La Ley General de Comunicación Audiovisual ha provocado la respuesta prácticamente unánime de los productores independientes. CTXT ha hablado con representantes de las asociaciones PATE y PROA sobre la polémica norma y las consecuencias que puede tener.

Una de las primeras escenas de Alcarràs, la película de Carla Simón que ha ganado el Oso de Oro en la Berlinale, introduce al espectador en el comedor familiar cuya mesa está abarrotada de papeles. El abuelo, rodeado de familiares, está buscando un documento, algo a lo que agarrarse para no perder las tierras que rodean la casa familiar, en las que varias generaciones han cultivado melocotones para ganarse la vida. El documento no aparece. Porque no existe. Porque antes las cosas se hacían de otra manera y bastaba con dar la palabra. Hasta que un día llega una “nueva oportunidad de negocio” y lo único que cuenta es a nombre de quién están las escrituras.

La nueva ley apunta hacia una mayor concentración de poder y beneficios en manos de grandes grupos audiovisuales

La importancia de los papeles. Documentos, certificados, títulos de propiedad, leyes. Tenerlo todo bien amarrado, no terminar protagonizando un drama así fuera de la pantalla. Cada palabra que se escribe en un documento legal es un tema delicadísimo y el menor cambio puede alterarlo todo. Es lo que ha pasado con la Ley General de Comunicación Audiovisual, donde una variación minúscula en el artículo 110.1 que marca la definición de productor independiente ha desatado una tormenta en el sector. “Se puede aprobar la sentencia de muerte de la industria audiovisual española tal como la conocemos”, afirmó en el Festival de Cannes María Zamora, productora, precisamente, de Alcarràs.

No se ven tractores, ni agricultores arrojando melocotones en el vídeo de Youtube que recoge sus declaraciones –que suscribe la práctica totalidad del sector audiovisual independiente–, pero al igual que los trabajadores del campo en la película de Simón, los agentes que operan al margen de las grandes empresas están viendo que su medio de vida puede estar en peligro. La nueva ley audiovisual apunta hacia una mayor concentración de poder y beneficios en manos de grandes grupos audiovisuales. Según Valerie Delpierre (productora en Inicia Films y vicepresidenta de la asociación de productores PROA), es más que un cambio de política cultural: “Creo que perdemos todos. No se trata de preservar nuestra parcela, nosotros nos adaptamos continuamente. Lo que estamos defendiendo es un modelo de sociedad y un ecosistema que no es de producción, es de creación”. Delpierre opina que la nueva ley puede provocar que ese sector creativo cuya virtud es la diversidad “pase a manos de tres o cuatro grupos”.

La productora independiente de tu casa

El punto de ruptura entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el sector audiovisual ha sido la definición de productor independiente que hace la nueva ley. En principio, “el productor tenía que ser independiente de cualquier proveedor de servicios audiovisuales”, explica José Nevado, director general de PATE, la mayor asociación de productoras de televisión en España. Pero la Ley General de Comunicación Audiovisual aprobada en el Congreso define al productor independiente de la siguiente manera: “La persona física o jurídica que no está vinculada de forma estable en una estrategia empresarial común con un prestador del servicio de comunicación audiovisual (…) y que asume la iniciativa, la coordinación y el riesgo económico de la producción de programas o contenidos audiovisuales, por iniciativa propia o por encargo, y a cambio de una contraprestación los pone a disposición de dicho prestador del servicio de comunicación audiovisual”.

El punto de ruptura entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el sector audiovisual ha sido la definición de productor independiente que hace la nueva ley

En opinión de los productores, ese “dicho” desvirtúa la definición y abre la puerta a empresas asociadas a grandes grupos mediáticos como Atresmedia o Mediaset. Con la fórmula legal aprobada, “empresas como Buendía, participadas al 50% por Telefónica y al 50% por Antena 3, o Alea que es parte del grupo Mediaset al 100%, acaban siendo independientes frente a otros operadores”, según Nevado. La importancia de esa definición radica en que con la nueva ley, las grandes plataformas de streaming como Netflix o Disney+ tienen que dedicar el 5% de sus ingresos a financiar producciones independientes. Pero si, gracias al cambio de definición, las filiales de grandes grupos pueden acceder a ese dinero, entrarían a competir en un terreno que estaba destinado a las productoras verdaderamente independientes. “Estábamos en el patio de los pequeños y al lado estaba el patio de los grandes: normalmente hay una barrera que separa los dos, para la supervivencia de las dos especies; y ahora han abierto la barrera y nos han dejado en medio con los monstruos. Y no tenemos capacidad de luchar, si no es con una ley”, explica Delpierre.

Menos diversidad artística e ideológica

El mazazo que puede suponer el cambio legislativo para las independientes llega precisamente cuando algunas apuestas hechas por el sector estaban empezando a dar sus frutos. Delpierre hace un repaso de las decisiones que han ido tomando en los últimos años para paliar las carencias que tenía la industria local: “Nos lamentábamos por no estar en festivales y dijimos: ‘Hagamos las cosas para que nuestro ecosistema, además de cine comercial, pueda hacer cine para festivales’. Y eso pasa, por ejemplo, por depender menos de las televisiones, porque tienen una meta que es hacer audiencia. Y eso es lícito, claro, pero a veces es incompatible con querer estar en un festival. Estábamos teniendo el resultado de eso ahora: este año hemos visto que podemos apostar por un cine artístico, que contaba con TVE porque es la única cadena que se puede permitir esto. Y ahora, parece que la recompensa es volver a empezar la carrera en pelotas”.

