El acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts, el pacto previo alcanzado con ERC y la ley de amnistía, finalmente presentada este lunes, son un ejemplo de cómo la política puede llegar a desatascar los conflictos, aceptándolos al tiempo que limita su alcance. Con cesiones evidentes por ambas partes, que han soliviantado a sus sectores internos más inmovilistas, se trata de una serie de acuerdos que resultan especialmente valiosos por poner de manifiesto en qué consiste la política democrática. Incluso en el que ha sido el texto más contestado, el firmado en Bruselas entre PSOE y Junts, se reconocen las diferencias entre proyectos políticos distintos, asumiendo de fondo, con naturalidad democrática, la pluralidad inherente a cualquier sociedad. Y desde ese reconocimiento explícito de la posición de cada cual, se expresa la voluntad de acordar hasta donde sea posible, mientras los desacuerdos quedan sujetos al respeto de la Constitución y el ordenamiento jurídico vigente. Esta voluntad queda sólidamente aquilatada en la Proposición de Ley Orgánica presentada, donde el poder legislativo toma la responsabilidad de afrontar un conflicto político que, precisamente por respeto a la división de poderes, se reconoce como “la mejor vía” para abordarlo. 

La lógica bélica de considerar al otro un enemigo que te sobra, al que no se escucha o al que solo quieres derrotar, queda así descartada. Podríamos decir, proponiendo para la política un término mellizo al que hoy domina la discusión jurídica, que se rechaza la politfare como forma de encarar las diferencias.

El texto hecho público resulta especialmente valioso por poner de manifiesto en qué consiste la política democrática

Más allá de que toda Constitución y toda ley ha de ser cuestionada en democracia, en lo que supone una sana discusión crítica incesante, capaz de renovar y mejorar tanto los pactos políticos fundamentales como los coyunturales de una comunidad, el respeto a las leyes vigentes en cada momento marca el terreno de juego de los partidos en democracia. Con la firma de estos acuerdos, y con la reacción exacerbada del nacionalismo español más ultramontano, quienes ahora se arriesgan a situarse fuera de esas fronteras son aquellos que deslegitiman como dictadura a un Gobierno elegido en las urnas, o que incluso alientan un alzamiento nacional desde las calles, mientras amenazan con “devolver golpe por golpe”, todo ello con el apoyo de sus redes judiciales, policiales, eclesiásticas y oligárquicas.

La exquisita técnica legislativa de la ley presentada nombra múltiples antecedentes, tanto en nuestro país como especialmente en el ámbito europeo, con la intención de blindar la propuesta ante el Tribunal Constitucional. En el ámbito de la teoría política podemos acudir a precedentes más lejanos, pero fundamentales, como son los que acaecieron en las primeras experiencias democráticas en la antigua Atenas. 

Nicole Loraux, Mogens Hansen o Julia L. Shear cuentan en profundidad y detalle cómo, tras el segundo de los golpes oligárquicos que sufrió el régimen democrático ateniense durante el final de la guerra del Peloponeso, en el año 403 antes de nuestra era (a.n.e.), los demócratas que lograron restaurar la democracia decidieron reconstruirla a partir de dos medidas principales, la amnistía y la creación de un cuerpo legislativo estable. Su intención, tras años de guerra (warfare) contra Esparta, que imprimió la lógica del enfrentamiento amigo-enemigo también en el interior de los Muros Largos, fue dotar de una protección duradera a la política entre distintos.

Para ello promulgaron una amnistía a los oligarcas que en el 403 a.n.e. habían colaborado con el cruento régimen de los llamados Treinta Tiranos. En este golpe, que contó con el soporte espartano, se había ejecutado a unos 1.500 ciudadanos. Únicamente quedaron fuera de la posterior amnistía los cabecillas y magistrados que ordenaron estos asesinatos. Para el resto se articuló una amnesia u olvido parcial sobre el que sobrevolaba, al mismo tiempo y como bien señala Loraux, el recuerdo, cada vez que se musitaba la palabra demokratía, de la victoria final del demos.

