En una nota hecha pública a las doce de la noche, la Asociación Profesional de la Magistratura ha denunciado, copiando literalmente el argumentario lanzado por el PP en las últimas horas, “el principio del fin de nuestra democracia” si el Congreso de los diputados sacase adelante una ley de amnistía para los imputados y condenados por el procés. Entre exigencias de respeto a la sagrada separación de poderes, la asociación mayoritaria de jueces presiona al Parlamento en el que se representan las mayorías políticas salidas de las urnas para tratar de condicionar su trabajo. Es decir, denuncian al poder legislativo ante la posibilidad de que ejerza como tal. Como si de un mitin del PP o Vox se tratase, quienes representan a la mayoría de jueces de este país van más allá y aseguran en el comunicado que el actual Gobierno no tiene ética ni principios. Recordemos que quienes representan a los jueces están dictando una sentencia política sin que se conozca a esta hora el contenido del proyecto de la posible ley de amnistía ni los términos en los que ésta se llevaría a cabo.

A la hora en la que se escribe esta pieza, los últimos artículos compartidos en la red social X de la APM son publicaciones de OkDiario, Voz Populi y Libertad Digital, medios afines a la ultraderecha, algunos financiados con dinero de la caja B del PP, y todos regados con publicidad institucional, pese a su afición a publicar bulos y mentiras. Aunque en el juicio al procés quedó probada la ausencia de violencia durante las protestas y concentraciones sucedidas en Cataluña durante octubre de 2017, la APM habla en su comunicado de “graves acontecimientos” y se atreve a establecer un paralelismo entre éstos hechos y el terrorismo de ETA.

La ley de amnistía que aún se desconoce es, para esta asociación de jueces, una herramienta con la que desmantelar el Poder Judicial. Obvia en su comunicado la APM que, como toda ley, esta que tanto los autores del comunicado como los ciudadanos aún desconocemos, tendrá que superar todos los trámites legales para su aprobación. Entre ellos, el visto bueno de un Tribunal Constitucional al que no se menciona en el comunicado. No es de recibo que el poder político exonere de responsabilidades penales juzgadas en los tribunales, señala un durísimo comunicado que no hace referencia a los miles de indultos concedidos por Gobiernos del PP. Quizá porque no existió un comunicado como este en aquellos casos.

Tampoco hace referencia la APM a la inconstitucional situación que vive España desde hace cinco años por el bloqueo del Partido Popular a la renovación del Gobierno de los jueces. Cabe recordar que la actual presidenta de la asociación mayoritaria de jueces, la magistrada María Jesús del Barco, ha mostrado en lo personal un marcado perfil político. Antes de acceder al cargo, era habitual verla en sus redes sociales enfrentándose al Pablo Iglesias que denunciaba la ya constatada operación de las cloacas contra rivales políticos por parte del PP; también culpando a Irene Montero de las consecuencias de la ley del solo sí es sí o señalando al PSOE como culpable del bloqueo al que el PP somete al CGJP. Su antecesor en el cargo, Manuel Almenar, es conocido por ser amigo personal del líder del PP Alberto Núñez Feijóo.

Si hay algo que destruya la separación de poderes no es, precisamente, que el poder legislativo pueda legislar sometiendo sus decisiones a los cauces marcados por la ley, sino que sea imposible diferenciar un mitin del PP de un comunicado de la asociación mayoritaria de jueces.