Nevado señala que la concentración del audiovisual en grandes grupos mediáticos influye también en la línea editorial de las producciones, y cita como ejemplo al director Rodrigo Sorogoyen: Movistar tuvo muchas presiones tras estrenar la serie Antidisturbios y ha suspendido su siguiente proyecto –una serie ambientada en la Guerra Civil– por motivos políticos, según el propio director. “Los productores”, afirma Nevado, “somos esa barrera frente a los proveedores de servicios audiovisuales, para mantener la creatividad, la entereza y la integridad de las obras. Y ver que esas visiones se empiezan a poder alterar de una manera realmente sencilla también nos preocupa”.

Lo que está en juego también es el imaginario colectivo. El director de PATE sostiene que hay contenidos que hacen que la sociedad cambie

Porque lo que está en juego también es el imaginario colectivo. El director de PATE sostiene que hay contenidos que hacen que la sociedad cambie: “Creo que sentirte en los brazos de un transexual, como te invita a hacer Pedro Almodóvar en algunas de sus películas, hace que te pongas en otro punto de vista. No quiere decir que tengas que estar de acuerdo, pero tienes un montón de visiones diferentes. Y gracias a esas visiones tienes la capacidad de tomar las decisiones que más te convienen. Si eso se polariza como se está haciendo, va a ser mucho más difícil”. Delpierre coincide con ese punto de vista y apunta otro tema, el de la transmisión cultural: “Creo que el éxito de las plataformas proviene de una gente que ha tenido una cultura cinematográfica. Y si dejamos de hacer cine tal y como lo entendemos nosotros, no estamos proporcionando esta memoria colectiva”.

A falta de soluciones, arreglos

Con la ley aprobada, no parece que haya muchas opciones para las independientes en el plano político. En todo caso, el director de PATE no tira la toalla. Cree que hay posibilidades de negociar, “lo que pasa es que esto es un encaje como el de estos juegos asiáticos en los que hay un montón de piezas, unas apiladas encima de otras, y retirar una o meter otra puede causar un desastre o no”. La siguiente parada para el sector parece ser la Unión Europea, ya que la Ley Audiovisual es en realidad una transposición al marco legal español de la Directiva Europea 2018/1808 de Servicios de Comunicación Audiovisual (DSCA), cuyo espíritu de pluralidad y diversidad se ha perdido por el camino, en opinión del sector.

Además de lo que se pueda alegar en Bruselas, Nevado cree que hay otras medidas que, si bien no son una solución, podrían ser un arreglo para “dulcificar” la situación. Una de ellas sería cambiar la política de incentivos fiscales para el sector: “Como nosotros somos pequeñas y medianas empresas, lo que necesitaremos en algún momento será tener un instrumento de incentivos que no nos haga perder la mitad por el camino”, explica. Delpierre, por su parte, cree que hay que diferenciar los planos: “Efectivamente, podemos apelar a lo fiscal, pero es un recurso, no es un objetivo. Lo que queda es un espacio para paliar los efectos de la ley. Y eso no es política”.

La productora de películas como Estiu 1993 o Las niñas ha puesto el foco en el que será a todas luces el siguiente caballo de batalla para el sector: la nueva ley del cine, cuyo anteproyecto se aprobó en febrero y anuncia novedades en el terreno de las ayudas. También advierte de que el panorama audiovisual ha cambiado muchísimo en los últimos años y nada indica que la transformación del sector vaya a parar. “Hay que asumir que las cosas van tan rápido, que a lo mejor dentro de 10 años tenemos que volver a estar hablando. Ya sabremos cuáles han sido las consecuencias de ésta ley, y veremos lo que se puede revertir. Pero lo que pierdes en el camino, cuesta muchísimo recuperarlo”.

Hablemos de propiedad

En ese panorama cambiante y acelerado, cada vez más dominado por plataformas con sede en Estados Unidos, Nevado ve diferencias importantes en los modelos de regulación y cree que es un punto en el que incidir: “La moneda de cambio primordial en el sector audiovisual no es el dinero, es la propiedad intelectual, quién tiene las ideas. Y en estos momentos se están enfrentando dos modelos de regulación: uno que se centra en el creador, que es el europeo; y otro que se centra en el propietario, que es el modelo de Estados Unidos. Lo primero que tenemos que hacer es que nuestra regulación proteja las ideas que se desarrollan aquí, para que se queden aquí. Porque si tú tienes una parte de esa propiedad no te van a poder sacar de la ecuación, no te pueden echar”.

No es un problema que surge únicamente con las plataformas extranjeras. Lo que pasó con la serie La Unidad puede servir para ilustrar la importancia de la propiedad: la primera temporada del thriller policíaco fue producida por Vaca Films, pero en la segunda pasó a manos de Buendía –el lector recordará que es una empresa participada al 50% por Telefónica y Antena 3–. “Fue una jugarreta y es lo que nos puede acabar pasando a todo el sector”, afirma Nevado, que aboga por sentarse con las plataformas y llegar a acuerdos. “Hay que ver cómo establecemos un código de buenas prácticas para que les siga resultando atractivo trabajar en España. Ver qué tipo de productos se lanzan con un modelo en el que ellos se queden con toda la propiedad intelectual; y otros en los que parte de esa propiedad se quede aquí”.

Volvemos a la mesa familiar llena de papeles. A la importancia de tenerlo todo bien amarrado. A intentar evitar que te echen de tus tierras. O de tus producciones.