La amnistía del 403 se complementaría con unos juramentos colectivos, unos rituales y unos monumentos que buscaban restaurar la unidad de la polis a partir de un relato común. Según expone Shear, lo sucedido en el golpe pasó a ser narrado como obra y responsabilidad principal de una potencia extranjera, Esparta. Por eso a los muertos en aquella contienda fratricida se los honró como caídos de guerra. Los atenienses habían aprendido que no podían seguir considerando como enemigos a los compatriotas derrotados que habían simpatizado con los oligarcas, pues ello alimentaría fatalmente de nuevo la stásis, el enfrentamiento civil. Los antiguos partidarios de la oligarquía fueron así reconocidos como miembros políticos plenos, es decir, ciudadanos, del demos ateniense.

Pocos años antes, en una situación parecida tras derrotar al primer golpe oligárquico de los Cuatrocientos en el 411 a.n.e., los demócratas de Atenas actuaron de otra manera. Se optó por una serie de juicios a los líderes oligarcas que se alargaron varios años, manteniendo la tensión. El buen ciudadano ateniense, explica Shear, se definió a partir de los juramentos impresos en las estelas del Ágora como aquel capaz de eliminar tiranos y oligarcas. La lógica bélica de la politfare, es decir, de la política comprendida como guerra, continuaba guiando las maneras de afrontar el conflicto interno de la ciudad. A juicio de esta autora, a la vista de que el golpe se reprodujo poco después, esto se leyó como un error.

Además de perfilar mejor un relato de unidad y de precisar el alcance de la amnistía, en el 403/2 los atenienses reconocieron que algunas de las decisiones tomadas por la Asamblea hacia el final de la guerra fueron erróneas. Se asumió que las decisiones asamblearias a veces se precipitan bajo la influencia de las pasiones o los juegos argumentativos de los demagogos. Se reflexionó sobre el ilimitado poder de cada reunión en la colina de Pnyx, sede de la Asamblea, lo que contrastaba con la fragilidad de un ordenamiento legislativo capaz de ser desmontado a la mínima. Necesitaban así un cuerpo de leyes escritas, se dijeron, que se distinguiera de los decretos de la Asamblea y que estableciera un campo de juego más estable de lo político.

A la vez reforzaron el sustento popular del régimen, introduciendo el pago por la asistencia a la Asamblea. Como resultado de estos ajustes, la democracia gozó de buena salud durante varias décadas, casi hasta finales del siglo IV, cuando fue derrotada por la conquista militar de Macedonia.

La demokratía de Atenas nos enseña las posibilidades de renunciar a las lógicas bélicas de la política

¿De qué manera nos ayuda a nuestras tribulaciones actuales volver sobre estos hechos de finales del siglo V a.n.e.? ¿Qué podemos aprender de aquella exitosa reunificación de la polis en torno a la amnistía? A mi entender, la pionera demokratía ateniense nos enseña las posibilidades de renunciar a las lógicas bélicas de la política, aquello que he ensayado a denominar politfare. Y a la vez, nos estimula a pensar sobre los límites del perdón político colectivo.

En España, más allá de la amnistía fiscal a los grandes defraudadores que llevó a cabo el Gobierno del PP sin apenas oposición social, tenemos un ejemplo central de amnistía política y judicial en la Transición, cuando se perdonaron los crímenes de los jerarcas y torturadores del franquismo. Esta se concedió a la vez que se dejaba libres a quienes habían luchado frente a la dictadura. El ejemplo ateniense nos muestra que podía ser razonable amnistiar judicialmente a los millones de cómplices necesarios que tuvo el sangriento régimen fascista entre la ciudadanía, pero no tanto a sus líderes y verdugos. El que hoy siga presente la stasis en nuestro Estado, revitalizada estos días a partir de la presencia de una extrema derecha que se reclama a los cuatro vientos heredera del franquismo, seguramente algo tiene que ver con la excesiva amplitud de aquella amnistía.

En el caso del proceso soberanista, por grave que fuera la unilateralidad del independentismo frente al ordenamiento jurídico vigente, y por grave que también fuera la actuación de las fuerzas de seguridad contra la ciudadanía que votó aquel 1 de octubre, no hubo que lamentar víctimas mortales. La amnistía puede por tanto moverse en otro terreno, por mucho que jueces como García Castellón años después traten de teñir de manera surrealista de terrorismo las acciones de entonces. No debiera ofender así que la amnistía incluya tanto a los líderes políticos como a servidores públicos o a tanta ciudadanía implicada. No cuando además se firma desde ERC y Junts la vuelta a la senda constitucional en sus demandas.

