El mundo rural lleva tiempo sufriendo la pérdida acelerada de servicios esenciales como la educación o la sanidad, pero no son los únicos. Otros servicios fundamentales para el día a día de la población, como el acceso a dinero en metálico, también están mermando en las zonas menos pobladas, tal y como confirma un informe publicado en los últimos días por el Banco de España. Según el organismo, el proceso de cierre de oficinas y cajeros que se está registrando en España, acelerado en los últimos meses a través de varias fusiones bancarias, ha provocado que cerca de 1,3 millones de personas –un 3% de la población– tengan serios problemas a la hora de acceder a dinero en efectivo.

En total, las cifras recopiladas por el Banco de España indican que desde el año 2008 el número de oficinas se ha reducido en nuestro país cerca de un 50%, mientras que el número de cajeros automáticos lo ha hecho un 20%. Esta tendencia, que seguirá al alza durante los próximos años según el propio organismo, no ha logrado ser compensada por otros medios alternativos, como pueden ser las oficinas móviles, las oficinas de correo o los establecimientos comerciales, y además se está manifestando de forma muy desigual por el territorio.

Prueba de ello es que hasta en seis provincias el 100% de la población cuenta con un punto de acceso a dinero en efectivo a menos de 5 kilómetros de distancia, mientras que en algunas zonas de Castilla y León, como Zamora y Ávila, este porcentaje apenas llega al 80 u 85%. Extremadura y Galicia son otras de las comunidades más afectadas por la desaparición de sucursales y cajeros.

De la misma forma, los problemas de acceso tampoco se dan con la misma intensidad en todos los lugares y regiones. Según cálculos del organismo, hasta 340.000 personas viven en municipios con una vulnerabilidad alta en términos de acceso a dinero en efectivo. Se trata, principalmente, de poblaciones con muy pocos habitantes, de baja renta y con una media de edad muy avanzada. Ninguno de estos pueblos cuenta con puntos de acceso a dinero en efectivo y, de media, el cajero más cercano se encuentra a casi 10 kilómetros de distancia.

Por su parte, casi un millón de personas habita en municipios donde existe una vulnerabilidad financiera media. De nuevo, se trata de poblaciones con un porcentaje elevado de población mayor y una riqueza baja, pero en este caso la densidad de población es algo más elevada y cuentan con algunos puntos, aunque escasos, donde poder conseguir dinero en efectivo. En total, casi un cuarto de las personas que sufren esta situación se concentran en las provincias gallegas de Lugo, A Coruña y Ourense.

En 2019, un estudio del Instituto Coordenadas, bastante más valorativo que el del Banco de España, ya señalaba de los riesgos de la exclusión financiera que está sufriendo una parte importante de la población que no puede acceder a dinero en efectivo. Según este think tank, las dificultades de acceso a cajeros y otros medios para obtener efectivo no solo están generando problemas de desigualdad geográfica y de oportunidades, sino que además están fomentando un reparto injusto de la riqueza y supeditando a la población a las exigencias y “depredación” del sistema financiero.

El documento del centro de estudios destaca, de forma vehemente, los numerosos peligros que se derivan de la concentración de poder que están consiguiendo las entidades bancarias con la expansión del sistema de pagos electrónicos, un modelo convertido de facto en un monopolio: “Un mundo sin efectivo incrementará notablemente el poder del sistema financiero cuyos patrones hemos conocido dramáticamente en esta última crisis, con cientos de miles de litigios por mala praxis y con los rescates como socialización de las pérdidas”.