El movimiento vecinal, a menudo infravalorado, fue uno de los más importantes de la Transición. Durante el tardofranquismo se produjo una gran migración del campo hacia las ciudades, que provocó un grave problema de vivienda y de equipamientos públicos en todos aquellos nuevos barrios obreros que se iban configurando. En muy poco tiempo se construyeron decenas de miles de nuevas viviendas, de mala calidad, que hoy catalogaríamos como muy ineficientes térmicamente, en las que vivía una clase trabajadora con conciencia de sí misma y que encontraba en el territorio, como en la fábrica, un lugar para la socialización y la lucha. En ese contexto, las asociaciones de vecinos (AA.VV.), que desempeñaron un papel fundamental en la lucha contra la dictadura, tenían por objeto la mejora de las condiciones de vida de la comunidad, desde la reclamación de dotaciones e infraestructuras para el barrio hasta la gestión de las fiestas populares¹. Gracias a la lucha de las AA.VV. se consiguió la pavimentación de muchas calles, la mejora del abastecimiento de luz y agua, el alcantarillado, la construcción de colegios, de consultorios médicos o de viviendas públicas. El asociacionismo vecinal, empleando todo tipo de formas legales e ilegales, recuperaba y ganaba espacios para lo común, generando comunidad. Sin embargo, el hecho de que el Estado poco a poco fuera creando las infraestructuras, el propio desgaste del movimiento con el paso del tiempo, la cooptación por el poder institucional o la infiltración del neoliberalismo en todas las esferas de la sociedad, hicieron decaer el movimiento hasta su práctica desaparición sin que cristalizaran, salvo honrosas excepciones, organizaciones que dinamizaran el tejido comunitario alrededor de la gestión de lo común en los barrios.

Lo que en este artículo se quiere poner de relieve es que existe la posibilidad de que aquel concepto de movimientos sociales urbanos que acuñó Castells en los años 70 y 80, como movimientos que enfrentan al capitalismo en la dimensión territorial y que tomaron la forma organizativa de las asociaciones vecinales, puede volver a la palestra con todo su potencial transformador bajo la tarea concreta de la constitución de comunidades energéticas. Como todo movimiento que resurge, no se dará, posiblemente, en las mismas formas ni claves que el anterior. Es decir, el objetivo no tendría por qué ser tratar de reconstruir las asociaciones de vecinos existentes con la excusa de crear comunidades energéticas. Más bien se trataría de convocar asambleas vecinales que tomasen la iniciativa en la gestión común de la energía.

Las comunidades energéticas, recientemente reconocidas en la legislación vigente, constituyen una poderosísima herramienta para conseguir la soberanía energética

Las comunidades energéticas, recientemente reconocidas en la legislación vigente (aunque sin un gran desarrollo), constituyen una poderosísima herramienta, en primer lugar para conseguir la soberanía energética, ya que acercan la producción al territorio y, sobre todo, permiten la propiedad y el control directo de las consumidoras, eliminando en gran parte la dependencia del oligopolio. Pero, además, las comunidades energéticas pueden ser un exponente para la dinamización de una nueva ola del movimiento vecinal desde una perspectiva ecosocial, que siente las bases comunitarias para ir más allá y profundizar en la reapropiación sobre el capital de la esfera reproductiva².

Por tanto, una primera tarea sería la consecución de dicha soberanía a través de las comunidades energéticas, pero una vez forjados los lazos y creada la estructura organizativa comunitaria, esta podría ser el punto de partida para seguir transformando los barrios con el objetivo de lograr una mayor calidad de vida y resiliencia frente al cambio climático. Por ejemplo, otras luchas que podrían desarrollarse son la recuperación del espacio público que ha ocupado el coche, el reverdecimiento del mismo para una mejor atemperación y calidad visual del ambiente urbano, la rehabilitación energética de los edificios o la creación de un tejido de cuidados. También podrían desarrollarse aspectos ecosociales en el ámbito alimentario, fomentando huertos urbanos comunitarios, comedores y supermercados comunitarios, y así un largo etcétera. Es cierto que, una vez conseguida la comunidad energética, que esta tenga la vitalidad para ir más allá no es inmediato, pero al menos es una posibilidad, abre horizontes de oportunidad, que tanta falta hacen.

El retorno de la inversión en las instalaciones de eólica y fotovoltaica se puede conseguir en un periodo de entre tres y cinco años. Una vez amortizadas, la energía pasa a ser prácticamente gratuita 

En plena crisis energética –el precio del gas se ha llegado a multiplicar por 14 y el de la electricidad por 11–, las comunidades energéticas no solo son una herramienta para reducir el precio de la luz o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que además permiten ganarle terreno al capital. La energía es un elemento clave para, en palabras de la profesora y activista mexicana Raquel Gutiérrez, la reproducción de las condiciones materiales que garantizan la vida. La energía está presente en todos los aspectos de la vida. Su acceso debe ser considerado un derecho universal porque es uno de los pilares básicos, junto con la vivienda, el agua y la comida, para la simple supervivencia del ser humano. En este sentido, las comunidades energéticas son en sí mismas un mecanismo de reapropiación frente al capital, porque sacan del mercado un elemento que, como decimos, es clave para la reproducción de la vida y que, además, con la participación de la administración pública, pueden permitir erradicar la pobreza energética que sufren entre 3,5 y 8,1 millones de personas, en función del indicador utilizado³.

