El 14 de septiembre, el Gobierno anunciaba una serie de medidas para abaratar una factura de la luz que no ha dejado de marcar récords históricos a lo largo de 2021. Entre ellas, se cuenta una tasa sobre los beneficios de las compañías energéticas que operan la distribución eléctrica en España, de unos 3.000 millones de euros obtenidos por los llamados windfall profits –beneficios caídos del cielo–. En este caso se apunta a una compensación por haber vendido el kilovatio hora (kWh) obtenido de fuentes nucleares e hidroeléctricas a precios de kWh obtenido a partir del uso de gas natural, combustible fósil cuyo precio no para de dispararse en los mercados energéticos globales, y que en Europa es clave para la producción de electricidad. 

Pero, por mucho que se quejen las empresas que operan la distribución eléctrica, especialmente Iberdrola, no se debe confundir esta medida episódica para calmar la evidente crisis que generan estas subidas de precios permanentes con cambios profundos en la posición del Gobierno sobre el modelo de incrustación de las grandes empresas energéticas privatizadas en los aparatos estatales. 

Las empresas energéticas privatizadas han vivido durante mucho tiempo a salvo de las presiones de la competencia

Iberdrola, sin ir muy atrás en el tiempo, ha sido la empresa española que ha solicitado al Estado la mayor cantidad de fondos europeos Next Generation. Como dice en su página web, más de 175 proyectos y 30.000 millones. Y presume de ser la empresa responsable de coordinar el reparto de fondos a todo el tejido involucrado en la transición energética. Esta posición dominante se acompaña de un buen número de concesiones millonarias y “de prestigio” a escala global, como la licencia para construir el primer parque eólico marítimo offshore en Estados Unidos. 

Este espaldarazo ha propulsado los precios de las acciones de Iberdrola a sus máximos históricos, viniendo desde el polo opuesto. En 2016, el precio estaba en mínimos históricos. En 2020, Iberdrola llegó a ser la segunda empresa en capitalización bursátil del IBEX, solo por detrás de Inditex. Algo absolutamente sorprendente si se tiene en cuenta que es una empresa que vive de contratos públicos y negocia combustible fósil. 

La competencia es un deporte de riesgo

Las empresas energéticas privatizadas han vivido durante mucho tiempo en el lugar en que desean vivir todos los capitalistas medianamente exitosos: a salvo de las presiones de la competencia. Tanto ha sido el uso que han hecho las energéticas privadas del Estado, que a día de hoy es complicado ver dónde acaban las empresas privadas y donde empieza el ámbito estatal. Es un trabajo de filigrana saber dónde acaba la vicepresidencia de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España y dónde empiezan Iberdrola, Endesa, Naturgy o Repsol. Basta leer una entrevista reciente de Teresa Ribera en el Financial Times para darse cuenta de que la vicepresidenta se dirige a la Comisión Europea como representante patronal y relaciones públicas de las eléctricas españolas en nombre del desarrollo de las energías renovables. 

Estas empresas hace tiempo que dejaron de ser un refugio para las provincianas élites franquistas para pasar a ser paraísos transnacionales de las élites globales

A pesar del evidente origen franquista del modelo de empresa energética española, mal haríamos en pensar que esta posición oligopolista es una simple pervivencia del pasado. Estas empresas hace tiempo que dejaron de ser un refugio para las provincianas élites franquistas para pasar a ser paraísos transnacionales de las élites globales. Lo que se intenta es convertir en continental y global el acceso a los nichos de succión permanente de recursos públicos de los Estados nación. Lo que la Unión Europea llama “libre mercado energético” no es más que un conjunto de procedimientos formales para que los intereses de las distintas élites oligopolistas se socialicen en forma de participaciones y adquisiciones cruzadas de posiciones en los consejos de administración de los gigantes privatizados.  

Cuando la oferta encontró a la demanda

Realmente si hay un mercado en la historia del capitalismo que no cumple las condiciones para ser denominado mercado libre es el mercado actual de la energía. En concreto, la distribución de electricidad en las economías capitalistas actuales no puede ser sino oligopolista. Por supuesto, de este punto y los que siguen no se deriva ningún tipo de recomendación de vuelta a un esquema de soluciones “más mercado” hoy muertas en la práctica, cuanto de una advertencia muy seria contra los aún vivos esquemas de “más Estado”. 

En el caso de los combustibles fósiles, el componente principal de la oferta no es resultado de un proceso de producción para el mercado sino, aún mayoritariamente, de la extracción de depósitos minerales finitos. Si las industrias del Estado-nación en expansión –o, en el caso que nos ocupa, los hogares y las actividades de consumo del Estado-nación postindustrial– no pueden ser satisfechas con la explotación de las reservas internas, hay que ir a buscarlas allí donde estén. Como bien sabían los poderes coloniales, el acceso a las grandes reservas minerales no se consigue en una negociación de mercado sino en un despiadado dominio de las poblaciones no europeas que han sido, y son, parte desde hace generaciones de los ecosistemas que, en su evolución, han generado esos recursos. Tampoco la demanda es mucho más ajustada a los principios del libre mercado, puesto que la red de distribución es única y es el Estado quien determina sus usos, su crecimiento y sus conexiones. Hoy por hoy, por ejemplo, el autoconsumo no es una opción disponible libremente en las zonas urbanas.

