pensiones por enfermedad y desempleo, derecho a la negociación colectiva–. Por eso ahora, para hacer frente a la crisis climática y social, la izquierda socialista en Estados Unidos está exigiendo un Green New Deal, que, en sus versiones más consecuentes, está más cercano a un programa de “reformas revolucionarias”, a un programa que desafía la lógica capitalista y que implica abolir la riqueza de las empresas que se lucran con el calentamiento global. Y de ahí la ironía histórica. Si el New Deal estaba pensado para salvar al capitalismo de los capitalistas, el Green New Deal, en cambio, se propone salvar al planeta de las garras del capitalismo.