Las informaciones alarmantes sobre un punto muerto macroeconómico en Bolivia son reales. Luego de un par de décadas de indudable mejoría en el país andino, con cifras importantes de disminución de la pobreza, estabilidad monetaria, y crecimiento, todo parece haberse desmoronado.

El Gobierno del presidente Luis Arce Catacora dice que se trata de una falsa alarma, que prosigue el crecimiento, que la inflación no es mucha, y que incluso están apostando a un nuevo yacimiento de gas que va a producir pronto, que ya viene lo del litio, y que todo es especulación. Afirma el Gobierno que hay problemas naturales postCovid-19 y derivados de la guerra de Ucrania, además de problemas internos.

La oposición se queja de estatismo, y de que la participación del Estado en las empresas y el incremento de la deuda pública, que se ha duplicado hasta alcanzar el 80% del PBI, desalientan la inversión, y pide un cambio total de modelo.

Afirma el Gobierno que hay problemas naturales postCovid-19 y derivados de la guerra de Ucrania

Hemos recogido ambas versiones y conversado con algunos especialistas que, sin sesgo alguno, son capaces de decir algo más que un libreto aprendido y mil veces repetido.

Primero un resumen

Desde inicios de siglo, las exportaciones de gas natural de que dispone Bolivia en gran cantidad crecieron muchísimo. La elección de Evo Morales, en 2005, coincidió con que el precio del gas casi se duplicó, lo que permitió a Bolivia acumular reservas de divisas como nunca había tenido: casi 52% del PIB. Sumado a esto, por esos tiempos las instituciones multilaterales decidieron condonar deudas a los países más pobres del mundo, y Bolivia –tras décadas de neoliberalismo (teñido de mercantilismo sin el cual esa idea no sobrevive)– era uno de esos países.

Con esos recursos, que llegaron a sumar 40 mil millones de dólares, lo que es una fortuna para un país con apenas 12 millones de habitantes y tradicionalmente de escasos recursos, el Gobierno de Evo Morales ensayó no el socialismo, sino una versión andina del keynesianismo. Ninguna ruptura con el sistema, ortodoxia pura en su versión más socialmente participante.

Evo Morales había heredado de los gobiernos de derecha anteriores un inamovible subsidio a los combustibles que significa un peso que no pudo quitarse de encima, aunque hizo el intento, lo que le costó enfrentar a las mayores movilizaciones contra su gestión, por lo que debió retroceder. Este subsidio no beneficia a las mayorías, como se podría suponer, sino a los grandes agroexportadores y finalmente a una próspera industria del contrabando tanto de comestibles, artículos varios y vehículos, autopartes, etc., como narcotráfico. Razón que justificaba su cancelación, pero esos grupos son poderosos y existe entre la ciudadanía un sentido común instalado sobre que eliminar aquel subsidio podría encarecer excesivamente bienes esenciales.

El Gobierno de Evo Morales ensayó no el socialismo, sino una versión andina del keynesianismo

Subsidios heredados y gastos

Se mantuvo aquel subsidio que devora un porcentaje anual importante de los recursos, y se procedió a una política de distribución social vía bonos e incentivos, la generación de empresas públicas diversas, al tiempo que se nacionalizaban los yacimientos de gas y se firmaban nuevos acuerdos con las empresas petroleras, donde la compañía estatal YPFB define volúmenes, mercados y precios para la comercialización, y es quien paga las regalías y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que benefician a la población en general. Todo eso permitió 7.180 millones de dólares de los ingresos que tuvo el país, y que se hubieran perdido sin las medidas de intervención en esas actividades extractivas.

Bolivia se concentró, así, en lo que llamó el Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo (MESCP), que consistía en la redistribución de ingresos en programas sociales, la fijación del tipo de cambio y la inversión en sectores que priorizó como generadores de ingreso y empleo. Esto debería, además, fortalecer el mercado interno.

Es así que, según fuentes oficiales, el presupuesto para salud se incrementó de 365 millones de dólares en 2005 a 3.215 millones de dólares en 2021; es decir, subió más de 10 veces y se convirtió en la mayor asignación de recursos para salud registrada en la historia de Bolivia, y la esperanza de vida ascendió de 64 a 71 años. Asimismo, Bolivia devino en el segundo país de América Latina con mayor inversión en educación con respecto a su Producto Interno Bruto (PIB), 8,7% según un informe elaborado por el Ministerio de Educación. La cifra de desempleo bajó de 8,1% a 4,2% durante el gobierno de Evo Morales, y el salario mínimo pasó, en pocos años, de 60 a 310 dólares. Asimismo, el gas a domicilio empezó a difundirse en las principales ciudades del territorio.

