¿Quién es Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, el partido de ultraderecha que encabeza Javier Milei y que salió vencedor en casi todas las provincias de Argentina en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de agosto? Su vínculo con genocidas era conocido por los y las abogadas de derechos humanos, pero no para el resto de la sociedad. Sin embargo, a principios de septiembre, Villarruel, que es diputada nacional, organizó un acto en la Legislatura porteña para “homenajear a las víctimas del terrorismo”.

Villarruel es abogada y desde 2006 es la coordinadora del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), que tiene como objetivo equiparar a las víctimas de las agrupaciones armadas con las del terrorismo de Estado y, de esta manera, lograr que se frenen los juicios de lesa humanidad que se reabrieron con el gobierno de Néstor Kirchner, en 2006.

Su padre, Eduardo Villarruel, fue combatiente en la Guerra de Malvinas y participó en el Operativo Independencia, que tenía como objetivo principal “neutralizar y/o aniquilar” a los “elementos subversivos” en la provincia norteña de Tucumán. Si bien la operación militar tuvo lugar en febrero de 1975, la dictadura de 1976 continuó con esas prácticas iniciadas en el norte argentino; por eso los investigadores en Derechos Humanos consideran ese hecho como el inicio del terrorismo de Estado. Fue en Tucumán donde instalaron un régimen de estado de sitio, que incluyó desapariciones forzadas y el establecimiento de centros clandestinos de detención. Décadas después, la justicia argentina comenzó a investigar los delitos cometidos durante el Operativo Independencia y a procesar a los responsables por los crímenes de lesa humanidad. En 2013, se dictó la primera condena por esos delitos contra el general Luciano Benjamín Menéndez.

Fue en Tucumán donde instalaron un régimen de estado de sitio, que incluyó desapariciones forzadas

Su tío, Ernesto Guillermo, dirigió el centro clandestino de detención conocido como El Vesubio. Ubicado en la localidad de Aldo Bonzi, partido de La Matanza, en el Gran Buenos Aires, comenzó a funcionar en 1975 bajo órdenes de la Triple A y dejó de operar en 1978: entre desaparecidos y supervivientes hay por lo menos 400 personas. Ernesto Villarruel no terminó de ser enjuiciado por motivos de salud.

En la actualidad, Villarruel es diputada nacional por La Libertad Avanza, pero antes de llegar al Parlamento ya tenía relación con Vox, de la mano de su ex secretario general Javier Ortega Smith. En su plan de gobierno, Javier Milei planea nombrar a Villarruel ministra de Defensa con la idea de “crear un instrumento militar ágil, moderno y tecnológicamente avanzado”, así como “recobrar el prestigio de las Fuerzas Armadas en el plano nacional e internacional”. La diputada, que al terrorismo de Estado prefiere llamarlo “guerra sucia”, declaró a los medios de comunicación que si ganan las elecciones impulsarán una auditoría sobre las indemnizaciones que el Estado paga a las víctimas de la dictadura militar del 76.

En la actualidad, Villarruel es diputada nacional por La Libertad Avanza, pero ya tenía relación con Vox

¿Y qué dice Milei sobre todo esto? Si bien reconoce “excesos” del Estado durante la dictadura, reclama lo mismo que su compañera de fórmula: que sean equiparados a los atentados de las guerrillas armadas.

Los cuadernos de Etchecolatz

Días antes de que se conociera que Villarruel homenajearía a “víctimas del terrorismo” en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, la abogada querellante en juicios de lesa humanidad, Guadalupe Godoy, publicó una foto en X (antes Twitter) que dio la vuelta al mundo: en los cuadernos de puño y letra de uno de los genocidas de la dictadura, Miguel Etchecolatz, apareció el nombre, el apellido y el teléfono de Victoria Villarruel. “Es una militante progenocidas. Se trata del cuaderno en el que el represor condenado se organizaba para el juicio del año 2006”, dijo la abogada a CTXT.

“Victoria Villarruel irrumpe en la escena de los juicios de lesa humanidad a partir de la reapertura de las causas; ahí la vimos por primera vez, con todos los grupos progenocidas. Decimos esto porque no se trata de negacionismo o de la teoría de los dos demonios sino de grupos que militan para sostener la impunidad de aquellos que perpetraron el genocidio. Ella formaba parte del Celtyv, que es una organización que adopta estrategias para deslegitimar el proceso de justicia que llevamos adelante en el segundo ciclo de juzgamiento”, explicó Godoy.

