Eurostat ha publicado su último informe sobre los niveles de consumo energético en la UE. En él fotografía tanto la producción y el consumo de energía, como la eficiencia y la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. Una captura que, a pesar de mostrar datos positivos para nuestro país, como la reducción en la tasa de dependencia energética con otros países y el aumento de la energía eléctrica procedente de fuentes renovables, está marcada por los desorbitados precios de la electricidad y el gas.

A la espera de que las medidas tomadas por el Gobierno sobre la limitación del precio del gas para rebajar la factura eléctrica se hagan efectivas, España sigue siendo uno de los países de la UE en los que más se paga por la electricidad. Hablamos de un gasto por cada 100kWh que, durante el segundo semestre de 2021, se encontraba, en el caso de los hogares, 4,5 euros por encima de la media europea (23,7 euros por 100kWh), con un precio medio de 28,2 euros. Únicamente Dinamarca (34 euros), Alemania (32,3 euros), Bélgica (29,9 euros) e Irlanda (29,7 euros) pagaron más durante la segunda mitad del año pasado. 

Para los consumidores no domésticos (empresas e industrias) el coste fue de casi la mitad que en los hogares (14,6 euros). A pesar de ello, España se mantuvo por encima de la media europea (14,5 euros) y muy lejos de nuestro compañero de “isla energética” y vecino, Portugal (11,9 euros).

En cuanto al gas, el coste para los hogares españoles (10,8 euros) superó en 3 euros a la media europea (7,8 euros), lo que sitúa a España como el cuarto país con el precio del gas natural más alto de Europa. Solo Suecia (18,6 euros), Dinamarca (12,5 euros) y Países Bajos (11 euros) lo superaron. Un contraste aún más llamativo si atendemos al precio para los consumidores españoles no domésticos: 3,4 euros, un 19% menos que la media europea (4,2€) y menos de un tercio de lo que pagaron los hogares españoles. 

Si bien la situación de nuestro país está lejos de ser ideal, el descenso en la tasa de dependencia energética –del 76,8% en el año 2000 al 67,9% en 2020–, unido al bajo volumen de importaciones energéticas procedentes de Rusia nos sitúa en una posición menos “desfavorable” que al resto de la UE tras la invasión rusa de Ucrania y sus posteriores sanciones.  En 2020, gran parte de las importaciones extracomunitarias de petróleo (29%), más de un tercio de las de gas natural (43%) y más de la mitad del combustible fósil sólido (54%), principalmente carbón, de la UE provinieron de Rusia. Una muestra de lo dependiente que es Europa del país eslavo.

A nivel europeo, únicamente el 11,8% de la energía consumida proviene del uso directo de fuentes renovables y el 23% de la electricidad. El resto vienen de variantes de combustibles fósiles, como el gas natural, el gasóleo de calefacción o el carbón. De ese 23% de energía eléctrica consumida, el 35,6% procedía de fuentes fósiles y el 24,6% de centrales nucleares. Lo que implica que la sobreexplotación de recursos limitados, con una alta producción de residuos contaminantes para el medioambiente, como el CO2, siguen siendo la principal fuente de energía de la UE en 2022.

En cuanto a nuestro país, el consumo energético proviene mayoritariamente de productos derivados del petróleo (45%), 10 puntos por encima de la media de la Unión (35%), y únicamente el 9% de fuentes renovables, mientras que las cifras de Portugal, país con condiciones climáticas similares, ascienden al 19,1%. Un ejemplo de bajas emisiones de nuestros vecinos que se une a la demostración de cómo es posible sostener la producción eléctrica de un Estado a partir de fuentes renovables: el 60% de su electricidad proviene de la energía eólica, solar e hidráulica y de biocombustibles, rechazando por completo el uso de centrales nucleares. En España el 55% de la producción eléctrica viene de los combustibles fósiles, principal emisor de CO2, y centrales nucleares.

Las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE en 2019 fueron más de 1.000 millones de toneladas de CO2 inferiores a las de 1990. Una reducción del 24%, que supera el objetivo planteado en un primer momento por la UE para 2020, que era del 20%. Así, el nuevo objetivo es una reducción del 55% para 2030, con respecto a 1990, y la aplicación del Pacto Verde Europeo, por el cual se quiere conseguir ser el primer continente neutro en emisiones de carbono antes de 2050. Una propuesta más que optimista si tenemos en cuenta el lento aumento de la eficiencia del consumo energético de los últimos años, las dificultades para la obtención de semiconductores y el estancamiento en la inversión en I+D de los Estados en tecnología.