Es imposible aplicar el adjetivo “libre” al mercado eléctrico, entre otras cosas porque no admite entradas de nuevos competidores en la producción. Todas aquellas empresas que entran de nuevas en el mercado energético lo hacen en el último peldaño de la distribución. Las subastas de electricidad que componen el núcleo del supuesto libre mercado energético europeo favorecen esta suerte de reproducción ampliada a escala europea de esa estructura oligopolista incrustada en los aparatos del Estado. La subasta de electricidad de la Unión Europea es el mercado mayorista central donde se fijan los precios. En el caso que nos ocupa, es el principal mercado para el gas natural. A las subastas mayoristas para el día en curso y a un día vista, tan sólo concurren los grandes operadores, ya sean productores o intermediarios financieros, utilizando contratos spot en los que se fijan la cantidad Mwh y el momento de la entrega; el uso de futuros y derivados financieros es habitual. 

El movimiento hacia el gas natural como recurso central de los mercados energéticos tiene que ver con la irrupción de la competencia por precios en el mercado del petróleo

La principal subasta europea de energía es el EEX (European Energy Exchange), donde los precios se fijan por el método llamado coste marginal local que fija el precio del kwh al precio de la energía de producción más costosa, generando ventajas inmediatas para las producciones más baratas que se venden al mismo precio. Este mecanismo ha funcionado tradicionalmente en contra de la producción renovable independiente de altos costes de capital frente a la extracción casi gratuita en tecnologías amortizadas como las hidráulicas o la nuclear. Este mecanismo de formación de precios ha provocado que sean los grandes grupos energéticos privatizados de cada país los que captan los beneficios regalados por la generación eléctrica con tecnologías amortizadas. 

No es que Iberdrola haya obtenido este tipo de beneficios por una manipulación del mercado puntual como sugiere el Gobierno; no le hace falta, las subastas ya funcionan a su favor, es la manera normal en que obtiene beneficios. Que los oligopolios hayan logrado controlar también la oferta renovable es un éxito de este modelo, de una exquisita sofisticación formal que, como sucede en otros tantos teoremas económicos ortodoxos, recubren las más chabacanas prácticas de saqueo. Ahí está el impune crimen ambiental de Iberdrola vaciando un número que aún no conocemos de pantanos de Extremadura, Zamora y Galicia para vender el Kwh hidráulico a coste de Kwh generado por gas natural. Un vaciado de pantanos que le ha valido a Iberdrola una multa de 25.000 euros por destruir irreparablemente un ecosistema. Toda una persecución del Gobierno.

El nuevo y el viejo “deal”

El movimiento hacia el gas natural como recurso central de los mercados energéticos tiene mucho que ver con la irrupción reciente de la competencia por precios en el mercado del petróleo, nunca vista en el régimen dólar/OPEP, en el que hasta 2020 era el combustible fósil el que ha funcionado como activo económico central para el funcionamiento del capitalismo global. Para terminar de rematar a Europa, deficitaria en gas y acosada por la inflación de origen energético, Gazprom, el gigante energético de Putin, ha cerrado el grifo del gas para forzar que el nuevo gobierno alemán firme la puesta en funcionamiento del Gasoducto ruso Nord Stream 2. Europa importa de Rusia casi el 42% del gas natural que consume.

Esta centralidad del llamado Green New Deal o transición energética en el momento actual de crisis capitalista global se puede comprobar fácilmente viendo las enormes cantidades que los grandes fondos financieros están dispuestos a invertir en nuevas tecnologías energéticas que, una vez cubran las gigantescas necesidades de beneficio de unas bolsas anegadas de capital barato, supuestamente llevarán al capitalismo hasta la neutralidad climática. Uno de los instrumentos centrales del capitalismo verde para llevar a cabo esta proeza es el mercado de emisiones de carbono. Al calor del giro chino, estos mercados de derechos de emisión se han disparado en volumen y precios, jaleados por las instituciones europeas y no pocas voces ecologistas. 

En el caduco mundo teórico de la economía ambiental, que aún hoy influencia por igual a los tecnócratas europeos y al ecologismo político decrecentista, la subida de precios de los recursos energéticos hace descender la demanda generando un menor ritmo de extracción del recurso. Uno de tantos ejemplos de desconexión de cierto ecologismo, ya sea tecnocrático o decrecentista, con la realidad política del capitalismo actual. Una realidad en la que por el momento la sobresaturación de discursos que prometen un capitalismo que “esta vez lo hará bien” y arreglará la tierra, coexisten sin mucho problema con un poder cada vez mayor de unos colosos oligopolistas que ya no son favorecidos por el Estado, sino que son el Estado.