El pasado 7 de septiembre, víspera del Día d'Asturies, el pleno de la Xunta Xeneral (el parlamento asturiano) acogió la propuesta formal del presidente autonómico, Adrián Barbón, de iniciar el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias. Era una promesa electoral de la Federación Socialista Asturiana y una exigencia de los dos partidos a la izquierda del PSOE con representación en el parlamento autonómico, Podemos e Izquierda Xunida. La propuesta fue acogida con desdén por PP y Ciudadanos, con tibieza por el único diputado de Foro Asturias y con hostilidad por Vox. El diputado casquista Pedro Leal, expulsado de Foro Asturias por discrepancias con la actual ejecutiva, sumó su voz al bloque de los reacios a la reforma.

La ronda de conversaciones del Gobierno con los grupos parlamentarios echó a andar el 16 de septiembre. No con todos: habida cuenta de su explícito rechazo al marco legal del Estado autonómico, Vox no fue invitado. En ese primer contacto entre partidos, Barbón trasladó a cada grupo un documento con once puntos objeto de discusión y reforma. De esos once puntos, muchos de ellos de alto calado simbólico como la consideración de “nacionalidad histórica”, tan solo uno suscita el rechazo de PP y Ciudadanos, justo el que ha motivado esta reforma: reconocer la oficialidad de la lengua asturiana (y del gallego-asturiano en su ámbito territorial) junto al castellano.

Se trata de una reivindicación histórica, que durante décadas ha movilizado a decenas de miles de personas en torno a la exigencia de que se cumpla el mandato constitucional de que las lenguas españolas diferentes de la castellana sean oficiales en las comunidades autónomas donde se hablan. En ese sentido, es una reivindicación plenamente constitucional y democrática, en absoluto discordante con el marco jurídico y político de la España actual y que, si acaso, tan solo provoca el asombro de que no se haya visto satisfecha desde el principio. Esta anomalía democrática es la que pretende resolver la reforma estatutaria que ahora empieza.

Se estima que en Asturias hablan asturiano unas 200.000 personas, a las que habría que sumar unos 45.000 hablantes de gallego-asturiano o eonaviego

En contra de esta reivindicación ha jugado un papel fundamental, desde hace 40 años, la oposición frontal de la Federación Socialista Asturiana. Tanto es así que la FSA llegó a ser el único grupo político contrario a oficializar el idioma durante las últimas negociaciones para reformar el Estatuto, en 2008, en las que el PP, a través de Gabino de Lorenzo e Isidro Fernández Rozada, se mostró dispuesto a reconocerla. Los papeles se invirtieron a partir del último congreso de la FSA en 2017, del que el PSOE asturiano salió aprobando la inclusión de la oficialidad en su programa electoral para 2019. Transcurrida la mitad de la legislatura, y superado con éxito el reto de contener la covid-19, no parece que hubiera razón alguna para retrasar más el arranque del proceso.

Es prudente aclarar que la figura de la cooficialidad para una lengua tan solo protege los derechos de sus hablantes, sin predeterminar de qué manera las administraciones públicas tendrán que ser reformadas para adaptarse a la nueva situación. Modelos de oficialidad hay muchos y el asturiano tendrá que ser objeto de debate y sustanciarse en una ley específica que la regule. Pero negarle la condición de lengua oficial, como están dispuestos a hacer PP y Ciudadanos, equivale a situarse del lado de fuera del ethos democrático. Es una postura incomprensible en un PP que no tiene problema en aceptar, aunque modulándolo a la baja, el efectivo bilingüismo de comunidades autónomas en las que gobernó o gobierna, como Galicia. Sin ir más lejos, el presidente gallego Alberto Núñez Feijoo, invitado a dar su opinión sobre la reforma asturiana, evitó respaldar sin fisuras a la portavoz del PP en la Xunta Xeneral, la irrelevante Teresa Mallada, algo que sí hizo, cómo no, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, una voz autorizada en su doble condición de lingüista y asturiano, se supone.

Se estima que en Asturias, con una población de un millón de personas, hablan asturiano unas 200.000, a las que habría que sumar unos 45.000 hablantes de gallego-asturiano o eonaviego. Con todo, las últimas encuestas sociolingüísticas muestran que también la Asturias castellanohablante está mayoritariamente a favor de que las dos lenguas autóctonas sean oficiales junto al castellano. Según datos de 2017, tan solo un 19% sería reacio a que sus hijos aprendieran asturiano, casi el mismo porcentaje de los que son totalmente contrarios a que el asturiano sea oficial (un 18%). La sociedad asturiana no está polarizada sobre este asunto y no es en absoluto creíble que la normalización lingüística sea una reclamación exclusiva del nacionalismo asturiano, una opción que no cuenta a día de hoy con ningún representante en la cámara autonómica. Agitar el fantasma del independentismo, como hacen Vox y Casado, es hablar de espaldas a la realidad.

El presidente asturiano confía en que el borrador del nuevo Estatuto de Autonomía esté listo para la primavera. Sería un error que PP y Ciudadanos insistieran en permanecer fuera del debate parlamentario y en alinearse con lo peor del nacionalismo lingüístico español, representado aquí, como no podía ser de otro modo, por Vox. Un error mayúsculo, por cuanto significa convertir la defensa de un derecho y de una lengua en un asunto ligado al color político, no a un marco democrático de convivencia. La brutalidad con que ciertos medios de comunicación locales han comenzado a maniobrar y a movilizar al sector más ultramontano de la intelligentsia asturiana y española supone una instrumentalización descarada del conflicto lingüístico en beneficio de la estrategia de crispación guerracivilista en que se han embarcado Vox y Casado. Por el momento, esa brutalidad ya ha conseguido cruzar todas las líneas del buen gusto en la campaña desatada contra Adrián Pumares, diputado de Foro y partidario de la oficialidad, de cuyo voto dependerá que la reforma salga aprobada por la mayoría de 3/5 requerida. Se ve venir un invierno de exaltaciones patrióticas, ínfulas cortesanas y retórica colonial, muy del gusto de una derecha cada vez más encantada de extralimitarse y jugar al victimismo. Es una exigencia democrática que la anomalía asturiana se resuelva de una vez por todas y que los hablantes de asturiano vean por fin reconocidos sus derechos en un plano de igualdad con, al menos, los hablantes de catalán, aranés, euskera y gallego.