El sufragio universal empezó siendo, a pesar de su nombre artístico, absolutamente no universal, masculino. Si bien hoy no es exclusivamente masculino, sigue siendo no universal. En 2018 se acabó con la injusticia de que las personas con discapacidad intelectual, trastorno mental o deterioro cognitivo (unas 1000.000) no pudieran votar, sin embargo, sigue habiendo mayores de edad sin acceso al voto. Se trata de personas que a) carecen de esa posibilidad por sentencia judicial. De b) ciudadanos residentes en el extranjero que, si bien tienen garantizado su voto en tanto que ciudadanos –pese a haberse derogado el voto rogado–, no tienen, las más de las veces, manera efectiva de ejercerlo. Suponen, por número, el equivalente a una provincia española no vacía. Una provincia díscola, insatisfecha, migrada, que ningún gran partido quiere, visto lo visto, tener cerca. Por pobreza extrema –o por su prima menos estridente, la precariedad–, un número variable de personas, integradas en el 12% de la denominada abstención técnica, han sido c) expulsadas del censo, al carecer de un domicilio fijo, o medianamente duradero y estable. También quedan fuera del voto un amplio contingente de conciudadanos, con los que trabajamos o nos cruzamos por la calle. Se trata de los no-ciudadanos, personas desprovistas de ciudadanía, que no han podido incorporarse al censo al ser d) no-nacionales y/o al carecer de una documentación en regla. Las cosas a), b), c) y d), el carácter no universal del sufragio universal, determina, sesga, de alguna manera, el voto. Pero hay variables que lo pueden determinar de manera más sofisticada e intensa, y que se han ido desarrollando en el tiempo.

En España, gracias a la ola trumpista, políticos y medios han cuestionado, cuestionan, la legalidad de resultados cuando no son los deseados

El sufragio universal –masculino– fue proclamado en 1869, jubilado con la Restauración y vuelto a instaurar en 1890. El sufragio universal, edición también mujeres, es de 1932. En el ínterin 1939-1975 fue eliminado, y quedaron expulsadas de ese derecho las mujeres de toda clase y condición, pero también los hombres que no fueran cabezas de familia, que estuvieran en el exilio, que tuvieran antecedentes judiciales, o que gastaran afinidad, durante la Guerra Civil, hacia el bando ganador en el resto del mundo. Esto garantizaba, de manera sencilla y obvia, resultados electorales apropiados para el Estado. Pero anteriormente, con el sufragio universal –1932-36–, había otras técnicas de modulación, menos explícitas. Como la movilización, por parte de la Iglesia, de ciudadanos creyentes, que a su vez trasladaban a los colegios electorales a ciudadanos no necesariamente creyentes, pero sí ancianos o impedidos, y con su papeleta ya cerrada en la mano. Previamente, durante el sufragio universal masculino –1869-74, y 1890-1931–, hubo otras técnicas más aparatosas, pero efectivas, para la modulación del voto, que trascendieron su época. Como el caciquismo, como la Banda de la Porra, como el pucherazo –romper el puchero, la urna, y suplantar los votos allá depositados– o como la compra del voto, por dinero, trabajo, comida o alcohol. Con el tiempo, esos sistemas de corrección electoral fueron sustituidos –o no, o no siempre– por otros sistemas más discretos. En Madrid, en las elecciones municipales de 1906, por ejemplo, los partidos de la Restauración tenían un secreto: eliminar, no depositar en la urna, todos aquellos sobres que en una de sus esquinas carecieran de un agujero hecho con un alfiler. Ese era el sello que indicaba que ese voto había sido comprado, o bien poseía una denominación de origen controlada y fiable. El PSOE, por cierto, descubrió ese hecho oculto. Y lo incorporó. Todos los electores del PSOE votaron con sobres perforados, que fueron admitidos, por tanto, en las urnas. El resultado fue el primer cargo electo marxista de la historia en España: Pablo Iglesias. 