Una política de bonos, como el llamado “Bono dignidad” para los adultos mayores, y el bono contra la pobreza, figuran entre las medidas que, sin ser demasiado onerosas, garantizaban el prestigio del modelo.

Incluso se produjo lo que llamaron la “bolivianización”, que significa una confianza firme en la propia moneda, el boliviano, al punto que el 88% de los ahorros son en moneda nacional.

Pero…

Todo eso parecía perfecto, muchos especialistas alabaron el milagro económico de Bolivia, pero había un detalle que los países en tales circunstancias suelen olvidar: hay que garantizar la provisión de recursos. Y los negocios con el gas no iban tan bien como podría desearse.

Los economistas Óscar Ugarteche y Arturo Martínez Paredes, ninguno de derechas, en un trabajo de 2020, advertían que “un país fuertemente impactado por la pérdida de reservas fue Bolivia, dada la cancelación de su contrato de exportación de gas a Argentina y el reducido volumen de gas exportado a Brasil. (…) el caso boliviano muestra un deterioro de las reservas internacionales junto con un fuerte aumento del endeudamiento, lo que sugiere un posible problema de balanza de pagos y deuda en un futuro próximo. (…) Bolivia tendrá problemas en 2023”. Ni con bola de cristal.

Para entender qué pasó

Hemos conversado con dos economistas bolivianos que nos han dado importantes pistas para entender lo que ha ocurrido en Bolivia.

René Martínez, analista en Presupuestos Públicos de la Fundación Jubileo nos resume el panorama:

“En Bolivia se han generado algunos desequilibrios macroeconómicos, pero incluso desde los años de la bonanza, durante el superciclo de las materias primas que ha sido muy favorable para Latinoamérica, se han implementado políticas públicas en las que se apostaba por la expansión del gasto como elemento para estimular la demanda interna, la demanda agregada, y que eso genere crecimiento. Y bueno, llegó mucho dinero a Bolivia y ha habido un momento en que los diferentes niveles de gobierno, y sobre todo a nivel central, han orientado todas sus políticas y demás a aumentar el gasto público. También se ha aumentado la inversión pública, pero es una inversión que no parece ser de calidad, que no está generando los retornos económicos que se esperaba. Además de que la inversión en empresas públicas tampoco ha dado resultados. Hasta 2014, año en que teníamos buenos precios de los hidrocarburos, hemos vivido un momento de bonanza y de ahí en adelante vivimos una etapa de desaceleración. Pero en este periodo de desaceleración, desde el 2014 hasta la fecha, se han profundizado los problemas, los desequilibrios macroeconómicos que se tenían, y que se tienen actualmente, que nos están llevando a una situación crítica. Existe un profundo déficit fiscal, que dura ya casi diez años, de alrededor del 8% promedio, por semejante expansión del gasto y el presente y acelerado endeudamiento”.

A lo que se agrega “la caída de las reservas internacionales. En Bolivia se ha cometido el grave error de congelar el tipo de cambio en el año 2011, en plena bonanza económica, lo que mejoró las condiciones para importar, y que las importaciones sean más baratas que la producción nacional. Entonces el país se inundó de importaciones legales y de contrabando durante muchos años, todo a costa de las reservas internacionales. Pero desde el 2015 para adelante empezamos a desacumular reservas y hemos llegado a una situación extrema. Teníamos 15.000 millones de dólares en reservas en 2014 y actualmente el gobierno ha dicho que tenemos 3.000 millones, porque ya dejó de publicar el dato, pero al parecer tendríamos menos de 3.000 millones de dólares. Estas reservas son 2.500 millones de dólares en oro, la mitad de la cuales ya pueden ser monetizadas, y con esto estaríamos en lo último. Son estos desequilibrios los que están poniendo en riesgo la estabilidad económica”.

Precisando

El economista Carlos Arze Vargas, del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), nos explica ese desaceleramiento de la economía:

“Una razón fundamental es la caída de la producción de gas. La exportación de gas natural ha sido la principal fuente de ingresos fiscales, en términos de impuestos, de tributación. Pero también ha sido la principal fuente de divisas para el Estado, porque es el único sector que está en manos del Estado para exportación y comercialización”.