Ahora bien, para que sea posible este desarrollo las comunidades energéticas requieren de financiación. Con los precios actuales, el retorno de la inversión en las instalaciones de eólica y fotovoltaica se puede conseguir en un periodo de tiempo de entre tres y cinco años. Una vez amortizadas, la energía pasa a ser prácticamente gratuita durante otros 20 o 25 años. El problema es que las instalaciones requieren de un desembolso inicial que no se pueden permitir las personas que viven en los barrios populares y sufren la pobreza energética. Por ello, el gobierno debería implementar urgentemente un rescate energético para las clases populares. Dentro de este rescate energético, además de otras cuestiones como la instalación de plantas de generación público-colectivas o la rehabilitación energética de edificios, se debería poner a disposición de todo vecino o comunidad energética que tenga el interés de instalar fuentes renovables de generación, una línea de crédito a muy bajo interés, de forma que la instalación renovable se pueda ir pagando cómodamente con el ahorro en la factura, eliminando así la barrera de la financiación. También es necesario cambiar el modelo de subvenciones para que lleguen a quien más las necesita. Ahora se benefician de ellas quienes ya tienen el dinero para la instalación. El objetivo de la medida sería que toda persona o comunidad que quiera instalar renovables disponga del dinero necesario para ello, ni más ni menos. ¿Cuánto dinero sería eso? Pues del orden de la mitad de lo que nos vamos a gastar en la compra de electricidad en el mercado este año. Ojo, en un solo año. Es una medida muy barata, la clave no está en el dinero, sino en la articulación social. 

En esta lógica, quizás una de las primeras tareas de las asambleas vecinales que aspiraran a la constitución de una comunidad energética podría ser la lucha por conseguir el citado rescate energético, especialmente en el caso de los barrios de bajas rentas. Desde una situación de pobreza energética, o simplemente de dificultad económica para llegar a fin de mes, difícilmente se estará en condiciones para financiar la instalación de placas solares. Por ello, para acabar con esa situación de injusticia social y de expolio por parte del oligopolio, es central que desde estas comunidades energéticas se dé la lucha por el acceso a un insumo básico como es la energía a través del autoconsumo. 

O incluso de una forma más dialéctica, podría concebirse la lucha por el rescate energético como un germen para la creación de conatos de organización de lo común, como una semilla para el florecimiento de un movimiento vecinal que impulsase, entre otras cuestiones, las comunidades energéticas. Siguiendo el ejemplo de importantes comunidades energéticas como la de La Pablo en Rivas Vaciamadrid, que agrupa a 500 viviendas, o la de Viure de l’aire en Barcelona, en la que participan 615 personas y entidades, la constitución de unas pocas comunidades energéticas en barrios populares que reclamen, a modo de focos de lucha, el rescate energético, en conjunción con organizaciones políticas, sociales y ecologistas, podría activar un proceso de movilización frente a la crisis energética. Una movilización en torno a un rescate energético que podría ser un proceso masivo y generar, a su vez, el caldo de cultivo para replicar esas primeras comunidades, y así resurgir un nuevo tipo de movimiento vecinal en clave transformadora.

Es muy posible que la crisis energética desate de forma espontánea, más tarde o más temprano, algún tipo de respuesta social. También es posible que esa respuesta tenga lugar bajo la forma de revuelta, una forma conflictiva, difícil de descifrar, de encuadrar en términos de izquierda-derecha, y que pueda darse de forma incluso violenta ante la situación de desesperación en la que viven muchos hogares. Por eso creemos que es tan importante tener al menos una hipótesis concreta de lucha y de transformación social, una hipótesis con bases materiales para convertirse en realidad. Una hipótesis que nos puede ofrecer un horizonte de emancipación al que caminar partiendo de la realidad concreta en el aquí y el ahora, que permite territorializar las luchas, democratizar el movimiento y crear nuevas instituciones sociales que sostengan la vida.

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1. Iban Díaz, Sevilla, cuestión de clase.

2. Entiéndase lo reproductivo como aquellas tareas que hacen posible la vida y, por tanto, bajo esta categorización, lo tradicionalmente considerado productivo también estaría inserto en ese conjunto de lo reproductivo. Tanto cultivar las verduras como cocinarlas son tareas necesarias para la reproducción de la vida. 

3. Informe Una tarifa social como respuesta ante la pobreza energética (Ecologistas en Acción, 2021).

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Paca Blanco y Estanislao Cantos son activistas del Área de Energía de Ecologistas en Acción.