Hace unos días, en la Escuela de Otoño de IU en Sevilla, Rafa Mayoral planteaba la diferenciación que a su juicio cabe establecer entre el “Pacto del 78” y el “Régimen del 78”. Según este esquema, “Pacto del 78” se refiere al texto constitucional, resultante de la correlación de fuerzas que existía en aquel momento entre las élites provenientes de la dictadura y las fuerzas que habían protagonizado la oposición social, política y sindical al régimen de Franco. De forma similar a lo que representa un convenio colectivo como cristalización jurídica de una determinada correlación de fuerzas entre patronal y trabajadores, la Constitución del 78 plasma una dialéctica por definición contradictoria entre los ingredientes políticos que impusieron los prebostes franquistas (el más importante, cuyo nombre y apellidos incluso figuran en el texto constitucional, vive hoy en un hotel de lujo en Abu Dhabi) y los elementos que lograron introducir en aquella negociación las fuerzas democráticas (las libertades públicas, los derechos sociales, el reconocimiento del papel del sector público en la economía y demás aspectos progresistas de la Constitución). Frente al “Pacto del 78”, cosa distinta sería, siguiendo el razonamiento de Mayoral, lo que llamamos “Régimen del 78”: toda la estructura de poder, más material que formal, desplegada precisamente para evitar el cumplimiento de la parte más progresista del Pacto. En otras palabras: las mismas élites políticas que suscribieron un pacto formal que incluía piezas relevantes conquistadas por la izquierda instituyeron en paralelo una estructura material destinada a impedir el desarrollo de los componentes que no les gustaban de aquel acuerdo. El planteamiento no dista mucho, aunque expresado en otros términos, del que ha subyacido siempre al discurso político de Unidas Podemos: la reivindicación de los elementos progresistas de la Constitución y la denuncia de los dispositivos oligárquicos construidos para soslayar su realización efectiva.  

Esa contraposición Pacto vs Régimen dibuja una analogía interesante para pensar la contradicción permanente que existe en el seno del actual Gobierno de coalición: la que se da entre el programa que el PSOE firmó con Unidas Podemos –cuyo cumplimiento íntegro, al igual que el de la Constitución, representaría avances significativos para las mayorías sociales– y toda la arquitectura discursiva, comunicativa e institucional, que incluye a la estructura gubernamental, construida por el propio PSOE con el fin de evitar en el mayor grado posible la aplicación de los elementos más ambiciosos que Unidas Podemos imprimió en el acuerdo de Gobierno. 

Merece la pena recordar cuál fue la génesis del Gobierno de coalición. La historia de España entre el año 2015 (cuando se generaron las condiciones de posibilidad en el Parlamento para la ruptura del bipartidismo) y el año 2019 (cuando finalmente se rompió; conviene no olvidar que el bipartidismo no es sino un sistema de turno en el Gobierno) está marcada por las resistencias del aparato del PSOE a formar un Ejecutivo de esa naturaleza, para el que había números desde las primeras generales a las que concurrió Podemos. Primero fue el pacto con Ciudadanos, después la abstención para que gobernara Rajoy, finalmente la nueva intención de pacto con Ciudadanos en el verano de 2019, que Rivera no quiso, y la voluntad de que, en el mejor de los casos, Unidas Podemos firmara un brindis al sol en forma de acuerdo programático y se quedase fuera de los ministerios. Fueron necesarias cuatro elecciones generales en cuatro años para que Pedro Sánchez asumiera, tras perder más votos que Unidas Podemos en la repetición electoral de diciembre de 2019, que la única forma que tenía para gobernar en España era hacerlo con Pablo Iglesias. 

Pero que Sánchez acabara aceptando el escenario al que se resistió durante cuatro largos años y accediera a pactar un programa y un Gobierno con Unidas Podemos no significa que no siga estando dispuesto a hacer todo lo posible por mitigar la proyección de las ministras de su socio forzoso y por impedir la materialización de la parte morada del pacto de coalición. ¿O alguien piensa que el PSOE, ahora sí, está encantado con hacer políticas que nunca quiso aplicar cuando gobernaba en solitario? ¿O con desandar un camino, recorrido por Rajoy, que el propio PSOE inició en asuntos clave, con la reforma laboral de 2010 y el aumento de la edad de jubilación en 2011? 

Evidentemente, no. Y ese es el motivo que inspira buena parte de su acción política, desde la comunicación hasta el propio reparto competencial entre los distintos ministerios del Gobierno que diseñó Sánchez. Ahí están, por mencionar solo algunos nombres, Nadia Calviño (cancerbera de la austeridad en Europa), Fernando Grande-Marlaska (ex vocal del CGPJ a propuesta del PP), José Luis Escrivá (ex alto cargo del BBVA y ex presidente de la AIReF que abroncaba a las administraciones públicas para que cumplieran mejor la regla de gasto de Cristóbal Montoro) o Margarita Robles (la figura por la que apostaban para presidir un soñado gobierno de concentración los militares golpistas que hablaban de “fusilar a 26 millones de hijos de puta”). Todos ellos podrían perfectamente ser ministros en un Ejecutivo de Pablo Casado. Y todos ellos fueron nombrados por Pedro Sánchez y colocados en una estructura ministerial pensada en gran medida para allanar la intervención sobre los ministerios de Unidas Podemos y obstaculizar el despliegue de sus competencias.  

