“Amigo, concédame un momento. Dentro de ochenta días, decenas de miles de personas se acercarán hasta estas puertas para exigir una mejora de nuestra democracia que haga frente a la emergencia climática [...]” El activista de Extinction Rebellion (XR) no pudo concluir su mensaje. El ujier de seguridad de la Cámara de los Lores le cortó rápidamente la palabra y le obligó a abandonar la galería de los “strangers” o visitantes del Parlamento del Reino Unido. Desde el área de prensa del piso inferior, se oían gritos de “fuera, fuera”, a lo que alguien respondió con un débil “suelte, me hace daño”. Mientras, otros doce manifestantes ecologistas se pusieron en pie y mostraron sus camisetas con el lema “Defender los derechos humanos”. 

El grupo interrumpió con su acción un importante debate de los Lores sobre el borrador y las enmiendas del proyecto de ley de Orden Público, parte de una serie de restrictivas reformas legislativas de la administración conservadora que han hecho saltar las alarmas sobre el estado de la democracia y la protección de las libertades y los derechos fundamentales en Gran Bretaña. “El proyecto de ley crea una franja de delitos penales que, al ser tan amplia, tiene el potencial de abarcar un inmenso abanico de conductas cotidianas pacíficas. De la noche a la mañana, los ciudadanos corren el riesgo de ser detenidos, procesados y encarcelados por los actos más sencillos, como pasear cogidos del brazo, llevar el candado de la bici al trabajo o dejar al perro atado junto a una cafetería”, explica Tyrone Steele, abogado penalista de Justice, organización multipartita especializada en reformas legales y derechos humanos. 

Esta revisión legislativa se dirige expresamente contra colectivos ecologistas

Esta revisión legislativa se dirige expresamente contra XR, Stop Oil Now, Insulate Britain y otros colectivos ecologistas que han demostrado tener una versátil capacidad para paralizar el tráfico en las autopistas, bloquear los accesos de empresas de hidrocarburos y ocupar puentes, avenidas y calles céntricas durante un día o durante varias semanas. El Gobierno pretende cortar las alas del movimiento, erradicar las “tácticas altamente disruptivas” y disuadir a los activistas, los simpatizantes y la ciudadanía en general emitiendo edictos ministeriales y otorgando carta blanca a las fuerzas del orden. “La policía ya tiene muchos poderes para lidiar con las protestas y es totalmente innecesario que el Gobierno persista con estos poderes amplios e imprecisos, que inevitablemente se emplearán de forma irregular y tendrán efectos dañinos y discriminatorios”, advierte el experto legal.

De aprobarse el proyecto en su versión original, un individuo podrá ser cacheado sin sospecha ni motivo alguno, detenido por llevar una pala en el coche o un bote de cola en la mochila y recibir penas de hasta cinco años de cárcel si desobedece una orden ministerial que le prohíbe participar en una manifestación. También los periodistas y los observadores independientes son vulnerables a las nuevas penalizaciones para el “locking on’ (encadenarse a algo o alguien), ‘tunnelling’ (cavar o penetrar en un túnel) y obstrucción de la vía pública y de las infraestructuras nacionales, entre otras formas de protesta.

Según la redacción actual del texto, un periodista se arriesga a ser acusado de espionaje o traición

Por otra parte, fotógrafos y reporteros quedan igualmente desamparados con el proyecto de ley de Seguridad Nacional, que los Lores tendrán una última oportunidad de revisar a principios de marzo de este año. Sindicatos y asociaciones de prensa, además de profesionales del sector y expertos en Derecho penal, denuncian que, según la redacción actual del texto, un periodista se arriesga a ser acusado de espionaje o traición por acceder o difundir “información protegida”, aunque su contenido sea de interés público. “El proyecto de ley diluye toda distinción entre un periodista y un espía”, advierte el NUJ. 

Acabar con la protesta pacífica

Interior intentó introducir las restricciones a las concentraciones pacíficas en la recta final de la tramitación de la Ley de Policía, Crimen, Sentencias y Tribunales, de 2022. La estrategia tropezó con los Lores, que tumbaron las enmiendas más polémicas y las han vuelto a rechazar en votaciones recientes. La cámara no electa de Westminster, con su peculiar composición de escaños hereditarios, eminentes expertos, diputados jubilados, donantes y enchufados políticos, se ha convertido en la trinchera definitiva para hacer frente a la mayoría conservadora que el primer ministro, Rishi Sunak, ha heredado en los Comunes de su anterior jefe, Boris Johnson.

“El Gobierno quiere reforzar el poder de la policía con el fin de suprimir las protestas. Son poderes extraordinarios que no han sido necesarios en anteriores legislaciones de orden público y que quieren utilizar ahora contra manifestantes pacíficos. Intentan disuadir a la gente, y las medidas son tan desproporcionadas que tienen un efecto realmente paralizante porque está en juego tu libertad. Te arriesgas a ser detenida si te acercas a la zona donde se ha convocado una manifestación, si llevas encima panfletos y otros materiales o si piensas unirte a la protesta. Forma parte del ataque sistemático del Gobierno para acallar las voces discrepantes y todo lo que considera un desafío”, comenta Rosie Merrifield, activista de XR.

