Queda inaugurado el pantano en Castilla y León. Arranca el primer gobierno participado por Vox. Algo nunca visto desde 1975. Mañueco toma el bastón de mando de la mano de su nuevo y flamante vice. Un joven burgalés ultraderechista con un currículum impecable en su paso por universidades privadas y una meteórica carrera profesional como abogado, repleta de ascensos dentro del bufete familiar. No hemos visto cosa igual, aseguran padre y abuelo. Además de premios regionales de equitación –saber montar a caballo es requisito indispensable para liderar Vox como lo es saber inglés para trabajar en Open English–, Juan Manuel García-Gallardo Frings atesorará en los próximos años otro premio difícil de lograr a los 31 años de edad: un sueldo de 101.000 euros anuales sin más responsabilidad que ponerle cara a la España que madruga. El coste económico de mantener con dinero público a un vicepresidente que no tendrá cartera asociada al cargo puede resultar excesivo. También el coste social que supone tener a ultraderechistas sentados en sillones de gobierno y manejando, en nombre de sus obsesiones, dinero de todos. Sin embargo, si echamos una primera ojeada a cómo queda el ensamblaje de esta primera unión matrimonial entre PP y Vox, observamos que el coste político de lo conseguido por la ultraderecha es, de momento, escaso. Que el PP, como hiciera con Ciudadanos, ha vuelto a activar con Vox la estrategia del timo y el cubilete.

Tres exigencias fueron las marcadas por Vox para dar su apoyo al presidente del PP en Castilla y León. Según detectó el termómetro social de la ultraderecha, los ciudadanos de la región estaban preocupados por tres asuntos que no podrían esperar un minuto más. El primero, la eliminación inmediata de la ley de violencia de género, ese invento de la izquierda que pretende criminalizar al hombre. El segundo, la urgente reescritura de la historia de la Guerra Civil. Ya saben, para que quede claro que los que bombardearon Gernika no eran tan malos ni los civiles que sufrieron los bombardeos tan buenos. #ÁnimoUcrania. Y, tercero, mano dura contra la inmigración que, como cualquier vecino de Ávila, Soria o Palencia puede confirmar, sacude a la España vaciada. El receptor de estas exigencias es el Partido Popular que lleva gobernando la región desde hace 35 años. García-Gallardo Frings, que por aquel entonces ya tenía gran proyección dentro del bufete familiar, aún no había nacido. La estrategia del PP ante estas peticiones de Vox ha sido –y esto es fundamental para empezar a entender un futuro que estará marcado por la normalización de los pactos entre los populares y la ultraderecha– idéntica a la que se adoptó cuando Albert Rivera, después de jurar por Snoopy que nunca apoyaría al corrupto Rajoy, exigió seis condiciones para darle su sí en la investidura. “¿Seis condiciones?”, preguntó Mariano que, a continuación, añadió: “Y seiscientas si quiere, me las tengo que leer?”.

Si en Andalucía el presidente del PP Moreno Bonilla le regaló a Vox, a cambio de su voto en la investidura, la creación de una línea de teléfono de atención para las víctimas de violencia intrafamiliar –el encargado de responder trabaja menos que García-Gallardo Frings–, Mañueco ha tenido que obsequiar a su socio de gobierno, no con una línea telefónica, sino con toda una ley contra la violencia intrafamiliar. El invento absurdo –si tu cuñado te calienta la boca en una cena de nochebuena y quieres denunciarlo llamas a la policía– que pretende tapar la violencia machista que sufren las muchas mujeres víctimas de maltrato será ley. Pero, y aquí está la clave del timo del cubilete, Mañueco ha anunciado, tras mover la bolita y tener el apoyo público de Vox, que, aunque acepta la exigencia de sus nuevos socios y creará una ley de violencia intrafamiliar, esto no hará que se elimine la actual ley autonómica de violencia de género. Tachaaaaán, que diría Tamariz. García-Gallardo Frings casi se cae del caballo. Es decir, Vox pasa a formar parte desde ya de un gobierno que ratifica que la violencia machista contra las mujeres es un hecho. Vox es, desde este momento, miembro de un gobierno autonómico que mantiene una ley que, según palabras de Santiago Abascal, “criminaliza al hombre”. No acaba aquí la cosa. Según el documento que pone en marcha la homeopática ley de violencia intrafamiliar con la que el PP ha comprado el apoyo de Vox, esta legislación protegerá a todos los miembros de la familia –cuando descubran que ya existe el Código Penal verás qué chasco– y añade el texto: “Especialmente a menores, mayores, personas con discapacidad y mujeres”. ¿Mujeres? ¿Por qué la ley de violencia intrafamiliar de Vox protege especialmente a las mujeres y no se cita a los hombres? Vox tendrá que explicárselo a sus votantes, convencidos, después de ingerir kilos de doctrina ultraderechista, de que la violencia de género afecta por igual a hombres y mujeres.

En lo relativo a las exigencias de blanqueamiento de los crímenes franquistas y contra la inmigración, no hay mucho que discutir. PP y Vox comparten antepasados y, sin mucho sobresalto, estarán de acuerdo en frenar las ayudas para las familias que quieran buscar y enterrar dignamente a sus asesinados y harán piña, como hasta ahora, para mantener en el callejero los homenajes a los Vladimir Putin de la época. El problema de la inmigración en Castilla y León, salvo algún sobresalto ocurrido en Sotosalbos, cuando apareció por allí el senador Javier Maroto llamando paisano al primero que se cruzaba, ya está resuelto. Mientras Vox tenga un voto menos que el PP, su entrada a gobiernos le supondrá tener que someterse a la maquinaria del timo del cubilete. El Partido Popular, hermano ideológico de la ultraderecha, sabe que algún día tendrá que viajar a Bruselas y no quiere llegar allí oliendo al quinto cubata bebido durante la montería. El votante de Vox aceptará el timo sin problemas, ya que no ha sido alimentado por sus líderes de valores sólidos –la aceptación del mantenimiento de la Ley contra la violencia de género lo demuestra–, sino de obsesiones fabricadas que en el futuro serán intercambiables por obsesiones nuevas con las que Abascal, García-Gallardo y compañía habrán conseguido el objetivo real: entrar en el chiringuito.