Me propongo realizar un análisis de la parte económica del acuerdo entre el PSOE y Sumar para la gobernabilidad de esta legislatura y, la verdad, no sé muy bien cómo empezar. Me trae el recuerdo de los muchos años en que trabajaba como informador de economía en una redacción. En alguna ocasión seguía una comparecencia parlamentaria de un ministro sobre su plan de actuación futura, o acudía a la presentación de un programa electoral y a la vuelta a la redacción el editor me preguntaba: “¿Qué destacarías de nuevo o de importante? Pensamos abrir con ello”. “Pues me pones en un aprieto, porque así, nuevo o importante, hay poco, y apenas se dan detalles”.

Eso es lo que se puede decir sobre el contenido del acuerdo entre las dos fuerzas que van a formar el Gobierno presidido por Pedro Sánchez si exceptuamos la reducción de la jornada laboral hasta las 37 horas y 30 minutos, que se aplicará de forma progresiva hasta alcanzar ese límite en 2025. El resto son medidas que se comprometieron en el anterior acuerdo PSOE-Podemos, ya en marcha o al menos aprobadas; en otros casos se trata de asuntos sobre los que no se entra en detalles o de simples objetivos. No es que haya cosas rechazables o imposibles de cumplir. Es una buena declaración de intenciones, donde se profundiza en medidas progresistas. Parecería que de lo que se trata es de remachar que lo que se acordó hace cuatro años hay que cumplirlo. La verdad es que eso es mucho decir en este momento, con menos margen parlamentario (recordemos que hay que contar con Junts para muchas cosas). Además, seguimos teniendo una derecha mayoritariamente retrógrada e insaciable de poder y un empresariado que no quiere ceder ni un pelo de sus privilegios.

Es una buena declaración de intenciones, donde se profundiza en medidas progresistas

En fin, entramos en detalle. Respecto al empleo y los salarios, donde se incluye la reducción de la jornada laboral, se aclara, antes que nada: “Las medidas laborales contenidas en este acuerdo se llevarán a cabo en el marco del diálogo social”. Parece una obviedad sin importancia, pero no lo es. Tal como está redactado, podría significar que para llevarlas a cabo es preciso que sean aceptadas por los agentes sociales. Eso implica que si una parte –la patronal– no acepta, no se avanzaría.

Respecto al despido, no se incorpora un aumento de la indemnización. Tampoco se incluyó en las reformas de la anterior legislatura, con lo que se mantiene lo establecido por Rajoy al mes y medio de llegar al poder: rebajó el coste del despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. Cuando la empresa aduce razones objetivas, la indemnización por despido es más baja: 20 días por año. Pero ya lo era antes. Y desde el tiempo de Rajoy no hay quien lo toque. Hubo muchos otros destrozos de derechos laborales, pero la mayoría fueron derogados por los gobiernos que sucedieron al PP. En el acuerdo PSOE-Sumar se anuncia un Estatuto del Trabajo del siglo XXI. Este compromiso no es nuevo, ya se adquirió en la anterior legislatura por la coalición gobernante. Se le llamaba Estatuto de los Trabajadores, como lo denomina el artículo 35 de la Constitución. El propósito es incluir también a autónomos y a los cooperativistas. Se anuncia que se reforzará la causalidad en el despido. Esa expresión quiere decir que, para despedir y pagar sólo 20 días por año, habrá que alegar razones de más peso que en la actualidad, aunque no se expresa así en el acuerdo. También se establece que sólo se podrán cambiar las condiciones laborales de un empleado o incumplir el convenio colectivo si la empresa está en peligro de subsistencia. No lo expresa así, pero es lo que quiere decir.

Es importante la extensión de 16 a 20 semanas del permiso de maternidad o paternidad. Una medida que, además de ser un derecho, trata de contribuir al aumento de la natalidad en España. Nuestro país es el segundo con menor índice de nacimientos de la Unión Europea, después de Italia.

En energía, el acuerdo incluye el compromiso de duplicar el número de hogares acogidos al bono social eléctrico, pero no da pistas, como en casi nada. Se supone que se logrará rebajando el listón de condiciones para poder acogerse a él. En la actualidad disponen de él 270.000 familias, con lo que el nuevo Gobierno quiere que lo tenga más de medio millón.

Varios de los anuncios son simplemente repetición de los establecidos en el acuerdo anterior entre el PSOE y Unidas Podemos. Es el caso de algunas medidas para frenar el aumento de los precios del alquiler. Ante la entusiasta negativa de las comunidades gobernadas por el PP y Vox a aplicar el procedimiento de zona de vivienda tensionada, para limitar la escalada de precios del alquiler, cabía esperar el anuncio de alguna iniciativa que comprometiera a las comunidades autónomas a aceptar estas disposiciones. Ya hay acciones, por ejemplo, para disminuir las transferencias financieras destinadas a vivienda de aquella comunidad que no colabore con el bien común. Hay que recordar que la Sareb, la sociedad público-privada que dispone de miles de pisos y terrenos impagados, aportaría viviendas para uso público de carácter social, según el acuerdo de gobierno. Además, en nuestro país existen 444.000 de viviendas nuevas sin estrenar, una cantidad que se acumuló con la crisis del ladrillo y que en trece años solo se ha reducido en un tercio.

