Las políticas neoliberales aplicadas en España entre 2009 y 2018 tuvieron efectos amplios y duraderos: provocaron una profunda crisis social en la que aumentaron la pobreza y las desigualdades, agravaron la crisis económica originada en el pinchazo de la burbuja financiera y generaron también una tercera crisis en la política institucional, hasta el punto de acabar con el sistema bipartidista controlado por el PP y el PSOE.

Las políticas de ajuste fueron respondidas con protestas y movilizaciones en las que participaron millones de personas y que fueron impulsadas por distintas organizaciones y movimientos, entre las que destacaron los dos grandes sindicatos de clase de ámbito español (CCOO y UGT), las centrales sindicales nacionalistas vascas y gallegas (ELA, LAB y CIG), otras organizaciones sindicales y sociales (CGT, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, SAT, 15M), el movimiento feminista y las coordinadoras de pensionistas en defensa del sistema público.

Las políticas de ajuste fueron respondidas con protestas y movilizaciones en las que participaron millones de personas

La movilización masiva y con reivindicaciones generales –y no meramente locales o sectoriales–, como el rechazo de los recortes sociales, la exigencia de un sistema fiscal más justo y progresivo, la igualdad entre hombres y mujeres, el fin de las violencias machistas, la defensa del Estado del bienestar, de los derechos laborales y de la protección social, atravesó varias fases entre 2009 y 2020.

La ola de protestas fue muy intensa entre 2009 y 2015, decayó en 2016, se recuperó ligeramente en 2017 y volvió a alcanzar niveles altos desde 2018 hasta el primer trimestre de 2020, cuando las medidas sanitarias para contener la pandemia de covid provocaron el fin del ciclo de protesta.

Los impulsores de las movilizaciones fueron diversos, con variaciones y relevos de organizaciones y movimientos. En 2009 y 2010 los principales convocantes fueron CCOO y UGT, y cuando en 2011 dieron un paso atrás, dejaron un espacio libre que ocuparon pequeños grupos de la izquierda radical y el movimiento 15M. En 2012 y 2013 los dos principales sindicatos de clase españoles volvieron a asumir el liderazgo de las movilizaciones, y en 2014 y 2015 las protestas fueron dinamizadas sobre todo por el movimiento feminista, por pequeños sindicatos radicales como CGT, por un enjambre de pequeños colectivos y por Podemos, un nuevo partido de izquierdas creado al calor del movimiento 15M. En 2016, la movilización se redujo notablemente y en 2017 comenzó a remontar tímidamente de la mano de CCOO y UGT y, sobre todo, del movimiento feminista, que lideraría las protestas junto a las coordinadoras de pensionistas durante los años 2018 y 2019.

En Galicia, Euskadi y Navarra la movilización contra las políticas neoliberales fue más intensa que en el resto del país, y tuvo sus propias dinámicas, lideradas por los sindicatos nacionalistas CIG, ELA y LAB. A pesar del mayor nivel de protesta, la falta de coordinación más allá de sus territorios provocó que su contribución a la resistencia frente a las políticas de ajuste tuviera un resultado menor que el que correspondería por el nivel de la movilización.

El ciclo de movilización 2009-2021 y los acuerdos sociales. Fuente: Elaboración propia

Sí se puede. Los resultados de la protesta

La inmensa movilización social mantenida –con altibajos– durante una década logró resultados concretos en tres ámbitos: en medidas inmediatas, en el diálogo social durante los gobiernos de Zapatero y Rajoy (si bien aquí los resultados fueron muy limitados), y en el medio plazo, en varias iniciativas impulsadas a partir de 2019 por el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos: mejora de las pensiones públicas, reforma laboral, derogación del artículo 315.3 del Código Penal que facilitaba la represión política de la actividad sindical durante las huelgas (todas ellas negociadas en el diálogo social), y por último, la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida popularmente como ley del “sólo sí es sí”.

Los resultados inmediatos

Entre los resultados que las movilizaciones lograron en el corto plazo destacaron la paralización de la privatización de la sanidad en la Comunidad de Madrid, la retirada de la reforma legal que pretendía recortar el derecho al aborto, la ley de condiciones mínimas para las contratas del sector público en Navarra, la ley contra la pobreza energética y los desahucios en Catalunya o la revisión de la sentencia que consideró que la violación de una mujer en los Sanfermines por parte de un grupo organizado de cinco hombres, denominado “la manada”, había sido un mero abuso sexual.

Los resultados del diálogo social entre 2011 y 2014

La ola de protesta también contribuyó a los escasos avances que se produjeron en el diálogo social

La ola de protesta también contribuyó a los escasos avances que se produjeron en el diálogo social, esto es, las negociaciones sobre cuestiones globales entre Gobierno, organizaciones patronales y los dos principales sindicatos de clase –CCOO y UGT–, que tenían una larga tradición iniciada con los grandes pactos sociales de la década de los 80.

El resto de los movimientos, las organizaciones sociales y los sindicatos de clase que también desempeñaron un papel central en las protestas y que incluso las lideraron durante varios años, no desarrollaron ninguna coordinación de ámbito estatal para intentar incorporarse al diálogo social con el Gobierno y los empresarios y, ante esta situación, CCOO y UGT siguieron representando en solitario a la mayoría social de clase trabajadora en las negociaciones.

