Milagros Martínez tiene dolor de cabeza. Cree que es porque estuvo en contacto con un positivo en covid, pero también achaca el síntoma a estar a punto de perder su casa. Milagros, que ha estado 20 años trabajando entre República Dominicana, su país natal, y España, es una de los 50 vecinos (10 menores entre ellos) que corrían el riesgo de ser desahuciadas el próximo 3 de febrero en el edificio número 7 de la calle Cáceres en el distrito de Arganzuela en Madrid. Los inquilinos, 17 familias con orígenes de fuera y dentro de España, recibieron un aviso de desahucio del Juzgado de Primera Instancia número 32 de Madrid las pasadas navidades. Sus pisos son propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que reclamaba la salida de los inquilinos, a pesar de que el Gobierno decretó suspender desahucios y lanzamientos de hogares vulnerables hasta el 28 de febrero de 2022. Aunque la Sareb les ha notificado que va a frenar su desahucio a través del Juzgado, los vecinos no quieren parar de presionar hasta asegurarse de que todos tengan un contrato de alquiler social con condiciones óptimas. 

No es la primera vez que se les anuncia que van a ser desahuciados, ni que se frena de forma temporal. Desde 2012 han tenido que lidiar con la posibilidad de dejar de tener casa, cuenta Julián de las Mozas, que vive con su esposa, una hija suya y su nieto. El último intento para hacerlo fue el 14 de julio de 2021, pero el día previsto el desahucio no se llevó a cabo. La Sareb ofreció un contrato de alquiler social a solo nueve de las 17 familias en peligro de desalojo. Julián, que dejó de trabajar como repartidor de carne tras la crisis de 2008, ya jubilado, es una de las personas a las que le propusieron este acuerdo. Sin embargo, ha rechazado junto con las otras familias firmar el contrato para exigir que todos tengan la opción de acceder a un alquiler social. Carlos Castillo, abogado del CAES,  lleva la defensa de los vecinos y no entiende muy bien cuáles han sido los criterios de selección de Sareb. “Estas familias tienen una situación de vulnerabilidad similar a las que sí les han ofrecido un contrato, así que no podemos saber con qué criterios se ha tomado esta decisión”. Además de la presión para buscar soluciones para todos, los vecinos han rechazado la oferta por las condiciones impuestas: fianzas de 850 euros o la posibilidad de que alguien pueda entrar en cualquier momento al piso para comprobar su estado. Para Víctor, el contrato también es una trampa. Su vivienda es de las más grandes del inmueble (79 metros cuadrados según el catastro), pero ha tenido que salir de allí con su esposa Estela y su bebé de dos meses, mientras realizan una nueva reparación: su apartamento se dañó por una mala obra en una viga central del piso debajo del suyo. “Hasta que lo arreglen no sabemos si nos podemos quedar”, cuenta Víctor, que acaba de quedarse en el paro tras haber trabajado de ayudante de mecánico. Desde 2013, el piso de la quinta planta ha sido el hogar de esta pareja paraguaya que quiere criar allí a su recién nacido.

En el portal del edificio hay carteles que convocan a manifestarse el 29 de enero para frenar el desahucio. En la parte más alta de la puerta del inmueble de 70 viviendas, construido en 1926, hay dos anuncios de agencias inmobiliarias que venden pisos allí mismo. La inmobiliaria de color rojo ofrece un piso interior reformado de 44 metros cuadrados, con dos habitaciones, por 167.000 euros. En la web de Idealista aparece un anuncio con otra vivienda, de dimensiones similares, y advierte de que “no a agencias, ni similares”, por la que pide 189.000 euros. Dentro del edificio, que tiene aspecto de corrala, mientras tres obreros reforman los departamentos interiores, Rachida Ben Issa, una de las vecinas a las que llegó la notificación de desahucio, responde que su hermano y ella no tienen ningún lugar al que ir. Toda su familia está en Marruecos. Lo mismo le sucede a Naima Firas Lutfi, que recuerda que entró en su piso el 9 de junio de 2009 y llegó a España desde Casablanca en 1989. Naima vive sola después de separarse de su marido; trabajó 25 años en un servicio de catering del aeropuerto, pero tuvo que dejarlo por incapacidad médica. Le operaron la columna y las rodillas por artrosis. Toma “pastillas para dormir, pastillas para el dolor, para lo otro. Y con todo lo que está pasando, sin vivir. No tenemos vida”.

En la comunidad, hay 43 pisos de propiedad particular y los 27 restantes pertenecen a la Sareb. Antes, la dueña era la empresa catalana Gir Building Group Corporación, que quebró en 2015. Entonces desapareció del edificio quien supuestamente gestionaba los cobros del alquiler de los vecinos, dejándoles sin la posibilidad de ingresar sus pagos. Sareb, llamada también banco malo, es una entidad creada en 2012 para paliar los efectos de la crisis de 2008 comprando activos inmobiliarios de cajas de ahorro y bancos privados que habían quebrado. A través del Real Decreto-ley 1/2022, del pasado 18 de enero aprobado por el Consejo de Ministros comenzó el proceso por el que el Estado tomará el control de la entidad, entregando la cantidad simbólica de un euro a las entidades financieras y sentando las bases para su nacionalización. “La Sareb, por lo que ha sucedido en estos años y en esta última semana, tiene responsabilidad. Es una entidad que es de todos los españoles y no puede dejar en la calle a familias”, sostiene Diego González de la Plataforma de la Asamblea de Vivienda de Arganzuela. 

González sostiene que la organización de los vecinos de Cáceres 7 junto con la plataforma ha sido fundamental para hacer llegar a la Sareb sus demandas. “Si no, no se habría politizado el problema, no se habría hecho público y ya no estarían viviendo en sus casas”, dice. Los vecinos están a la espera de nuevas negociaciones con la entidad sobre el desahucio, pero ellos y las personas de la Plataforma son escépticas al respecto de lo que puedan proponerles. 

Carlos Castillo dice que presentaron al Juzgado un recurso solicitando la paralización en aplicación analógica por tratarse de un procedimiento de ejecución hipotecaria. “A fin de cuentas, lo que acaba legislando la norma es la paralización de un desahucio y, a fin de cuentas, esto es un desahucio”, pero sostiene que todavía no les han contestado.  

Luz María, vecina ecuatoriana de la planta baja, quiere “un contrato para pagar”. No quiere vivir gratis. “Yo trabajo en tres sitios como limpiadora. Apenas gano 650 euros mensuales”. Ella y sus hijos se están recuperando de la covid, al igual que su vecina Maribeth, que vive en la quinta planta con su esposo y su hijo desde 2015. Tarik, que está de baja por el dolor de ciática que le produce su trabajo de repartidor de pizzas, bromea con irse al sofá de su vecino Julián ante la falta de una opción realista de vivienda para él. 

En el piso de portería vive, desde 1980, Marcela Cuadra, de 70 años. Trabajó en el edificio mientras criaba a sus cuatro hijos. En algún momento propuso a la propietaria original del piso comprarlo, pero nunca aceptaron su oferta. Con su pensión de 900 euros, ahora viven ella, un hijo, la pareja de él y su bebé. Lo que más le gusta de su casa, dice, es “todo en sí”. “Aunque es un chinchín, yo he hecho aquí mi vida”. No quiere moverse del barrio.