Han saltado todas las alarmas en torno a la salud mental. La preocupación actual, en el marco de la crisis de la covid-19, evidencia que el bienestar psíquico es uno de los aspectos afectados. Los movimientos sociales han comenzado a activarse con la legítima reclamación de servicios de salud mental en la sanidad pública más contundentes. Sin embargo, se echa de menos escuchar debate interno en la psicología –en particular las voces desde la psicología crítica–. 

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El carácter epidémico de la salud mental no emerge del momento de crisis actual, sino que se viene acentuando con los cambios de paradigmas sociales que hemos atravesado en las últimas décadas. La globalización, por ejemplo, ha ido acompañada de un crecimiento de problemáticas psíquicas, que se han estudiado en profundidad en el marco de la crisis económica desencadenada en 2008. Hemos observado que, en aquellas regiones, como Asturias, donde la reconversión industrial y desmantelamiento de la minería cercenó las expectativas de futuro de la población, se dispararon los indicadores de salud mental. Así, Asturias se convirtió rápidamente en una de las regiones más medicalizadas, más diagnosticadas y con un mayor consumo de medicación. Así, por ejemplo, casi una de cada cuatro mujeres asturianas consume hipnosedantes, según la encuesta EDADES 19-20. En el conjunto español, la juventud, sin expectativas de futuro y ante un presente cada vez más complejo, ha visto incrementar las tasas de suicidio hasta ser la primera causa de muerte no natural entre los 15 y 29 años según datos del INE para 2019. 

En regiones como Asturias, donde la reconversión industrial y desmantelamiento de la minería cercenó las expectativas de futuro, se dispararon los indicadores de salud mental

Además, los entornos laborales se han problematizado en un proceso de psicopatologización correlativo a la desregulación y precarización de las relaciones laborales. Por tanto, la cuestión no responde únicamente al deterioro de la salud mental, sino a las causas de este deterioro. La conversación ha transitado poco sobre esta cuestión, lo que resulta realmente problemático. 

La psicología se circunscribe en España como sanitaria desde hace muy poco tiempo. Es en 2011, con la ley 33/2011 General de Salud Pública, cuando se regula por primera vez la figura del profesional de la psicología general sanitaria. Lo que al profano le puede parecer obvio, dentro de la diversidad de la disciplina ha generado, y sigue generando, gran controversia. De facto, esta medida ha delimitado la psicología al ámbito de la salud, suponiendo, en la ordenación estatal, insertarla en el plano sanitario. La medicina, tradicionalmente asentada en este margen, no logra quitarse de encima el denominado modelo médico. Pese a los esfuerzos, la práctica totalidad del presupuesto sanitario está destinado a la intervención aguda, sobre la enfermedad, mientras que para la salud pública y comunitaria quedan las migajas, pese a que esta es la que propone un cambio en el modo de vida que prevenga la enfermedad. ¿Qué hay más saludable que esto?

En el caso de la práctica psicológica el trayecto se halla incluso más viciado. Por la baja incidencia en los espacios sanitarios públicos, la práctica profesional se da mayoritariamente en clínicas privadas. Así, el desarrollo teórico e interventivo de la clínica está focalizado sobre el síntoma y el tratamiento –trabajo de consulta–. En más ocasiones de las deseadas, la disciplina ni siquiera se considera legítima para trascender el plano de intervención individual. Un ejemplo fácil de entender: una persona tiene un grado de exigencia horaria inasumible en su puesto, y unos ingresos que generan necesarias tensiones familiares. No está contratada de acuerdo a su convenio, y en el sector en el que se emplea esto es lo habitual. Esta persona fácilmente puede comenzar a experimentar cuadros de ansiedad, ya que existen pocas alternativas a las que aferrarse. Como diría el psiquiatra Guillermo Rendueles, la solución parece más sindicalista que terapéutica, pero el tratamiento más habitual en las clínicas sería el mindfulness que todo lo cura. Puede que esta persona se sienta mejor hoy. Quizá durante un par de meses. Quizá ese alivio le ayude a tomar perspectiva y decida intentar cambiar de sector laboral con éxito, y su vida mejore sustancialmente. Sin embargo, otra persona ocupará el puesto que ha abandonado con la enorme probabilidad de, si se lo puede permitir, acabar acudiendo a las mismas sesiones del mindfulness que todo lo cura.  

De este modo, el modelo psicológico se presenta teóricamente bio-psico-social, pero en la práctica se limita a bio-psicológico en el mejor de los casos. Así, la hegemonía de esta visión en la psicología clínica ha supuesto una progresiva despolitización de la disciplina, y, con ello, una pérdida de potencialidad como herramienta transformadora de entornos. Autores como Edgar Cabanas argumentan lo conveniente, para el sistema económico, de la capilarización de la Psicología Positiva dentro de la Psicología. Esta no cuenta con un gran fundamento científico como aval, pero sí con un peso ideológico rotundo y absolutamente alineado con la lógica neoliberal interna, culpabilizante, identitaria y atomizada.

Anastasio Ovejero, uno de los nombres propios de la Psicología Social en España, describe la psicología, junto a otras ciencias como la educativa o las  propias de la intervención social, como una herramienta de gestión social. De hecho, sostiene que el auge de la psicología en la segunda mitad del siglo veinte sólo puede explicarse sobre esta capacidad de modificar y modular los modos de vida. Siendo ello radicalmente cierto, no es, a priori, algo sobre lo que quepa moralizar. El juicio moral sobre la práctica psicológica debería devenir de la intencionalidad de su intervención, y no de la capacidad de sus postulados. En ese sentido, Bauman, con la claridad que le caracteriza, sostuvo que cualquier disciplina científica, y en particular aquella que se aproxima a la vida de las personas, debe tener un carácter propositivo sujeto a la justicia social. La justicia social, una aproximación necesariamente colectiva, impone la dignidad sólo como tal cuando es compartida. Sin este punto de partida existe un riesgo importante de que la intervención clínica cronifique las problemáticas existentes en cuanto a la prevalencia de salud mental, en lugar de atajarlas. Es decir, una intervención individual sobre casos de depresión puede aliviar o subsanar el trastorno de los individuos sometidos a tratamiento, pero en ningún caso atajará las causas que en términos macrosociales explican que la depresión sea un fenómeno de incremento progresivo. 

Por ello, el debate actual no debería reducirse a la rotundamente necesaria presencia de más profesionales de salud mental en la sanidad pública, sino que debería ampliar fronteras y comprender la psicología política –y otras disciplinas afines– en todos los espacios institucionales. Sólo de ese modo las políticas públicas podrán atender a las causas de la problemática de salud mental y buscar soluciones radicales. El mejor antídoto para el trastorno mental se encuentra en la calidad de vida, y en un país, como España, que se puede permitir el tercer índice de desigualdad de la Unión Europea, la vida y su calidad corren el riesgo de quedarse en segundo plano. 

Postdata: la psicología política, como asignatura, ha desaparecido de no pocas facultades españolas con los cambios de planes de estudios propiciados por el denominado Plan Bolonia. 

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José Antonio Llosa es miembro del Equipo de Investigación Workforall, Universidad de Oviedo.