Tras el pinchazo de la burbuja en 2008, al comenzar a aplicarse las políticas de ajuste neoliberal, las dos grandes centrales sindicales de clase se movilizaron con intensidad durante 2009 y 2010. Al año siguiente, en 2011, firmaron dos acuerdos con el Gobierno del PSOE presidido por Zapatero. El primero suponía un recorte de las pensiones y la aceptación de los criterios neoliberales que hasta el momento habían rechazado. El segundo pacto, suscrito en febrero de 2011, contenía algunas mejoras para colectivos especialmente precarios, como las empleadas domésticas y los jornaleros, unos avances de limitado alcance y escasa concreción que ni siquiera se cumplieron por parte del Ejecutivo.

En 2012, una nueva tanda de recortes volvió a reactivar la implicación de UGT y CCOO en la oleada de movilización que había seguido creciendo en 2011, y los dos sindicatos lideraron de nuevo las protestas en 2012 y 2013.

En 2014, CCOO y UGT firmaron el segundo acuerdo social, en esta ocasión con el Gobierno del PP y de nuevo con escasos contenidos beneficiosos para las personas trabajadoras.

Los acuerdos del diálogo social de ámbito español de 2011 y de 2014, al igual que los pactos sociales de ámbito autonómico firmados durante estos años, beneficiaron sobre todo a los partidos en el Gobierno, que mejoraron sus posiciones de cara a las citas electorales, transmitiendo una imagen de preocupación por la situación de la mayoría social de clase trabajadora y de capacidad de negociación y diálogo. Las organizaciones empresariales no cedían nada y por lo general obtenían millones de euros de dinero público para empresas privadas (la famosa “paguita” a los empresarios), sin apenas efecto en la creación de empleo o en la reducción de la precariedad.

La escasez de resultados concretos en el diálogo social no desactivó las protestas contra las políticas neoliberales

La escasez de resultados concretos en el diálogo social no desactivó las protestas contra las políticas neoliberales, que siguieron siendo contestadas de forma masiva hasta 2015 y, tras el parón de 2016 y 2017, también en 2018 y 2019, si bien CCOO y UGT ya no volvieron a asumir el liderazgo.

Los resultados a medio plazo

Las grandes movilizaciones mantenidas en el tiempo contribuyeron de forma decisiva a la caída del Gobierno del PP que había llevado a cabo las políticas neoliberales más duras, mediante la moción de censura de 2018 en la que la mayoría del Parlamento respaldó al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para encabezar un nuevo Ejecutivo. La oleada de protestas mantenida durante una década también fue uno de los principales factores que hicieron posible la formación en 2020 del primer gobierno de coalición de izquierdas desde la II República, formado por el PSOE y Unidas Podemos, y tuvo también una influencia decisiva en varias iniciativas del nuevo Ejecutivo, que se aprobaron a partir de 2021, tras el paréntesis forzado por la pandemia de covid en 2020.

Algunas de estas medidas se negociaron con CCOO y UGT, mientras que otras fueron desarrolladas por el Ejecutivo al margen del diálogo social.

Los acuerdos pactados entre el Gobierno y las centrales sindicales (y en algunos casos también con la patronal) no recogían todas las reivindicaciones defendidas en la calle por millones de personas durante una década, pero suponían mejoras parciales en varios ámbitos: la eliminación de los recortes de las pensiones de 2013, la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, que perseguía el derecho de huelga, y la reforma laboral de 2021 de la ministra Yolanda Díaz, que, aunque no derogaba por completo la reforma del PP de 2012, incluía medidas contra la precariedad de gran calado y rompía con las políticas neoliberales que habían regido las reformas laborales de los gobiernos del PSOE y del PP durante cuarenta años (con la excepción de la reforma de 2006 del ministro socialista Jesús Caldera, que redujo los contratos temporales).

Además de la reforma laboral de 2021 y de la eliminación parcial de los recortes de pensiones, otro de los resultados más notables a medio plazo del ciclo de movilización social 2009-2019 fue la aprobación en 2022 de la ley de libertad sexual, conocida popularmente como ley del “solo sí es sí”.

Esta nueva norma, impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, y su equipo, y nacida del movimiento feminista, contenía medidas de prevención y detección de las violencias sexuales en distintos ámbitos, garantizaba a las víctimas la asistencia integral especializada, creaba el delito de acoso callejero y eliminaba la distinción entre abuso y agresión sexual en función del grado de resistencia ofrecido por las víctimas.

Con la nueva ley, el elemento clave en los delitos sexuales pasaba a ser la necesidad de un consentimiento explícito, de manera que toda relación sexual no consentida se consideraba una agresión sexual. De esta manera se confrontaba con la cultura de la violación y se reforzaba la importancia de la educación sexual basada en la igualdad de género, que pasaba a ser obligatoria en todas las etapas educativas.

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[Este texto forma parte del libro Huelgas, plazas y mareas. Resultados de una década de movilizaciones contra la crisis neoliberal (2008-2019)].

Gonzalo Wilhelmi es historiador, ferroviario y sindicalista de CGT. Ha publicado Sobrevivir a la derrota. Historia del sindicalismo en España, 1975-2004 (Akal, 2021), Romper el consenso. La izquierda radical en la transición española (1975-1982) (Siglo XXI, 2014), ha coordinado junto con Francisco Salamanca Tomar y hacer en vez de pedir y esperar. Autonomía y movimientos sociales (Solidaridad Obrera, 2012) y es coautor del guion del documental Ojos que no ven. Víctimas del fascismo desde la transición (Luis Moles, 2011).