Ciertamente, cada cual hubiera escrito de manera diferente el relato que enmarca el acuerdo entre el PSOE y Junts. En mi caso habría sido más contundente a la hora de denunciar las inadmisibles prácticas de lawfare que, como en otros países, también tienen lugar en nuestro país. Es una mala praxis jurídica que, como la politfare en el caso de la política, hemos de denunciar. Pero tal relato no es una letanía que vaya a recitarse periódicamente como un juramento ateniense de reconciliación, tan solo estamos ante un fugaz compromiso menor. Mayor peso y permanencia tendrá la ley presentada, que alcanza un relato mucho más consensual. Los acuerdos en cualquier caso tampoco impide que sigamos discutiendo relatos que consideremos más adecuados, en mi caso como se ve hubiera sido más crítico con la ley de amnistía de 1977. Tampoco es obstáculo para seguir deliberando públicamente sobre la mejor manera de garantizar la igualdad económica entre las distintas clases y regiones del Estado en lo que es una gran oportunidad de mejora institucional e identitaria en clave plurinacional. 

La quiebra bélica de la política impide sin embargo lo que tendría que ser motivo de celebración. La dirigencia del Partido Popular, que durante agosto y septiembre contactó con Junts al más alto nivel para lograr sus apoyos, hoy muestra una vez más su escasa altura ética y democrática. Peligrosamente aliados a Vox, ambas derechas han puesto en marcha una estrategia divisoria de la sociedad de inciertas consecuencias. Los disparatados escuadristas de Ferraz dan cuenta de un sustrato popular de pesadilla que, aunque nos pueda parecer ridículo, nos recuerda también a las peores descripciones del enajenamiento fascista del siglo pasado.

El nacionalismo español, sobre el que tan poco se reflexiona en medios o ámbitos educativos, el revanchismo y la venganza propios de estas situaciones, los saltos mortales de un PSOE que de manera catastrófica se unió en 2017 a la estrategia punitiva del PP, o las legítimas dudas que puede despertar la negociación en Bruselas de un nuevo Gobierno con un prófugo de la justicia, han provocando el desconcierto de mucha gente no necesariamente alineada con las derechas insurrectas. Y a esto habría que atender con claves particulares, aterrizando el debate sobre una ley que además de legislativa, está políticamente bastante bien construida. 

PP y Vox han puesto en marcha una estrategia divisoria de la sociedad de inciertas consecuencias

El otro día en un partido de fútbol Isco, aquel jugador del Betis que fue de los pocos de la Liga en apoyar a la selección femenina en el caso Rubiales, iba a tirar un penalti que habían cometido sobre él. Y aunque cada gol marcado supone un alza en su cuenta corriente, decidió ofrecer el balón a un compañero, Nabil Fekir, que venía de varios meses de lesión. En este gesto sencillo, que ha gozado del aplauso popular, podemos encontrar la conducta de base que nos falta hoy en la política a todos los niveles. Las izquierdas en torno a Sumar, Podemos e IU, sin excepción, andan cometiendo múltiples errores fruto de encarar el tablero político con una mirada bélica, una politfare desde la que apuntan inmisericordes incluso hacia lo más cercano. No extraña por tanto que cuando alguien logra un gesto inusual en nuestra escena parlamentaria, como es el de lograr esta serie de acuerdos sobre el conflicto político en Catalunya, veamos cómo desde las derechas se lancen con todo en su contra. De manera cínica, estoy seguro de que muchos lo leerán como lo lógico en política desde su posición. 

Sin embargo, esta sobrerreacción del PP y Vox supone una enmienda total a la política, la generosidad y la reconstrucción pacífica de un país que estuvo a punto de romperse en añicos hace apenas seis años. Visto lo visto, vamos a necesitar mucho más que este pacto para volver a transitar con cierta unidad asumiendo respetuosamente, e incluso celebrando, la pluralidad irreductible que nos conforma. Más nos vale acertar con los profundos ajustes que han de complementar esta amnistía, pues en medio de una emergencia climática ante la que cualquier adjetivo ya se queda corto, lo último que necesitamos es seguir enredados en el asunto de las banderas, los himnos y las naciones. Perder justamente ahora el tiempo, dañando los vínculos sociales de esta manera cuando más los necesitamos, resulta literalmente imperdonable.

Así lo juzgará la historia, si es que finalmente algo queda.