Son la tortura de muchos estudiantes, y así fue para quien escribe estas líneas, que sufrió el martirio de las matemáticas hasta que encontró el camino liberador de las letras puras; pero una cosa es de agradecer en el campo de las ciencias exactas: dos y dos son cuatro. No hay más vuelta que dar.

Y este tipo de máxima incontestable, que no admite duda o réplica, es más necesaria que nunca cuando las cosas no andan muy finas.

Básicamente como están ahora, vaya.

Y es ahora cuando, entre otros acontecimientos de esta España nuestra que vive al límite, arranca el proyecto encabezado por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, bajo el nombre de una actividad propia del campo de las ciencias exactas: SUMAR.

En su presentación, SUMAR se define como un “movimiento ciudadano”, alejado de posicionamientos partidistas y que tiene como principal objetivo escuchar a la sociedad civil, a la que coloca como principal protagonista. Pero el análisis de fondo sobre SUMAR casi que se lo dejo a los analistas expertos, y prefiero centrarme en esa sociedad civil a la que servidora pertenece, como tantos, cada vez más como testigo que como partícipe y más enmudecida que con voz propia.

Y que esto nos suceda en un país que se consagra como un Estado social y democrático de derecho en el que la soberanía reside en el pueblo, es cosa seria a mi parecer.

Es serio que en el debate legislativo que se está desarrollando para abolir la prostitución, y que incluye nada menos que una reforma del actual Código Penal, no se escuche como interlocutoras válidas y en primera persona a las trabajadoras sexuales, las mujeres prostituidas y/o las víctimas de trata; cada una de ellas conforme a las circunstancias que las rodean y que no tienen por qué coincidir.

Pero en cambio, sí que tienen eco las voces que claman por la seguridad y protección de estas mujeres, por sus derechos, con un tono tan condescendiente y proteccionista que en vez de situarlas como protagonistas, las relega a ser un reparto coral de secundarias sin voz ni voto, que deben funcionar y sentir todas a una como si fueran lugareñas de Fuenteovejuna. Esas mismas voces reclaman, si fuera preciso, que el Estado aplique a diestro y siniestro su capacidad punitiva hasta que las cosas se vayan resolviendo, porque oigan, por algo hay que empezar.

Así empezó lo que acabó siendo uno de los frutos de ese poder sancionador del Estado que es la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como “Ley Mordaza”, que se aprobó en 2015 precisamente para, entre otras cosas, aplacar la voz del pueblo llano y soberano, que salió a la calle asfixiado y agotado por la situación de crisis económica, recortes y corrupción continuada que nos estaba tocando vivir.

Y que esta norma siga en vigor, pese a las denuncias de diferentes organizaciones internacionales y las promesas electorales para derogarla, es también cosa seria y tampoco aquí se escucha a la sociedad civil.

Es especialmente serio a la par que triste para una madrileña de pro como esta que lo es, el presenciar cada día cómo se ignoran las voces de los madrileños sobrepasados por el estado deplorable de nuestras urgencias hospitalarias, la falta de profesionales sanitarios y los cierres continuados de centros de atención primaria. Ya no se oyen en Madrid aplausos y vítores oficiales a quienes fueron héroes en su momento.

Voces madrileñas que de nuevo enmudecen estupefactas, al ser testigos de cómo se promueven becas públicas a las rentas privilegiadas para hacerles más fácil aún el acceso a la educación privada, mientras se tilda de subvencionados a los que no les queda otra que acudir a la caridad para tener algo que llevarse a la boca.

Por tanto, creo que no es tarea pequeña la que se propone SUMAR, básicamente por el nivel supino de desafección que tiene la ciudadanía hacia cualquier proyecto en el que haya una presencia politizada, pero es hecho probado que cuando hay interés en hacer algo, se hace.

Y en este caso sumar es fácil: dos y dos son cuatro. Fin.