La respuesta a la pregunta con la que titulo esta tribuna la dieron ayer dos juristas de prestigio incontestable. José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, dedicó un artículo a explicar que estaríamos ante un caso de evidente prevaricación y Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional, señaló lo mismo en varias intervenciones en medios de comunicación. Para Pérez Royo, el Ministerio Fiscal debería perseguir este delito por tres motivos principales. En primer lugar, porque se ha vulnerado la Constitución; en segundo lugar, porque se han vulnerado los artículos 12 y 13 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, puesto que hay un turno para atender los asuntos; y, en tercer lugar, porque nadie puede ser juez en su propia causa, que es lo que sucede cuando se está recusado.

¿Perseguirá la Fiscalía este presunto delito cometido por los magistrados del TC? Ya les digo yo que ni de coña, a pesar de los sólidos fundamentos jurídicos y por mucho que, como dijo Pedro Sánchez en su momento, el Gobierno controle la Fiscalía.

¿Qué hacer entonces? Los medios progresistas parece que cierran filas en torno a una estrategia un tanto extraña.

Es un consenso absoluto que el diario El País fue el intelectual orgánico de la Transición y que hoy, superado su giro derechista bajo la dirección de Antonio Caño, es la gran referencia ideológica del PSOE y también de algunos sectores políticos y de periódicos digitales situados a su izquierda. Su editorial de ayer, cuya autoría creo que sabría identificar, fue uno de esos editoriales históricos. El título era revelador: “El pleno del sabotaje”, y empezaba diciendo lo siguiente: “La mayoría conservadora del Constitucional sitúa a España ante una intromisión inédita en el poder legislativo. Entramos en terreno desconocido con una intromisión inédita del Constitucional en la autonomía parlamentaria de las Cortes españolas. Quienes adujeron en los últimos cuatro años que la estrategia del poder judicial no era jurídica sino política pueden decir hoy, lamentablemente, que la razón de los hechos les ampara”. Sabotaje, intromisión y politización de la justicia. Casi nada. Pero luego el editorial nos da la prescripción, que viene siendo una especie de me enfado y no respiro: “Llegados a este punto, al Gobierno y a las Cortes solo les cabe acatar la decisión del Tribunal Constitucional y utilizar los procedimientos de la democracia –y de la mejor y más impecable técnica jurídica– para hacer cumplir la Constitución y la voluntad de los legisladores ahora cercenada”. Frente a la politización de la justicia, técnica jurídica. Frente a la Cuarta División Panzer del ejército alemán, el coraje de la caballería polaca de los jinetes ulanos… No pasarán, pero si pasan nosotros les saludamos con educación que, ante todo, somos pulcros e impecables demócratas.

Hoy me ha sorprendido que los dos diarios digitales más importantes a la izquierda de El País, El Diario y Público, hayan puesto el foco en el cierre de filas de Unidas Podemos y el resto de partidos del bloque de la investidura en torno a Pedro Sánchez. En realidad, lo que proponen tanto UP como los grupos de izquierdas es reformar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, articulando una rebaja de la mayoría cualificada de tres quintos en una eventual segunda vuelta si no se logra la mayoría de tres quintos en la primera. Como sabemos, el sistema actual otorga al PP una capacidad indefinida de bloqueo. Decía El Diario en su pieza que “esa reforma fue descartada en su día por Pedro Sánchez tras las críticas de Bruselas y, según fuentes de la Moncloa, sigue sin ser la opción preferida, aunque en el Ejecutivo ni siquiera se termina de cerrar la puerta a ella tras el salto cualitativo en la crisis institucional del país que ha supuesto la decisión del Tribunal Constitucional de impedir la votación de la reforma en el Senado”. Este último extremo ha sido desmentido hoy por el PSOE que, en fuentes dadas a la Cadena SER, ha vuelto a insistir con el argumento de que “en Bruselas no les iba a gustar”.

Opino que en un contexto en el que El País define como sabotaje e intromisión lo que ha hecho el TC, y en el que desde La Vanguardia se ha hablado de insubordinación de los aparatos del Estado y de pronunciamientos, la prensa de izquierdas debería empujar las posiciones de sus columnistas más preparados y defender abiertamente que la respuesta más sensata ante el desafío golpista es cambiar de una vez el sistema de renovación del CGPJ, como vienen proponiendo Podemos y otros partidos de izquierdas desde hace años. Es imprescindible que los medios de izquierdas den cobertura ideológica y cultural a la defensa de la democracia. Alinearse con la naturaleza timorata del PSOE y de su intelectual orgánico no es nada sensato dadas las circunstancias.