Aunque el agua sea reconocida por Naciones Unidas como un un derecho humano, en el Estado español hemos normalizado que sea considerada por algunos como un bien de mercado. Un producto que, mediante concesiones no siempre limpias, administra un pequeño puñado de empresas especializadas en exprimir este derecho y sacarle margen de beneficio a costa de la ciudadanía. Un par de empresas abastecen en nuestro país al 50% de las personas, situación muy distinta a la del resto del mundo, en la que la gestión pública surte al 90% de la población.

Las empresas que gestionan el agua se presentan en cada municipio con distinto nombre, pero las cañerías acaban llevándonos siempre a las mismas multinacionales que encuentran en este servicio grandes beneficios. Y no hablamos de migajas. Agbar, por ejemplo, que gestiona mediante concesiones el agua de 14 millones de personas en España, está valorada en unos 3.000 millones de euros. Como vemos, hay un gran negocio en juego.

Estas empresas no se lucran exclusivamente vendiendo agua, sino que llevan a cabo distintas prácticas que incrementan su margen de beneficio. La más llamativa es la subcontratación de servicios a otras empresas que forman parte de su misma matriz. Por ejemplo, en el caso de Barcelona, Agbar ha organizado una secuencia de empresas, todas de su propiedad, para la compra -venta de contadores de agua que acaban costando al usuario un 340% más caros que el precio de compra. Un margen de, como mínimo, 17 millones de euros al año nada desdeñable. ¿No deberíamos poder decidir democráticamente sobre ello?

La respuesta parece obvia: sí, debemos. Sin embargo, Agbar lleva a los tribunales cualquier iniciativa municipal que vaya en esta dirección. Sólo en el caso de Barcelona, esta empresa y entidades afines han presentado un total de 40 acciones judiciales. Entidades cuya actividad se reduce a litigar contra procesos de participación ciudadana, como Abogados Catalanes por la Constitución o la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática. Esta última es la asociación fantasma que ha plagiado una querella ya archivada, que por copiar ha plagiado hasta el abogado, y que ha conseguido que un juez cite a Ada Colau en una estrategia de puro y duro lawfare. Su única actividad conocida fue denunciar en 2017 al alcalde de Valladolid, justo cuando el consistorio inició el proceso de remunicipalización del agua.

En eso consiste el lawfare, en empantanar procesos de participación y gobernanza mediante la judicialización, generando titulares que menoscaban la imagen de activistas, políticos e instituciones y contaminan la opinión pública. En su cruzada, llegan a presentar querellas criminales contra funcionarios que tan sólo hacían estudios sobre la viabilidad del agua y su tarifa, evidentemente archivadas. El objetivo no es hacer justicia, pues no hay delito alguno, sino poner trabas o intimidar a los servidores públicos. Es tan obvio, que Agbar ha llegado a poner un contencioso contra un convenio entre el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana para el intercambio de información entre instituciones, un intercambio cotidiano, evidentemente también archivado.

¿Qué objetivo tienen Agbar y las diferentes asociaciones que casualmente litigan siempre a favor de Agbar? Defender su negocio, ampliar sus beneficios. Que la gestión pública del agua, más que un derecho, sea una quimera.

Según una encuesta del GESOP, el 80% de los barceloneses y barcelonesas están a favor de la municipalización. Una consulta ciudadana sobre esta medida dejaría a Agbar, que recibió una concesión en 2012 sin concurso público, en muy mala posición. Por ello litigó también contra la celebración de una consulta pública sobre el futuro del agua que había reunido más de 26.000 firmas. La democracia les estorba.

Hablamos mucho de políticos corruptos y poco de empresas corruptoras, y Agbar es la empresa investigada en más casos de todo el Estado

Pero el lawfare no basta para perpetuarse en el negocio. Los movimientos por el derecho al agua denuncian que la estrategia paralela de Agbar es corromper. Hablamos mucho de políticos corruptos y poco de empresas corruptoras, y Agbar es la empresa investigada en más casos de todo el Estado. Actualmente, se encuentra imputada en tres macrocausas judiciales –Pokémon, Púnica y Petrum–, en las que se le acusa de comprar voluntades mediante palcos en el Camp Nou o el Liceu y donaciones a partidos políticos para ganar concesiones públicas. Esto podría explicar cómo consigue concesiones faraónicas de hasta 50 años. Una praxis propia de una organización criminal –según una de las juezas de instrucción–. De hecho, fue expulsada en 2017 por orden judicial de la gestión del agua en Girona tras demostrarse su vinculación a la trama del 3%. Una gestión del agua demasiado turbia.

¿Qué objetivo tenemos los ayuntamientos de Barcelona, Valladolid, Arteixo, Manresa o Terrassa? Algo muy básico pero fundamental: poder elegir libre y democráticamente cómo administramos los servicios municipales. Que la ciudadanía pueda elegir cómo quiere que se gestione el agua de su ciudad.

No es una tarea sencilla, porque enfrente tenemos a empresas que multiplican con creces los presupuestos de muchos ayuntamientos. Que tienen recursos de sobra para comprar espacios en medios de comunicación, o para fundar los suyos propios. Que forman a jueces para defender sus intereses, que riegan con regalos a cargos públicos y que no dudarán en ahogar, por las buenas o por las malas, iniciativas populares, movimientos asociativos y gobiernos que no comulguen con sus intereses.

La capacidad de la ciudadanía de decidir sobre bienes esenciales para la vida debería ser incuestionable. No hablamos de un asunto nimio. Hablamos de la calidad del agua que bebemos, con la que cocinamos o nos duchamos. Hoy le toca mojarse por la democracia a Ada Colau, como antes se han mojado otros tantos representantes públicos. Pero si no ponemos coto a las pretensiones de multinacionales como Agbar, tarde o temprano todas tendremos que mojarnos, por salud democrática.

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Eloi Badia Casas es concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Barcelona.

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