Merrifield se ha plantado con un puñado de colegas ante el regio portón del palacio de Westminster. Uno está tocando el bajo en un aparente gesto de rebeldía contra la mencionada ley de 2022, que añadió el ruido a los motivos legales para disolver una manifestación. “Una protesta por definición ha de ser ruidosa”, puntualiza la activista climática al tiempo que califica de “siniestra y preocupante” la deriva de los conservadores en sus trece años al mando del país. 

“Llegaron a niveles sin precedentes el año pasado e inmediatamente presionaron más y más. Nos han impuesto una ristra de proyectos de ley antidemocráticos, que básicamente privan al Gobierno de rendir cuentas”, dice en referencia a polémicas leyes e iniciativas contra migrantes y solicitantes de asilo, jueces y abogados, huelgas, marchas y concentraciones públicas, además de la persistente amenaza de abandonar la Convención Europea de Derechos Humanos.

La sombra de Thatcher

Michael Eaude, autor de A People´s History of Catalonia (Historia popular de Cataluña), entre otros ensayos y biografías, recuerda la era de ‘hierro’ de Margaret Thatcher, cuando los sindicatos fueron aniquilados políticamente como fuerza social en el Reino Unido. “Thatcher minó el poder de los sindicatos con todo tipo de restricciones legales sobre el derecho a la huelga y a reunirse en asamblea, el veto a los piquetes volantes... Qué ingenuo fui al pensar que no podrían restringir más estos derechos”, comenta el veterano hispanista. Condiciones y limitaciones aún más exigentes a la libertad de paro laboral se están tramitando en un borrador legislativo paralelo al del Orden Público, que el Partido Laborista ha apodado como “proyecto de ley del despido de enfermeras” en plena crisis del coste de la vida.

Hasta un turista extranjero podría verse afectado por el recorte de libertades

El fantasma de Thatcher iluminó el debate de los Lores sobre los delitos penales relacionados con acciones disruptivas que quieren implementar sus descendientes ‘tories’. El portavoz laborista de Interior, Vernon Coaker, observó que la exprimera ministra “no introdujo este tipo de legislación” para restringir las masivas y, en ocasiones, violentas movilizaciones de los años ochenta, porque “comprendió que el derecho de protesta es fundamental, por muchas dificultades que acarree a los gobiernos”. Lord Coaker resaltó que hasta un turista extranjero podría verse afectado por el recorte de libertades y el veto a manifestaciones “disruptivas”. 

Para el abogado de Justice, la ley de Orden Público atenta contra las “libertades fundamentales de pensamiento, expresión y asamblea” y su “efecto paralizante” llega más allá de los promotores o seguidores de una causa. Advierte de que “personas relacionadas muy indirectamente con una protesta, desde el tendero que vendió pegamento o sopa a un manifestante, hasta el usuario que publica mensajes de ánimo en las redes sociales”, pueden entrar en la diana de órdenes preventivas contra las “protestas de grave disrupción”. “En la práctica, puede traducirse en graves restricciones de las libertades individuales, incluida la prohibición de acceder a internet, y encarcelamiento si se viola la orden”, afirma Steele.

Móvil política y electoral

ONGs y activistas, la oposición parlamentaria, expertos legales y académicos coinciden en el móvil político de la agenda legislativa de Interior, que han gestionado siete ministros desde 2010, en su mayoría mujeres. “En las próximas elecciones generales, los ‘Tories’ se encaminan a una dura derrota similar a la de 1997 (victoria del neolaborismo de Tony Blair) o la aniquilación política. Siguen una estrategia de asegurar el voto del núcleo duro y la mayoría de los conservadores recalcitrantes son autoritarios por naturaleza. De ahí que el crimen y el miedo al crimen, el orden público, la inmigración y el miedo a los migrantes sean puntos clave de la estrategia de supervivencia del partido”, argumenta el historiador Andrew Dowling, catedrático de la Universidad de Cardiff.

La comisionada en DD.HH. del Consejo de Europa expresó “inquietud” por la deriva del Reino Unido

“Este Gobierno”, añade Eaude, “es débil, está al final de su legislatura y quiere aprobar la mayor cantidad posible de leyes restrictivas”. A su vez, el abogado penalista lamenta que las consecuencias de “tan extraordinarios y amplios poderes para los derechos y las libertades de la ciudadanía dañarán nuestra reputación como país que respeta sus obligaciones nacionales e internacionales en derechos humanos”.

Un eco negativo se propaga desde Londres al continente europeo. Lord Coaker expuso este mes en Westminster que los planes del Ejecutivo de Sunak violan, al menos, los artículos 10 y 11 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que amparan la libertad de expresión, de reunión y de asociación. Semanas antes, la comisionada en Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, señaló la “inquietud” que está produciendo la deriva de la protección de los derechos fundamentales en Reino Unido, un malestar que observó durante su visita de 2022. “Alimenta esa inquietud lo que parece ser una actitud cada vez más hostil hacia los derechos humanos por parte del Gobierno, especialmente los recientes y propuestos cambios de ley y de políticas”, concluyó en su reciente informe. 

El deterioro de la reputación internacional hará poca mella en la cúpula del gobierno y el partido conservador, según las fuentes consultadas para este reportaje. “No les preocupa que la opinión internacional critique la erosión de los valores democráticos. Cuentan con el respaldo de la prensa de derechas a sus políticas y encasillarán los derechos humanos en el apartado ‘woke’ para consumo de los liberales”, sostiene Andrew Dowling. Merrifield advierte, por su parte, que “no podemos criticar regímenes opresivos del mundo si nosotros aprobamos leyes opresivas”.