Las zonas rurales, sometidas durante décadas a un proceso de abandono y pérdida de población, son un elemento clave en la lucha contra el cambio climático y en el nuevo modelo de transición ecológica. Esto es lo que asegura un estudio de Greenpeace en el que se ha analizado el aprovechamiento del suelo que hacen los distintos municipios de nuestro país. Los resultados señalan que los pueblos contribuyen hasta en un 34% menos al cambio climático de lo que lo hacen las grandes ciudades, donde cerca de la mitad del espacio alberga actividades que emiten gases de efecto invernadero.

“Los ecosistemas naturales de la España rural, como bosques, pastos o humedales, pueden convertirse, si los protegemos, en nuestros grandes aliados como sumideros de CO2... Sin los ecosistemas naturales nos quedamos sin comida y sin salud ambiental”, sostiene el documento, que ha recopilado información sobre el uso que hacen del territorio los algo más de 8.100 municipios, tanto grandes como pequeños, que componen la geografía española.  

Cerca de dos tercios del territorio de las zonas rurales –unos 27 millones de hectáreas– se orienta a actividades que contribuyen a la sostenibilidad de los ecosistemas

Los cálculos de de la organización ecologista revelan que las actividades que se desarrollan en los pueblos tienen un impacto positivo sobre la biodiversidad hasta veinte veces mayor que el de las grandes urbes. En términos totales, esto supone que cerca de dos tercios del territorio de las zonas rurales –unos 27 millones de hectáreas– se encuentra orientando hacía actividades que contribuyen a la sostenibilidad de los ecosistemas y la provisión de servicios ambientales, mientras que en las grandes ciudades este porcentaje apenas llega al 46% –1,5 millones de hectáreas–. 

Frente a estas evidencias, la realidad geográfica y medioambiental construida durante las últimas décadas presenta un escenario poco esperanzador ante la emergencia climática: la intensa despoblación y desatención del medio rural ha llevado a que sólo un 16% de la población española viva en ese 85% del territorio del que depende gran parte de la “producción de alimentos y del acceso a recursos hídricos, forestales y de regulación climática”.  

España es el país con más biodiversidad de Europa, albergando en su territorio cerca del 50% de las especies de la región

Este abandono de los espacios rurales, que toma forma en la desaparición de servicios básicos y en la falta de oportunidades laborales, es aún más latente si se tiene en cuenta que España es el país con más biodiversidad de Europa, albergando en su territorio cerca del 50% de las especies de la región. Sin embargo, la inversión nacional para proteger los ecosistemas naturales no llega al 0,1% del PIB tras una década de intensos recortes, y cerca de un 80% de los espacios forestales del país no tienen planes de ordenación que garanticen preservar el monte y los bosques.   

Como consecuencia, España también se ha situado como el Estado europeo con más especies vegetales y ganaderas amenazadas, al tiempo que han proliferado soluciones insostenibles en forma de “macrogranjas, proyectos urbanísticos desmesurados o sistemas de energías renovables que carecen de evaluación ambiental estratégica”.  

“Este cambio de los modos de producción ha multiplicado la productividad de los cultivos, pero a costa de agotar los recursos naturales, el suelo y el agua y destruir biodiversidad”, añade la organización, que también destaca los graves problemas de contaminación que está provocando el modelo agrícola y ganadero industrial, altamente dependiente de productos industriales como los fertilizantes o los pesticidas.

Ante esto, Greenpeace reclama una estrategia nacional contra la despoblación rural más ambiciosa que los actuales planes y programas de desarrollo –muy dependientes de los fondos europeos de la PAC–, que hasta el momento han demostrado poca eficacia y unos niveles de ejecución muy bajos. Entre otras recomendaciones, la organización ecologista propone la creación de una ley estatal que sitúe la crisis climática como eje central en el desarrollo de políticas, medidas para la transición ecológica en el sector primario o fomentar el consumo de productos locales a través de campañas o pliegos de contratación pública.  

Junto a esto, el documento también menciona medidas específicas destinadas a la repoblación, entre las que se incluyen la prestación de servicios públicos en zonas rurales, la reducción de desigualdades –de acceso, de género o digitales– o mejoras en la movilidad.