El pacto incluye también la línea de avales ICO que el Gobierno ya anunció en mayo de este año para cubrir un 20% de las hipotecas de los menores de 35 años. Esta medida contenta a bancos como el Santander o Bankinter, que entre sus productos ofertan hipotecas con hasta el 95% de financiación para jóvenes, un colectivo que consideran estratégico.

Otra medida novedosa, pero de alcance bastante limitado, es la reducción de los vuelos domésticos allí donde haya tren y el trayecto sea menor a dos horas y media. Su alcance es reducido porque no anuncia su implantación como una norma, sino como algo que impulsarán.

En cuanto a los impuestos se incluye lo pospuesto en esta legislatura: una reforma fiscal global

En cuanto a los impuestos, que es la piedra angular de cualquier programa económico, se incluye lo pospuesto en esta legislatura: una reforma fiscal global. Alguna de esas medidas ya se han activado, como la tasa a las transacciones financieras, el impuesto a las grandes fortunas o la subida de los tipos máximos del IRPF. El acuerdo se propone que el ingreso del Estado pase del 42,6 por ciento del PIB actual, es decir de todo lo que ingresa el país, al 48 por ciento, que es la media de la Unión Europea. Los ingresos públicos son el dinero que se dedica entre otras cosas para hacer política social y de fomento de la economía. Los países menos desarrollados de Europa son los que tienen menos ingresos del Estado y los desarrollados los que tienen más. El acuerdo da dos pistas bastante obvias para un gobierno progresista: aumentará la progresividad (significa que cuanto más rico sea uno más alto será su tipo impositivo, algo que figura en la Constitución, aunque la derecha no lo invoque nunca) y se apoyará fiscalmente tener hijos.

El acuerdo hace referencia a la banca, pero con medidas poco atrevidas para un sector que, tras ser rescatadas unas entidades o beneficiadas por el rescate otras, lleva tiempo ya llevándoselo crudo a la vez que el servicio al cliente de a pie empeora de forma manifiesta.

Beneficios récord

En los nueve primeros meses de 2023, los cuatro grandes bancos españoles han ganado de media un 23% más. El pasado 25 de este mes se conocieron los resultados del Banco Santander. Y ponen los pelos de punta: 8.143 millones de beneficios. Una vez pagados los impuestos. Supone un récord, nunca antes lo había conseguido entidad alguna. Es un 11 por ciento más que el año anterior. El primer grupo financiero español es una multinacional que tiene negocios bancarios en muchos otros países. España no es donde tiene un negocio más grande, pero sí donde el Santander ganó más dinero: 1.854 millones en esos nueve meses, un 68 por ciento más que el año anterior.

¿Qué ocurrió para semejante crecimiento? Pues que el banco repercutió a sus clientes hipotecarios y otros prestatarios la subida de interés que aplicó el Banco Central Europeo, que se triplicó en un año, y apenas tocó el interés que da a los clientes por sus depósitos. Así, el margen de intereses subió como la espuma, un 56 por ciento. Es la diferencia entre el interés total que cobra el banco por los créditos que concede y el interés que paga el banco por el dinero que le prestan, sobre todo los clientes. Se da la circunstancia de que los créditos solicitados al banco bajaron, especialmente las hipotecas, porque el interés de estas subió con fuerza.

El 31 de octubre, el grupo BBVA hizo pública su cuenta de resultados trimestral con un beneficio neto de 5.961 millones de euros, lo que equivale a un incremento del 24,3% respecto al mismo periodo del año anterior.  Tres días antes se conocieron los números de CaixaBank: un beneficio neto de 3.659 millones de euros entre enero y septiembre pasados, cifra que mejora en un 48,2% el resultado del año anterior. El Sabadell, el cuarto de los grandes bancos españoles, cerró los tres primeros trimestres del año con un beneficio neto atribuido de 1.028 millones de euros, un 44,9% más que en 2022, y logra el mejor resultado de su historia.  ¡Es el negocio, amigos!

El pasado día 25 de octubre se conocieron los resultados del Banco Santander en los nueve primeros meses del año. Y ponen los pelos de punta: 8.143 millones de beneficios. Una vez pagados los impuestos. Supone un récord, nunca antes lo había conseguido entidad alguna. Es un 11 por ciento más que el año anterior. El primer grupo financiero español es una multinacional que tiene negocios bancarios en muchos otros países. España no es donde tiene un negocio más grande, pero sí donde el Santander ganó más dinero: 1.854 millones en esos nueve meses, un 68 por ciento más que el año anterior.