A principios de los 2000, los jueces de los juzgados de primera instancia en España concedían aproximadamente el 80% de las órdenes de protección solicitadas por víctimas de violencia de género (VG), sin que se advirtieran diferencias notables entre unos magistrados y otros a la hora de tomar este tipo de decisiones. Sin embargo, en los últimos quince años las diferencias de criterio en la toma de decisiones no han dejado de aumentar, y no están claros los motivos que han conducido a ello, siendo el género del juzgador uno de los elementos en los que recaen las principales hipótesis. 

En un estudio llevado a cabo por Joan-Josep Vallbé y Carmen Ramírez-Folch, del departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Barcelona, y recogido por el Observatorio de la Fundación ‘La Caixa’, se intenta dilucidar cuáles son los motivos que conducen  a esas discrepancias judiciales. 

El gran factor que ha modelado el cambio en la estructura de la justicia española en las dos últimas décadas es la constante feminización de la magistratura. Mientras en 1980 las mujeres representaban una minúscula parte del poder judicial, ahora son más del 70% de los jueces de los tribunales inferiores españoles. Las diferencias de criterio en la concesión de órdenes de protección podrían explicarse porque los jueces y las juezas juzgan de forma distinta, y las mujeres aprueban un porcentaje superior de órdenes de protección. Sin embargo, las cifras oficiales muestran que, durante este período, el porcentaje de aprobación de estas órdenes en España ha disminuido en cinco puntos.

A la hora de decidir sobre casos de violencia de género, las acciones de los jueces se ven influidas por dos factores distintos. En primer lugar, la ley española define la violencia de género como “violencia dirigida contra las mujeres por el hecho de ser mujeres”, lo que significa que los tribunales distinguen la violencia de género de los casos generales de violencia doméstica. Por lo tanto, en los casos de VG, lo que está en juego queda bien definido en relación con el género: los demandantes siempre son mujeres que alegan su derecho a la seguridad, y los acusados siempre son hombres que alegan su derecho a moverse libremente; por tanto, el género podría funcionar como un mecanismo basado en la identidad que influye en las decisiones del juez.

En segundo lugar, las decisiones judiciales suelen estar restringidas por la incertidumbre que rodea al problema en cuestión y por los costes de información de tomar buenas decisiones. Como expertos, los jueces se convierten en mejores profesionales a la hora de tomar decisiones mediante la identificación de patrones de sucesos en las decisiones pasadas que pueden utilizarse como referencias para tomar futuras decisiones mejores y más eficaces. Así, a medida que aprenden de la experiencia, los jueces necesitan menos tiempo para recoger información sobre nuevos casos.

Cuando los jueces deben atender un gran número de casos (es decir, sufren una gran carga de trabajo), suelen recurrir a atajos cognitivos que les ayuden a tomar decisiones más rápidas. Además, llevar una gran cantidad de casos también hace que los jueces sean menos creativos al tomar decisiones y, como promedio, da lugar a peores resultados judiciales para los demandantes. En este sentido, si bien la experiencia ayuda a los jueces a ser mejores en la toma de decisiones, un exceso de casos perjudica gravemente la calidad de sus decisiones.

Los resultados del citado estudio, muestran que cuando se solicitan órdenes de protección a juezas, la probabilidad de que se otorguen aumenta si se compara con la de los jueces. Sin embargo, aunque el efecto persiste incluso teniendo en cuenta la carga de trabajo y la experiencia profesional, este es mínimo.

Los datos presentados sugieren que el género por sí solo explica parcialmente las decisiones que se toman, porque su efecto está muy condicionado por los costes de información y por la incertidumbre. Por un lado, los resultados muestran que el número de casos que manejan los jueces es decisivo para las decisiones sobre los casos de VG. Teniendo en cuenta el género, la probabilidad de que los jueces con una baja carga de trabajo (5 casos de VG al año) aprueben una orden de protección es aproximadamente del 82%, mientras esta probabilidad disminuye al 74% cuando el volumen de casos es algo más alto (15 casos) y llega al 69% con un volumen elevado de casos (50 casos al año). Esto sugiere que, a medida que aumenta la carga de trabajo, los jueces tienden a favorecer el derecho de los acusados a moverse libremente sobre el derecho de las víctimas a ser protegidas, y así, las víctimas de VG tienen menos probabilidad de que aprueben su solicitud.

Por otro lado, a medida que los jueces adquieren experiencia, el porcentaje de aprobación de órdenes de protección puede aumentar hasta 10 puntos. Sin embargo, el dato más interesante es que el efecto de la experiencia es más acusado en las juezas que en los jueces: el modelo predice que la diferencia de porcentajes de aprobación en los jueces jóvenes y los mayores es de tan solo 4 puntos, mientras que la diferencia entre las juezas llega a los 15 puntos.

El análisis empírico del comportamiento judicial en los casos de VG en España conduce a cuatro conclusiones principales. Primero, el género por sí solo no es suficiente para explicar las grandes diferencias entre jueces y juezas en sus decisiones sobre la VG. La segunda conclusión es que la carga de trabajo es un determinante importante del comportamiento judicial hasta el punto de que reduce de forma significativa la probabilidad de los jueces de aprobar órdenes de protección para proteger a las víctimas. Tercera, los hallazgos muestran que, a medida que los jueces adquieren experiencia, tienden a aprobar órdenes de protección en una proporción mayor. Finalmente, también se observa que los efectos interactivos de la carga de trabajo y de la experiencia profesional dependen del género del juez. Los resultados indican que la experiencia profesional tiene efectos positivos en las juezas al margen de la carga de trabajo, pero cuando los jueces hombres tienen una carga de trabajo más elevada, los efectos positivos de la experiencia profesional desaparecen. Por lo tanto, cuando se trata de casos de VG, el género de los jueces es fundamental tanto para los jueces como para las juezas, e interactúa con otros factores.