Villarruel formaba parte del Celtyv, que es una organización que adopta estrategias para deslegitimar el proceso de justicia

“Lo que quisimos demostrar con los cuadernos es que ella cumplía ese rol porque Etchecolatz anota su nombre en un cuaderno en el que está pensando y diagramando la estrategia durante su juicio en 2006 en La Plata. En la hoja 3 de ese cuaderno hace un punteo de lo que tiene pendiente y entre las cosas pendientes está hablar con Victoria Villarruel”, detalla la abogada. Godoy publicó además una hoja de las visitas en las que el apellido Villarruel aparece “junto a Cecilia Pando (la presidenta del grupo político Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina (AFyAPPA), visitando al represor Beto Cozzani, integrante de la patota de Etchecolatz”.

“Estos papeles están en la causa por la desaparición de Jorge Julio López, que desde el día anterior a la sentencia contra Etchecolatz está desaparecido. Reclamada por los organismos de derechos humanos, una de las líneas de investigación era saber quiénes intentaban perpetuar la impunidad y detener el avance de los juicios”, dijo Godoy en referencia a López, desaparecido desde 2008 cuando prestó declaración como víctima del terrorismo de Estado. Cuando se retomaron los juicios de lesa humanidad, Jorge Julio López declaró como testigo y como querellante sobre su cautiverio en el “Circuito Camps”, que estaba conformado por 29 centros clandestinos de detención que funcionaron en dependencias policiales del Gran Buenos Aires y La Plata. Esos espacios estaban bajo las órdenes de los exgenerales Ramón Camps y Ovidio Pablo Ricchieri. El 18 de septiembre de 2006, cuando López iba a asistir a los alegatos del juicio contra Etchecolatz, no se presentó a la audiencia y desde entonces no se sabe dónde está.

El Nunca Más en las calles

Mientras dentro del palacio legislativo de la Ciudad de Buenos Aires se estaba llevando adelante el “homenaje a las víctimas del terrorismo”, en las calles que bordean a la Legislatura estaba el pueblo, convocado por organismos de Derechos Humanos como el espacio Memoria, Verdad y Justicia, Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Ex Detenidos Desaparecidos, organizaciones sindicales y estudiantiles de todo el país. Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina, dijo: “Frente a la actitud del negacionismo y la reivindicación del genocidio en nuestro país por parte de Villarruel y de legisladores del grupo de Milei, la mejor respuesta es reafirmar la movilización popular porque nuestro pueblo pudo instalar como un valor de la sociedad argentina las banderas de Memoria, Verdad y Justicia y por eso fue tan importante ganar las calles como lo hicimos hoy y como lo seguiremos haciendo porque nuestra sociedad no se merece representantes ni dirigentes políticos que quieran reinstalar la legitimación del terrorismo de Estado”.

“Estamos repudiando como Central la iniciativa de Villarruel, porque lo que seguimos denunciando es que lo ocurrido en Argentina fue un golpe de Estado, fue genocidio y se implementó un plan económico que hoy nos tiene en la pobreza. Implementaron un plan sistemático donde ejecutaron, asesinaron y desaparecieron a nuestros compañeros y compañeras. Tenemos memoria, queremos justicia y vamos a seguir exigiéndola”, compartió Leonor Cruz, integrante de la Federación Nacional Territorial y responsable de Géneros y Diversidades de la CTA.

En Contexto

En el informe que publicó la Secretaría de Derechos Humanos en 2015, se lee que en los primeros años posteriores al golpe cerraron más de 20.000 fábricas y que el producto bruto del sector cayó cerca de un 20% entre 1976 y 1983 (período que duró la última dictadura). La ocupación disminuyó en esos mismos años y se redujo el peso relativo de la actividad manufacturera en el conjunto de la economía: del 28% al 22%. Al tiempo que la participación de los asalariados en el ingreso nacional pasó del 48% en 1974 al 22% en la crisis hiperinflacionaria de 1982.

Según los datos que aporta la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad en su último informe de diciembre 2022, desde la celebración de los primeros juicios por crímenes de lesa humanidad en 2006, tras la reapertura de las causas por los delitos del terrorismo de Estado, se desarrollaron en Argentina 296 juicios en los que fueron condenadas 1.115 personas y 171 resultaron absueltas. En la actualidad la cifra de condenados se eleva a 1.189. Acorde a la información que ofrece periódicamente la oficina especializada junto con las fiscalías que intervienen en los procesos en todo el país, se llevan a cabo 15 juicios en diferentes jurisdicciones del país y otras 75 causas esperan la fecha de apertura.

En una parte del plan de Gobierno de la Libertad Avanza se lee: “Eliminación de gastos improductivos del Estado, optimización y achicamiento del Estado, privatización de las empresas públicas deficitarias, liberar inmediatamente todos los cepos cambiarios, unificar el tipo de cambio, en una tercera etapa eliminar el Banco Central, competencia de monedas que permitan a los ciudadanos elegir el sistema monetario libremente o la dolarización de la economía”. Como dirían nuestras abuelas: para muestra basta un botón.