A lo que se suma, explica Arze, “el incremento de las subvenciones a los combustibles. Eso significa una importación de gasolina y diésel por más o menos 4.500 millones de dólares el último año, de los cuales 1.500 millones son por subvención estatal”. La explicación del aumento de este gasto sería consecuencia de un incremento sustantivo del parque automotor. Sin embargo, y a pesar de esta realidad, el Gobierno, accediendo a presiones, legalizó 200.000 vehículos que habían ingresado irregularmente a Bolivia. Esa subvención a los carburantes es un verdadero quebradero de cabeza, pues se calcula que alrededor del 20% se destina al contrabando a países vecinos –Perú, Argentina, Paraguay– donde no hay ese tipo de medidas.

Por lo demás, explica Arze, “es falso que el gobierno desarrollara una política estatista, ni en hidrocarburos ni en minería. En hidrocarburos, el problema es que los contratos que hizo el gobierno con la llamada nacionalización no incorporaron una obligatoriedad, para las empresas que producían el gas natural o que lo producen actualmente, de reposición de las reservas probadas de gas natural. Estas reservas se han agotado por una explotación acelerada para monetizarlas, para exportarlas. Primero a Brasil y luego, desde 2008/2009, a la Argentina. Además, el gobierno se montó en una mentira del mismo neoliberalismo. Ocurre que cuando se hizo la ley de hidrocarburos de 2005, los adversarios del gobierno y favorables a la privatización decían que las empresas transnacionales habían logrado incrementar, desde 1994, las reservas probadas de gas de manera que Bolivia podía disponer, a ese paso, para producción y exportación, por más de cien años para adelante. Se decía que Bolivia tenía alrededor de 50 trillones de pies cúbicos, la mitad probada y la otra mitad por probar. El gobierno del MAS manejó esta cifra e hizo muy pocas calificaciones de reserva durante su gestión, apenas tres, aunque la ley decía que debía hacer una cada año. Y curiosamente, en la segunda calificación de reserva, estas se cayeron. De aproximadamente 26 o 27 trillones de pies cúbicos que teníamos como probadas había en realidad 9 trillones”.

Concluyendo, explica Carlos Arze: “Las reservas se han agotado prácticamente en Bolivia, deben estar en menos de 7 trillones, y gastamos casi un trillón por año, son 0,8 de exportación y gasto interno, y queda muy poco gas natural. Ese es el problema central. Y no es por alguna política estatista, diría más bien que es porque el Estado no invirtió en hidrocarburos y dejó que el negocio siga siendo controlado por las principales transnacionales, como son Repsol, Total, Exxon, que tienen más del 85% de la producción en sus manos”.

Un modelo rentista, como siempre

El gran problema es que el llamado Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo del MAS es un modelo rentista

Los contratos del gobierno boliviano con las empresas petroleras han sido muy criticados porque se les acusa de ser los principales causantes de inhibición de los inversionistas. Vale decir que, en tiempos anteriores, las empresas extranjeras se llevaban el grueso del beneficio y dejaban muy poco para el país. El Gobierno del MAS invirtió los porcentajes, como ya vimos. Según Carlos Arze: “Nadie, salvo sectores conservadores, estaba de acuerdo con que el 20% de los beneficios (por el petróleo) se quedaran en Bolivia y el 80% se fueran al extranjero como en los tiempos neoliberales. Sin embargo, la gran interrogante era qué hacer con ese excedente extraordinario. El gran problema es que el llamado Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo del Gobierno del MAS es un modelo rentista, por el que el gobierno se cruza los brazos y espera los ingresos por recursos naturales, la renta natural. Y no invirtió en la diversificación de la capacidad productiva. Las inversiones que han hecho, las más grandes, fueron en el mismo sector del gas, como son la producción de urea y la separación de gas que el gobierno ha presentado como un programa de industrialización”.

Matiza René Martínez: “Lo que pasa es que han publicitado demasiado el modelo, como que hubiera sido el gran éxito del llamado milagro económico boliviano. La situación es complicada, y para salir debiera comenzar por un sinceramiento por parte del gobierno que, al parecer, no está dispuesto a hacer”.

Presupuesto sin respaldo: ¿crisis social a la vista?

En efecto, el presupuesto nacional de 2023 ha recibido muchísimas críticas, por optimista. Porque no reconoce la crisis en la que se encuentra el país. Dice Arze: “El gasto va a aumentar de la noche a la mañana y el litio rendirá frutos en el mediano plazo. Además, los pozos de gas más importantes están agotados, en Argentina tienen ahora los yacimientos de Vaca Muerta, exportamos menos a Brasil”.