En términos generales, desde 1945 y hasta la fecha, y para una región que integra a Estados Unidos y Europa, la modulación del voto no ha solido reposar en la violencia a secas, o en la violencia de la compra del voto. En el primer estudio electoral de la historia –del Partido Demócrata, en 1948– se descartaba el mayor terror de la inmediata posguerra: que la radio, ese medio popular en Estados Unidos, pero fundamental en el nazismo, supusiera, en democracia, la manipulación fatal de los votantes. Con ello no solo se despenalizaba la radio –los medios de masas, vamos– para difundir política y campañas electorales, sino que, paulatinamente, se fueron adoptando, en las campañas electorales primero, y en la explicación de acciones gubernamentales después, técnicas alemanas de comunicación de masas de los años 30. El combate por modular percepciones, y que ellas modularan el voto, fue importante en los sistemas pos45, por tanto. Mucho más, después de 1968 y, más aún, tras la crisis de 1973, cuando las derechas, de pronto contestatarias, impugnadoras, fueron experimentando técnicas en la modulación de percepciones, a través del lenguaje. El triunfo de Thatcher –1979–, o de Reagan –1981– es, entre otros aspectos, el triunfo de la capacidad de crear estados de ánimo –no verificados por la razón, por tanto–, a través del lenguaje político. Gracias al lenguaje se podía demoler, en nombre del voto y de la democracia, el Bienestar, la forma de democracia en Europa, y un trazo constante de la democracia americana desde Theodore Roosevelt. Esa erosión a la democracia pasó a ser más profunda cuando la amenaza dejó de ser lingüística, comunicativa, para pasar a ser una amenaza efectiva, palpable, una posibilidad de involución a través de la corrección de los votos emitidos en unas elecciones. Eso fue en Estados Unidos y en 2001. Una sentencia judicial impedía el recuento de votos en el condado de Palm Beach, en Florida, lo que suponía una modificación no de percepciones, sino de votos, que conduciría a George W. Bush a la Presidencia, de manera legal, pero ademocrática. Tras este cambio cualitativo, los ulteriores intentos de modulación del voto siguen viniendo de Norteamérica. Consisten en la modificación del censo, en expulsar a minorías del voto –hispanos, negros–, gracias al Legislativo, a la promulgación de leyes. Y gracias a la convocatoria, por parte de Ejecutivo, del Judicial, para que anule y modifique los resultados de unas elecciones –esa fue la idea inicial de Trump en 2021, que no obtuvo la complicidad requerida de jueces y fiscales–. En España, gracias a la ola trumpista, políticos y medios de comunicación han cuestionado, cuestionan, la legalidad de resultados electorales, cuando no son los deseados. De igual forma, un organismo no judicial, la JEC, ha tenido más participación de lo deseable y, tal vez, de lo legal, en la penalización de políticos electos. Un comité de la ONU se ha pronunciado, a su vez, en contra de la vulneración de los derechos políticos de Puigdemont, candidato electo desprovisto de su escaño al ser procesado en una causa penal, si bien sin ser, en aquel entonces, condenado. Puigdemont y otros políticos catalanes defienden aún, a su vez, que los votos emitidos en una consulta que no presentaba ninguna de las condiciones expresadas por la Comisión de Venecia eran votos hábiles y efectivos, lo que también apunta a otro tipo de degradación democrática. 

En Melilla, el precio de los votos comprados oscilaba entre los 50€ y los 200€. En plena crisis de la democracia, el valor de un voto es muy poco

En Melilla se ha destapado un fraude masivo de votos por correo. Una trama compraba el voto por correo a ciudadanos, y los vendía a los partidos –¿cuáles?; los únicos detenidos con carnet, entre ellos un consejero, son, en el momento que escribo esto, de Coalición por Melilla; un detenido ha acusado también al PP, ignoro con qué credibilidad–. En Mojácar –núcleo de Almería en las antípodas de Melilla; un pueblo blanco, rico, con una gran población comunitaria y británica– se ha destapado otra trama, de la que se sabe menos. Dos de los detenidos aquí son candidatos del PSOE. El dato más llamativo hasta ahora, fundamental incluso, es que, en Melilla, el precio de un voto oscila entre los 50€ y los 200€, apunta El País. Lo que permite saber, por fin y en plena crisis de la democracia, el valor de un voto. Es muy poco. Y, a la vez, cabe suponer, es un ingreso importante para el vendedor. Es más de lo que, así lo percibe, ganaría votando. Debería suponerle una fortuna, ser un objeto repleto de posibilidades determinantes para su vida. Pero le suponen, ahora lo sabemos, entre 50€ y 200€. Poco. Nada.

El voto es un ejercicio de libertad absoluta. Por lo que es un punto certero para visualizar el carácter poco absoluto, incluso nebuloso, de la libertad misma.