En lo que queda de año, el número de personas en situación de pobreza extrema en el mundo puede aumentar en más de 260 millones, según el último informe de Intermón Oxfam: Tras la crisis, la catástrofe. Este incremento de la desigualdad está relacionado con la subida de los precios de los alimentos y de los bienes de primera necesidad, los despidos y los “ajustes salariales” relacionados, primero, con la pandemia y, ahora, con la guerra en Ucrania.

El estudio señala que para final de año más de 860 millones de personas vivirán en riesgo de pobreza extrema, lo que implica disponer de menos de 1,9 dólares al día, y 827 millones padecerán desnutrición. Cifras que representan un retroceso de más de veinte años y que, según Fran Cortada, director de Intermón Oxfam, podría suponer “el mayor aumento de los niveles de pobreza extrema y sufrimiento de la humanidad del que se tiene constancia. Hablamos de un aumento de 263 millones que, si sumamos al alto nivel de endeudamiento de los Estados más pobres y su “incapacidad” de pagar importaciones de alimentos y combustibles, dejaría a todas estas personas en situación de hambruna”. Según el Banco Mundial, la deuda de estos países alcanza los 43.000 millones de dólares, una cuantía con la que se podrían cubrir todas sus importaciones de alimentos. 

A pesar de que la crisis coloca en una situación aún más dramática a los países más pobres, en España la subida del IPC hasta el 9,8% del pasado marzo, el incremento más alto desde 1985, representa la mayor pérdida de poder adquisitivo en lo que llevamos de siglo. Una pérdida de 16.700 millones de euros, según FUNCAS, que afecta principalmente a los hogares con las rentas más bajas. Durante el primer año de pandemia, más de 600.000 hogares pasaron a vivir sin ningún tipo de ingreso y más de un millón de personas pasaron a encontrarse en situación de carencia material severa en nuestro país. Y la situación, a pesar de que empezamos a dejar atrás la pandemia, no parece mejorar. 

A la crisis de la covid se añade que la guerra de Ucrania ha provocado que el precio de los productos esenciales, dependientes de los combustibles fósiles y del cereal, se incrementen hasta superar a los de la Gran Recesión. Dicha situación implica que el coste alimenticio suponga el 17 % del gasto medio de los hogares en los países ricos. Solo en EE.UU., el quintil más pobre de la población destina el 27 % de sus ingresos a adquirir alimentos, mientras que el 20% más rico dedica el 7 %. En los países del África subsahariana esta cifra asciende hasta el 40% de media. 

Una degradación de las condiciones de vida que choca con el business as usual del Ibex 35. Según el informe de Intermón Oxfam Negocios como siempre, en 2020 el 40% de las empresas pertenecientes al Ibex aumentó el importe destinado a dividendos a pesar de las medidas tomadas por la pandemia en forma de despidos y reducciones salariales de los trabajadores. Seis de ellas (Acerinox, ACS, Endesa, Inditex, Merlin Properties y Telefónica) repartieron cuantías superiores a sus beneficios y otras cuatro (Cellnex, Ferrovial, Naturgy y Repsol) lo hicieron a pesar de reportar pérdidas. Un dato aún más sorprendente si tenemos en cuenta que el conjunto de estas empresas declararon una caída en sus resultados del 83%, bajo los que se justificaron las reducciones de sus plantillas en 104.222 empleados. Una caída del 7% del personal con respecto a 2019.

A pesar del tamaño de estas empresas, en España el peso de la recaudación fiscal ha recaído principalmente en las pymes. Entre 2016 y 2019, las pequeñas y medianas empresas aumentaron su aportación al impuesto de sociedades en un 23%, con un incremento del beneficio del 21%, mientras que las grandes compañías solo lo hicieron en un 8%, con un crecimiento de ganancias del 44%. Una situación a la que cabe añadir como en 2020, únicamente entre las empresas del Ibex, acumulaban un total de 744 filiales en paraísos fiscales.

Por todo ello, desde Intermón Oxfam proponen un “plan nacional” de medidas de protección social y un impuesto temporal a los beneficios extraordinarios que obtengan las empresas, concretamente las energéticas. Un recargo que se aplicaría a los beneficios derivados de la crisis actual y que en países como Italia ya se han puesto en marcha.