René Martínez explica que “el 75% del empleo es informal. Muchos dicen que esto genera que la economía pueda ser menos vulnerable a situaciones de crisis. Pero allí también se ve que es una crisis de balance de pagos con escasez de divisas, y también puede ser muy rápidamente uno de los sectores más golpeados, porque gran parte de la economía informal se dedica al comercio de productos importados y de contrabando, y con la actual restricción a la venta de divisas, ya no van a encontrar muchas oportunidades. Su situación se va deteriorando rápidamente”.

En medio de todo este clima, el Gobierno del presidente Luis Arce no solo hace declaraciones optimistas, adelantando un crecimiento de casi un 5% para este año y contradiciendo a organismos internacionales que vaticinan apenas un 2%, sino que ha cerrado el acceso a la información oficial sobre los temas fiscales.

Si bien todo esto no se refleja en una inflación y crisis social destacable, ¿cuánto más puede pasar hasta que ocurra?

¿Fracaso del modelo?

El periodo exitoso de la política boliviana en tiempo de auge revela que el modelo funciona. Y muy bien. Si está financiado. Contrastarlo con modelos supuestamente exitosos nos ubica en el meollo del asunto.

El tema de las reservas internacionales y las reservas fiscales es el principal problema de Bolivia, y ya vimos que sin eso no puede financiar sus proyectos de crecimiento social. El golpe duro al modelo boliviano no vino de su diseño, donde podrían haberse hecho correctivos que no se hicieron –como mayor diversificación productiva y eficaz, permitir mayores márgenes de ganancia a la inversión privada sin volver al saqueo anterior, liberar el tipo de cambio de manera que pudieran aplicarse sistemas de promoción de la pequeña y mediana empresa nacional, promoción de la pequeña agricultura para reducir la dependencia alimentaria, y, mientras durara la actividad extractiva, asegurarse de su permanente crecimiento de reservas o salirse de esa dependencia (para este escriba, ecologista impenitente, lo mejor que se pudo hacer)–.

El periodo exitoso de la política boliviana en tiempo de auge revela que el modelo funciona. Y muy bien. Si está financiado

Sea como fuera, queda claro que, bien financiado, el modelo funciona y contribuyó a la mejora de la vida de todos los bolivianos.

Como contraparte, hay el caso exitoso de la macroeconomía de otros países que no se refleja en mejoría de la sociedad en su conjunto. Por no extendernos, nos centraremos en el tema salud.

Chile, con reservas estables de alrededor de 55.000 millones de dólares, según estudio de la Universidad Católica de Chile, “destaca por poseer uno de los sistemas de salud más desiguales de la región, gracias a que se fundamenta en gran parte en el gasto de bolsillo de los individuos. (…) El aumento en el nivel de costos no se ha visto compensado por un aumento proporcional en los ingresos que la gente percibe, situación que ha generado un gap que obligadamente debe ser suplido ya sea mediante aportes fiscales o endeudamiento individual: año a año millones de personas caen bajo la línea de pobreza debido a lo complejo que les resulta solventar los gastos en salud”.

Perú, con reservas estables de 75.000 millones de dólares  –además intangibles por tratarse el Banco Central de Reserva de una entidad autónoma– y recursos adicionales de casi 18.000 millones de dólares para gastos fiscales, se caracteriza por carencia de personal y de competencias, falta de medicamentos e insumos, malas condiciones de los establecimientos de tercer nivel, pobreza y desabastecimiento crónico de los servicios de primer nivel de atención, equipos malogrados, falta de protocolos médicos, corrupción, etc.

Colombia, con 58.000 millones de dólares en reservas estables, “es el país de América Latina con la cobertura más alta en salud, superando el 95% de su población. Sin embargo, el 70% de los afiliados está insatisfecho con el servicio según una encuesta del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”, informa la revista Semana. En este caso, la privatización del sistema de atención primaria, vía las EPS, ha resultado un fracaso, por lo que apenas el 30% de los colombianos acceden al servicio.

¿Qué queremos decir con esto? Que la buena salud macroeconómica y la privatización en general, por la que pelean los críticos del modelo boliviano, no garantizan bienestar para la población que es, no cabría otra cosa, el objetivo de unas buenas y sanas finanzas públicas.

El modelo boliviano está al borde del abismo y sus consecuencias pueden ser terribles, con un terremoto social posible, pero por mal manejo, imprevisión, no porque la propuesta fuera errada. La mejor prueba es que, mientras hubo recursos, se dio el milagro boliviano que devolvió la dignidad de una vida plena a millones de bolivianos.

Nuevamente, como en el caso venezolano y otros, ha sido la monodependencia de un solo recurso, la no priorización del cuidado de la tierra y la no ruptura de la dependencia del modelo extractivista y exportador, el origen de una crisis de consecuencias imprevisibles.