Los proyectos más importantes del Ministerio de Igualdad (la Ley ‘Solo sí es sí’ y la Ley Trans y LGTBI) fueron descalificados públicamente por el PSOE

Un breve repaso a la acción de Gobierno en estos dos años: los proyectos más importantes hasta la fecha del Ministerio de Igualdad de Irene Montero (la Ley ‘Solo sí es sí’ y la Ley Trans y LGTBI) fueron descalificados públicamente por el PSOE. Los titulares del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana trabajaron para limitar al máximo el alcance de la Ley de Vivienda promovida por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de Ione Belarra. A Escrivá, Sánchez le encomendó la tutela sobre el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital de la vicepresidencia de Pablo Iglesias: convirtió los procedimientos ágiles defendidos por los morados en una odisea burocrática disuasoria que ha provocado, a pesar de las enmiendas que logró introducir el Grupo Confederal, que lo que estaba llamado a ser una herramienta de rescate social haya derivado en muchísimos casos en otro instrumento de violencia institucional contra los pobres. Las políticas del Ministerio de Trabajo y Economía Social de Yolanda Díaz (desde la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta los propios ERTE) se han sacado adelante siempre con la oposición de Nadia Calviño, que ahora ha sido enviada a intentar descafeinar la derogación de la reforma laboral del PP. Y el mismo esquema se ha repetido en todos los pasos que han intentado dar los ministerios de Unidas Podemos para cumplir los acuerdos suscritos con el PSOE: siempre, la resistencia de los espadachines de Sánchez a que se apliquen completamente esas partes del programa.

De hecho, uno de los mayores éxitos comunicativos de Pedro Sánchez en la etapa de Iván Redondo fue lograr que todos los choques dentro del Gobierno parecieran peleas por abajo entre los distintos ministros, mientras un neutral presidente, entre viaje y viaje por el mundo, intervenía providencialmente a posteriori para resolverlos. Lo cierto es que todos esos ministros fueron nombrados por Sánchez y actúan, lógicamente, siguiendo sus órdenes. 

Ruido o deslealtad son algunos de los mantras discursivos construidos por el PSOE y su ecosistema mediático para censurar que UP reinvindique la ejecución de los pactos

El terreno más habitual en el que se pone en práctica esa estrategia de obstrucción es el de la comunicación y el discurso. “Ruido”, “deslealtad”, “las diferencias han de resolverse dentro del Consejo de Ministros” son algunos de los mantras discursivos construidos por el PSOE y su ecosistema mediático para censurar que Unidas Podemos reinvindique en alto la ejecución de los pactos alcanzados cuando la parte mayoritaria se resiste a que se lleven a cabo (friendly reminder para quienes desean que se cumplan los acuerdos de Gobierno pero no les gusta que Unidas Podemos ejerza presión pública defendiendo esos acuerdos en los medios y las redes sociales: las dos cosas a la vez no pueden ser, todas las victorias dentro del Gobierno que han posibilitado que se aplicaran algunos de los compromisos más deseables del programa han necesitado la palanca del empuje social y en la opinión pública, lo cual no debería ser difícil de entender para alguien con ideas de izquierdas). Entre todos esos marcos mentales, uno de los más prolíficos acuñados por el PSOE es el que dice eso de “no se puede ser oposición y Gobierno a la vez” o “hacer oposición dentro del Gobierno”, en referencia a Unidas Podemos. 

¿Quiénes hacen “oposición dentro del Gobierno”? ¿Quienes reivindican que los acuerdos se cumplan o quienes trabajan para naturalizar un marco de renegociación permanente y a la baja del programa del propio Gobierno? ¿Quienes impulsaron los elementos más relevantes de la obra política de la coalición (las nuevas leyes feministas, los ERTE, la subida del SMI, la ‘ley rider’, la ley del teletrabajo, la reversión de los recortes en dependencia, la Ley de Infancia, la Ley de Vivienda, el Ingreso Mínimo Vital) o quienes criticaron, se opusieron o rebajaron todas esas iniciativas? ¿Quienes ataron la mayoría parlamentaria necesaria para la moción de censura, la investidura de Pedro Sánchez y los Presupuestos Generales del Estado o quienes siempre apostaron por escenarios diferentes? ¿Son Díaz, Belarra, Montero, Garzón, Castells; o son Calviño, Robles, Marlaska, Escrivá y el jefe de todos ellos?